El Cabildo de Lanzarote presidido por Pedro San Ginés ha destacado que el secretario de la Corporación insular declaró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que, en su opinión, “no sería necesaria autorización judicial” para adoptar la incautación de la planta desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento de Montaña Roja a Club Lanzarote.

En un comunicado, el Cabildo hizo público buena parte del contenido de la declaración del secretario de Corporación insular en el Juzgado, imputado por presunta prevaricación, y destacó que Perdomo “ratifica en sede judicial los argumentos esgrimidos por Pedro San Ginés para la adopción de la medida cautelar contra Montaña Roja”.

Así, desde el Cabildo se insistió en que Perdomo “ratificó en su declaración” en sede judicial “lo que el presidente de la primera corporación insular, Pedro San Ginés, ha venido manifestando públicamente a lo largo de los últimos meses en torno a la consulta previa realizada a la Secretaría General del Cabildo sobre la posibilidad de proceder a la incautación provisional de la planta desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja en Playa Blanca”.

Perdomo explicó que “en materia de aguas no es necesario informe jurídico previo escrito” y que “la ley no impone un informe jurídico previo para la adopción de la medida cautelar de incautación de las instalaciones que se adoptó”, así como que “tampoco” el secretario “está obligado a hacerlo”.

Desde el Cabildo se subrayó que Perdomo también ratificó lo manifestado por Pedro San Ginés referente a la consulta realizada al explicar que “previamente a la adopción de la medida cautelar, el presidente del Consejo insular de Aguas le pidió su opinión”.

Asimismo, Perdomo declaró que indicó al presidente del Cabildo que, a su juicio, “las instalaciones, depuradora y desaladora, al estar dentro de un plan parcial con proyecto de reparcelaciones aprobado, tenían carácter de dominio público, de dotación pública, y que si efectivamente se estaba desarrollando una actividad sin título habilitante lo que procedía era la apertura de un expediente sancionador dirigido a la recuperación del dominio público, y procedería como consecuencia del expediente una clausura de esa actividad ilegal”.

Sobre la incautación

Respecto a la incautación, el Cabildo destaca que Perdomo corroboró que San Ginés le preguntó si se podría incautar, manifestando el propio Perdomo que “en el marco de entender que esas dotaciones lo eran de dominio público, se podría incautar la prestación del servicio” y que tras comprobar la clasificación urbanística de las parcelas que ocupan la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, “estas dos parcelas están calificadas como bienes de dominio público”. Igualmente, explicó que dijo al presidente del Cabildo “que si era una actividad de venta a terceros sin título habilitante y, tratándose de una dotación pública, cabía la clausura de las instalaciones como medida establecida en la propia ley”.

Autorización judicial

En el comunicado del Cabildo se subraya que Perdomo consideró “que no era necesaria la autorización judicial para la entrada en las instalaciones en Club Lanzarote porque entendía que era una maquinaria que no constituía domicilio de una persona”. “Este argumento”, incide el Cabildo, “coincide con el criterio, en primera instancia, de la Fiscalía”.

La opinión que “vincula”

Sobre el informe jurídico por escrito solicitado con posterioridad al letrado Ignacio Calatayud, Perdomo adujo que Pedro San Ginés le pidió “que emitiera su propio informe por escrito y le entregó el de Ignacio Calatayud”. En este apartado, el Cabildo recuerda que San Ginés “siempre ha mantenido que la opinión jurídica que le vincula es única y exclusivamente la del secretario general de la Corporación y éste ha declarado en sede judicial que, al ser preguntado por el presidente del Cabildo si ratificaba el contenido, manifestó que sí porque lo consideraba fundado en derecho”.

Reuniones con Club Lanzarote

El secretario también confirmó que “hubo reuniones previas a la incautación en el Cabildo” con la empresa Club Lanzarote y que asistió a la primera de ellas en la que hubo un intento “de llegar a un entendimiento entre el Consejo y la empresa para evitar que siguieran vendiendo agua terceros y la posibilidad de que el día que hubiera caudal y llegar a las redes, se surtiera a la urbanización de agua pública” a lo que la empresa “decidió consultarlo con los administradores de Palma de Mallorca y que darían una contestación”.

También explicó que “hubo otras reuniones a las que no acudió” y que ignora su contenido, aunque, según subraya el presidente del Cabildo de Lanzarote en el comunicado, “ninguna de esas reuniones dieron los resultados esperados con lo que no quedó más remedio que proceder a la incautación”.