El secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, declaró en el Juzgado imputado por prevaricación que “no hubiera adoptado la medida que adoptó el presidente del Consejo Insular de Aguas” de incautar la planta desaladora de Montaña Roja por venta ilegal de agua a terceros “sin contar con un informe jurídico escrito previo”.

Perdomo señaló que, si hubiese estado en el “lugar” del presidente Pedro San Ginés, “hubiera estado respaldado por informes jurídicos escritos previos” a la incautación, que se produjo en septiembre del año pasado como medida cautelar dentro de un expediente sancionador.

No obstante, el secretario del Cabildo, que también lo es del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua, insistió en su declaración que “en los expedientes sancionadores no es necesario un informe jurídico previo” por su parte, y añadió que “en materia de aguas no es necesario informe jurídico previo” por escrito.

Así, Perdomo defendió que “la ley no impone un informe jurídico previo para la adopción de la medida cautelar de incautación de las instalaciones que se adoptó” y que tampoco estaba, como secretario del organismo, “obligado a hacerlo”.

Perdomo sostiene en el Juzgado que no era necesario informe jurídico previo pero que en el “lugar” del presidente lo hubiera pedido

Además, durante la declaración en el Juzgado el secretario del Cabildo consideró que “no era necesaria la autorización judicial para la entrada en las instalaciones de Club Lanzarote”.

Perdomo reconoció que antes de concretarse la incautación de la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento a la empresa Club Lanzarote, el presidente le pidió su opinión a raíz de los avisos por “venta ilegal” de agua en la urbanización por parte del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común, con advertencia de “acudir a los tribunales”.

“Se podría incautar la prestación del servicio”

El secretario admitió que le indicó al presidente del Cabildo que, a su juicio, las instalaciones “tenían carácter de dominio público” y que “si se estaba desarrollando una actividad sin título habilitante lo que procedía era la apertura de un expediente sancionador dirigido a la recuperación del domino público” y la “clausura de esa actividad ilegal”.

El secretario del Cabildo insiste en que no era necesaria autorización judicial para efectuar la incautación de la desaladora a Club Lanzarote

Perdomo señaló que San Ginés le preguntó “si había alguna medida para paliar” el posible desabastecimiento de agua a los 6.000 vecinos de la urbanización. El secretario le respondió, “con todas las reservas que supone un informe verbal”, que “conocía sentencias” que “hablaban de la requisa temporal por parte de la Administración” y de “intervención de empresas productoras y distribuidoras de aguas”.

En concreto, según Perdomo el presidente le preguntó “si se podría incautar” y el secretario le repitió que al entender que las dotaciones de Montaña Roja eran de dominio público, “se podría incautar la prestación del servicio”.

Reconoce un “asesoramiento previo verbal”

Perdomo reconoce que asesoró de forma verbal al presidente pero destaca que fue en una “única ocasión y por breve espacio de tiempo”

El secretario del Cabildo, a pesar de que manifestó que el “asesoramiento previo verbal” antes de la incautación efectivamente se produjo, matizó que lo hizo en una “única ocasión y por breve espacio de tiempo”, así como que no creía que con su asesoramiento “estuviera formando la voluntad del presidente”.

Además, Perdomo aseguró que supo “a posteriori” la opinión jurídica sobre la intervención en Montaña Roja “que le había dado” el abogado externo Ignacio Calatayud al presidente. En cualquier caso, subrayó que “nadie le requirió para que realizara un informe jurídico” para la incautación de la desaladora a Club Lanzarote.

“No tuvo nada que ver” con las resoluciones

El secretario del Cabildo aseguró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife el pasado viernes que no redactó ni la resolución en la que se decidió la incautación de la desaladora ni la resolución en la que se transferían las instalaciones del Consorcio del Agua a Canal Gestión, como concesionaria del ciclo integral del agua, para que las explotase. De hecho, añadió que “no tuvo nada que ver” con la resolución y que tampoco tuvo “ningún conocimiento de la ejecución” de la incautación.

A preguntas de su abogado, Perdomo recalcó que cuando el presidente le Cabildo le llamó para analizar la situación de Montaña Roja no le expuso los “concretos cargos por los que se incoaba el expediente sancionador” y que las infracciones “las conocía después de redactarse” la resolución en la que se acordó la incautación de la desaladora. Con respecto al expediente sancionador, del que era secretario, su “única función” era “dar fe de lo que realizara el instructor”, agregó.

Asumió “íntegramente” el informe de Calatayud

Unos once días después de la incautación, el letrado Ignacio Calatayud firmó un informe jurídico avalando y justificando la medida. Perdomo señaló que el presidente le pidió “que emitiera su propio informe por escrito” y que le entregó el de Calatayud. Al considerarlo “fundado en Derecho”, realizó una diligencia y lo firmó, al asumir “íntegramente” su contenido.

Más detalles

CLAUSURA. Perdomo reconoció que en una sesión del Consejo Insular de Aguas de abril de 2011 indicó que “la medida de clausura” de la desaladora “debía adoptar el Gobierno de Canarias, pero matizó que se refería “al cierre definitivo, no a una medida cautelar”.

CALATAYUD. El secretario del Cabildo dijo que desconocía “la forma en que se realizó la tramitación del expediente de contratación” a Ignacio Calatayud para el asesoramiento de la incautación y que si es un contrato menor, le corresponde a la Intervención y al presidente.