España enfrenta una crisis sin precedentes con la ocupación ilegal de viviendas, un problema que no deja de crecer desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Su Gobierno, apoyado por Podemos y Sumar, ha puesto más trabas a los propietarios que a los okupas, generando una sensación de inseguridad y descontrol en miles de ciudadanos.

Las cifras son escandalosas: más de 4.000 viviendas ocupadas en Canarias desde 2018, un 76% más que en los siete años de gobierno del Partido Popular. Solo en 2024, se han registrado 663 okupaciones en las islas, lo que equivale a 55 viviendas ocupadas al mes, o una cada 13 horas. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales.

La okupación ya no es un fenómeno aislado. Ahora, redes organizadas alquilan ilegalmente viviendas ocupadas, expulsan a propietarios legítimos e incluso aprovechan el ingreso hospitalario de ancianos para tomar sus casas. La ley, en lugar de proteger a los dueños, parece diseñada para favorecer a los okupas.

El PSOE y sus socios han impulsado un marco legal que paraliza la acción de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad. En Canarias, los desahucios tardan una media de 23,5 meses. ¡Casi dos años para recuperar una propiedad! Mientras tanto, los okupas pueden empadronarse, acceder a ayudas públicas y gozar de derechos sobre una vivienda que no es suya.

Para frenar este problema, el Partido Popular presentó hace más de un año una Ley Antiocupación que incluía desalojo en 24 horas, penas más duras y prohibición del empadronamiento para okupas. Sin embargo, el Congreso, controlado por PSOE y Sumar, bloquea su tramitación. Está claro que Sánchez no quiere acabar con la okupación, sino protegerla.

Ante la pasividad del Gobierno, los ciudadanos han empezado a organizarse. En municipios como Tacoronte, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, vecinos han formado brigadas para impedir nuevas okupaciones. La confianza en el Estado se ha desplomado: los ciudadanos sienten que están indefensos ante quienes toman sus viviendas ilegalmente.

Sin embargo, en Arrecife se ha visto un enfoque diferente. Su alcalde, Yonathan de León, ha tomado medidas firmes contra la okupación, demostrando que con voluntad política se pueden recuperar viviendas y garantizar la seguridad de los propietarios. Es un ejemplo de que el problema no es la falta de soluciones, sino la falta de decisión del Gobierno central.

La okupación no es un problema de vivienda, es un problema de delincuencia. Defender la propiedad privada y la seguridad no es una cuestión ideológica, sino una obligación del Estado.

Pero Pedro Sánchez y su Gobierno han elegido el bando de los okupas. Mientras tanto, miles de familias ven cómo sus viviendas son invadidas sin que nadie haga nada.

España necesita una respuesta firme y urgente. Es hora de decir basta y exigir un cambio de rumbo antes de que la okupación siga destrozando barrios, familias y la seguridad de todos.

* Consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa