-Se cumplen dos años de la pandemia, que ha sido durísima para Lanzarote en particular, porque vive del turismo y de la conectividad aérea. Aunque se ha recuperado empleo, la Isla sigue estando a la cabeza en desempleo en Canarias. Usted solicitó al Gobierno de Canarias planes para la recuperación económica de Lanzarote y Fuerteventura, que no han llegado de forma específica.

-Efectivamente, Lanzarote y Fuerteventura fueron las islas que más sufrieron el impacto de la pandemia y esto condujo a una situación económica sin precedentes en la historia reciente. Desde el punto de vista económico, siempre hemos aportado mucho más al conjunto del territorio canario que aquello que hayamos podido recibir. Los últimos indicadores de empleo son los mismos a los meses previos a la pandemia, pero llegados a este punto se requiere de un análisis más allá de los datos. Hay que valorar qué tipo de empleo es el que creamos en la Isla y cómo son esas retribuciones, al margen de las medidas gubernamentales, como la subida del salario mínimo o la reforma laboral. Hay que decir que las empresas de Lanzarote han sido de las que más se han beneficiado de las medidas de ayuda del Gobierno de Canarias. Pero tenemos que hacer un análisis y concluir que Lanzarote requiere de un tratamiento distinto, definido por una norma específica que reconozca el modelo que históricamente hemos venido defendiendo, al igual que puede suceder con Fuerteventura.

-¿Con qué objetivo?

-Primero, porque son las islas que más han sufrido por esa dependencia de nuestra principal industria que es el turismo, del que viven única y exclusivamente. Lanzarote apuesta por la protección de su paisaje, por la conservación del territorio, y hacer esos valores compatibles con el turismo. Otras islas han conseguido que en el Parlamento se legisle de forma específica, como con la llamada Ley de las Islas Verdes. En estos dos años y medio de legislatura, la prioridad ha sido afrontar la situación de las familias, garantizar la salud de nuestra gente y recuperar cierta normalidad en la actividad económica, pero debe haber un compromiso más allá con nuestra especificidad.

-En lo que queda de mandato se espera la inyección de ingentes cantidades de fondos europeos para la reconstrucción de la economía tras la pandemia. El Ayuntamiento de Arrecife acaba de presentar un plan para captar 75 millones de euros. ¿Cuáles son las prioridades del Cabildo?

-Nosotros hemos incluido a Arrecife y a todos los municipios de la Isla y además hemos trabajado de forma coordinada con el Gobierno de Canarias. Las líneas estratégicas de Lanzarote no son distintas de las que se plantea Europa como objetivos. Tenemos ejes de acción vinculados, principalmente, a la transición energética. Vamos a utilizar esos recursos para que todos los edificios e instalaciones públicas sean autosuficientes. En Lanzarote se ha podido comprobar el extraordinario esfuerzo que se ha hecho desde la iniciativa pública y me gustaría resaltarlo. Cuando se abrió la posibilidad de implantar parques eólicos, lo hicimos bajo el impulso del Cabildo. Otros no solo ridiculizaron esa posición, sino que además decían que era inviable por eso que le gusta mucho a la derecha: la liberalización del sector. Fue un gran éxito de un gobierno presidido por una socialista, Manuela Armas, y de todo el equipo que la acompañó. Ahora que se van a mover muchos fondos vinculados a energías renovables, es necesario que Lanzarote tenga una planificación. En Fuerteventura están sufriendo una situación terrible, con decenas de parques privados instalados o pendientes de hacerlo de forma desordenada.

“Va a haber una inversión importante en vivienda social en la Isla”

-Su Consejo de Gobierno ha pedido al Gobierno autonómico que no aplique la posibilidad que le otorga la Ley del Sector Eléctrico de Canarias de aprobar un parque eólico o fotovoltaico, ponga lo que ponga el planeamiento y sea cual sea el criterio de las instituciones locales.

-Me opongo frontalmente a que se autorice, en este ámbito de la energía o en otros, infraestructuras de cualquier índole, sin contar con los cabildos, que somos también administración pública de la comunidad autónoma, como se reconoce en el Estatuto. Mire, lo que estamos haciendo, de forma silenciosa, es trabajar con el Instituto Tecnológico de Canarias, para alcanzar una ordenación para hacer compatible la transición energética con el paisaje de Lanzarote y que permita a la actividad económica ser sostenible por sí misma. No nos negamos a la implantación de las plantas fotovoltaicas, por ejemplo, pero no de forma descontrolada, como plantean otros. La norma ahora obliga a que los cabildos se pronuncien y ya pasó el tiempo en que los consejeros del Gobierno decidían desde sus despachos cuestiones que afectan a Lanzarote sin contar con su Cabildo.

-Cuando se convirtió en presidenta, en 2019, uno de los problemas más acuciantes ya era el de la vivienda. Se anunció un Instituto Insular de Vivienda, se asignó 1,5 millones para un Observatorio de la Vivienda en 2020 y en el presupuesto del Cabildo 2021, que está prorrogado, se contemplaron unos 15 millones para adquirir 160 viviendas. ¿Cuántas viviendas se compromete a adquirir el Cabildo antes de las elecciones?

-No se trata solo de un compromiso político, sino de dar soluciones efectivas. En Lanzarote se lleva sin invertir en vivienda pública más de 25 años, es una realidad. Nosotros llevamos dos años y medio, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias. Cuando uno entra en una institución, espera que haya un trabajo previo, que se haya cedido suelo y que se cuente con una estrategia. En este Cabildo no había nada de eso. Este Gobierno de Canarias llevó al Parlamento el Plan de Vivienda, se ha reconocido que Lanzarote está en situación de emergencia habitacional y se ha apuntado a la construcción de 400 viviendas. Próximamente vendrá el consejero [de Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis], para explicar los avances. Va a haber una inversión importante. Arrecife ha cedido suelo y se está licitando el proyecto, Yaiza también ha puesto suelo para vivienda social y hasta el propio Cabildo. También hay suelo en el plan parcial El Quintero de San Bartolomé y Tías lo está tratando de conseguir. No solo se van a construir nuevas viviendas, se van a adquirir edificios, que a lo mejor no están terminados, pero que pueden ser útiles. Nuestro objetivo es que Lanzarote tenga su propia empresa pública que pueda gestionar viviendas sociales, al tener una capacidad de respuesta más cercana, sin entrar en una lucha de competencias con el Gobierno autonómico, sino cooperando.

“No nos negamos a las plantas fotovoltaicas, pero no de forma descontrolada”

-En cuanto a las infraestructuras, se está culminado la ampliación del puerto de Playa Blanca y no hay ninguna otra de las consideradas grandes obras en marcha en Lanzarote. ¿Cuáles son las prioridades del Cabildo y sus reivindicaciones al Gobierno de Canarias?

-En cuanto a los puertos, no solo es el de Playa Blanca, sino que está a punto de adjudicarse la ampliación del puerto de Arrecife. Hay muchos proyectos. Por ejemplo, una red para suministrar de agua al norte de la Isla, de nueve millones de euros. Sin olvidar tampoco las ampliaciones que está experimentando el Hospital Doctor José Molina Orosa, o los centros de salud de Yaiza y Playa Honda. Hay seis millones para construir el colegio de El Quintero en San Bartolomé y se ha culminado el nuevo instituto de Haría. Próximamente, se dará a conocer el Centro de Formación Ocupacional en el municipio de Tías y el centro de formación dual que queremos poner en marcha junto a la Cámara de Comercio... Se ha adjudicado la glorieta de Mácher, una demanda histórica, y se están elaborando proyectos de carreteras, trabajando de forma coordinada, por ejemplo, con la Fundación César Manrique, para zanjar una premisa irreal y malintencionada, alentada por el bloque de derechas con respecto al monumento de César en la cercanía de Jameos, que podría verse perjudicado por las obras en el tramo de Guatiza a Órzola. Ese monumento se va a mantener, como símbolo de la historia de Lanzarote que es. Es decir, la lista de proyectos y de obras es amplia y probablemente no se haya dado a conocer bien.

-La mayoría de islas cuentan con un auditorio y palacio de congresos. Desde el pasado verano el Cabildo dispone de la actualización del proyecto y se encargó también la documentación para que pueda ser declarado de interés insular, para que tenga cabida urbanística en la parcela próxima a la sede del Cabildo. ¿Este proyecto es una prioridad?

-Tengo casi 45 años y vengo escuchando hablar sobre la obra del palacio de congresos le diría que desde los 18 años. El debate se centraba en si el Gobierno de Canarias no nos ayudaba, como si sufriéramos un tratamiento discriminatorio por parte del Ejecutivo regional. A lo largo de los años uno va consumiendo ese discurso y lo hace propio. Cuando llegué al Cabildo, pude comprobar cómo, vergonzosamente, Lanzarote jamás había puesto el suelo a disposición. Era todo una mentira. Cuando se colocaron carteles anunciando la próxima construcción del palacio de congresos, que todos recordarán, era falso. Se adjudicó la redacción de un proyecto sin el suelo necesario para la construcción del mismo. Los que llevaban gobernando Canarias 26 años y, desgraciadamente, la isla de Lanzarote en los últimos 10 años le habían dicho a la gente que el problema que tenían era de financiación, y era falso, porque nunca se preocuparon en hacer lo más importante. Ese es el trabajo que durante este mandato ha hecho el Cabildo de Lanzarote. No quiero ponerme plazos, pero el primer paso es llevar el proyecto a pleno, con el informe necesario, que ya está en manos de los servicios jurídicos, para garantizar el suelo. Y hay capacidad para cofinanciar con el Gobierno de Canarias la construcción de un palacio de congresos.

“El primer paso para el Palacio de Congresos es llevar el proyecto a pleno”

-Uno de sus objetivos al principio de mandato era revisar el concurso y la adjudicación del contrato a Canal Gestión, toda vez que una sentencia obligaba a revisar la licitación. ¿Se han dado pasos al respecto? ¿Se va a subir a los abonados las tarifas del agua, en aplicación del contrato?

-Estamos en eso. Aunque no me gusta usar esa expresión, porque mi obligación es compartir toda la información, son temas muy delicados y no es sencillo. No podemos poner en riesgo algo como es el agua. Si me pregunta, le responderé que mi modelo es público, sin ninguna duda. Ha habido un procedimiento, además de contestado, con una sentencia judicial, pero se requiere, evidentemente, medir los riesgos. Una cosa es lo que uno siente y otra el impacto que puede tener una decisión así desde el punto de vista económico para la Isla. Lo que nadie cuestiona es que quienes decían hace unos años que Canal Gestión iba a resolver todos los problemas del agua, hoy ya no hablan de ello. Con respecto a las tarifas, la situación económica ha sido tan compleja, con tanta gente pasándolo mal, que se están buscando alternativas para que las subidas que corresponda no recaigan en la facturación de los abonados.

“En cuatro años no se puede resolver lo que no se hizo en una década”

-Al contrario que otros cabildos, el de Lanzarote delega el órgano ambiental para planes y proyectos en el Gobierno de Canarias, con el argumento de la “carencia de recursos personales”. ¿Cómo es posible?

-Para que todo el mundo lo entienda, el Cabildo era un caos. Hay que explicar que solo hay cuatro funcionarios que son juristas. De ellos, uno es el propio secretario de la Corporación, otro asume Tesorería, otro asume responsabilidades en el Consejo de Gobierno y otro es el jefe de los Servicios Jurídicos. Esa es la realidad del Cabildo de Lanzarote. Cuando a mí me hablan de asumir competencias y tramitaciones sin tener ni siquiera la casa organizada... Lo que quiero es que los planes salgan. Durante años han descapitalizado la institución, no les ha interesado tener funcionarios. Y no hemos parado de sacar ofertas públicas de empleo, porque para resolver los problemas es necesario contar con personal.

-En esa delegación al Gobierno, usted dice que el Plan Insular de 1991 fue “un hito” pero que han pasado 31 años y hay que actualizar el planeamiento. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Sigue en vigor el contrato con el urbanista José María Ezquiaga, adjudicado en 2007?

-Llevaremos a pleno todo el expediente, la resolución del contrato e información pormenorizada de todo lo que ha pasado hasta este momento con el Plan Insular de Ordenación. Lo ideal es efectuar una aprobación del Plan Insular en su conjunto, por supuesto, pero primero hay que dar soluciones a los problemas que más afectan a la gente, en materia territorial. Insisto, reivindico al cien por cien el modelo del Plan Insular de 1991 y admiro el trabajo que se hizo y el impulso de Enrique Pérez Parrilla. Partiendo de esa realidad, hay modificaciones que son necesarias: en ordenación energética, en dar cobertura a instalaciones ganaderas... Y, desde el punto de vista turístico, hay que contener el crecimiento y tenemos serios problemas en el modelo que Lanzarote defiende ‘ni una cama más’. En materia de movilidad, las infraestructuras justas y necesarias, debemos conservar nuestro paisaje. Me preocupa mucho la protección del Archipiélago Chinijo, donde el equipo liderado por [el viceconsejero] Polo Díaz ha hecho un trabajo importantísimo, y también se requiere un análisis serio de la planificación de La Geria.

-Entonces, en los 15 meses que quedan...

-Un mandato son cuatro años y en ese tiempo no se puede resolver lo que no se hizo en una década, pero si, además, quitas dos años, por la gestión de la pandemia... El contrato del Plan Insular ni siquiera estaba vigente y el trabajo realizado no se puede adaptar a la Ley del Suelo, que aprobaron otros. Tengo muchas ganas y los objetivos claros. Como en todo, uno tiene que centrarse en lo que puede alcanzar. El presente y el futuro de la Isla que queremos lo tenemos muy claro. En materia de planteamiento quizá haya que dar respuesta antes a problemas concretos y el más sangrante es el del sector ganadero.