La nueva normativa del Archipiélago Chinijo corre el riesgo de nacer con una abultada hipoteca. El Ayuntamiento de Teguise se enfrenta a reclamaciones de varios dueños de suelo, principalmente en Caleta de Famara y, en menor medida, en Caleta del Sebo, que han exigido el pago, este año, de un total de seis millones de euros en indemnizaciones.

Cuando el Gobierno de Canarias aprobó en 2006 el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, luego tumbado por los tribunales, se calificaron más de 7.000 metros cuadrados, de ocho propietarios, como zonas verdes o viales, pero no se plantearon convenios para compensarles ni se materializaron las expropiaciones.

El Ayuntamiento rechaza incluir el abono de ese importante montante económico en su presupuesto, con el argumento de que, al haberse anulado la normativa del Parque Natural, decae también la causa que origina las expropiaciones de los terrenos y, en consecuencia, la obligación de afrontar las pretensiones económicas de los propietarios.

Por el contrario, los dueños del suelo consideran que la anulación del Plan Rector del Archipiélago Chinijo, firme desde la sentencia del Tribunal Supremo de hace dos años, no afecta a sus reclamaciones económicas, todas avaladas por la Comisión de Valoraciones de Canarias, el órgano del Gobierno autonómico encargado de fijar el importe de las expropiaciones.

Además, en algunos casos ya hay sentencias que ratifican las cantidades a pagar para que el suelo privado pase a ser de uso público, lo que añade complejidad a un problema latente que amenaza con condicionar la elaboración de la nueva normativa y, de paso, la configuración urbana de Caleta de Famara.

Especialmente, si en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión que tiene que elaborar el Cabildo, que es la Administración que ahora posee las competencias tras su traspaso por el Gobierno de Canarias, se aspira a mantener la misma superficie de suelo de uso público.

Una de las bolsas de suelo de mayor valor, por su ubicación estratégica en el corazón de la localidad costera, entre la avenida El Marinero y el centro sociocultural, es también uno de los principales desahogos visuales en un entorno ya completamente edificado. Se trata de casi 3.900 metros cuadrados, divididos en varios solares, pero en su mayor parte propiedad de empresas vinculadas con el promotor inmobiliario Domingo Rodríguez Cedrés.

La Comisión de Valoraciones de Canarias ha fijado, en sendas resoluciones, de 2016 y 2017, que el Ayuntamiento de Teguise tendría que abonar 2,1 millones de euros que, con los intereses, eleva la cuantía a casi tres millones de euros por quedarse con el suelo para uso público.

No obstante, el Consistorio ha impugnado el segundo de los acuerdos de la Comisión de Valoraciones en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que todavía no ha resuelto la demanda. El Plan Rector calificó como zona verde estos terrenos, que tienen la categoría de suelo urbano consolidado.

El espacio se ha utilizado en ocasiones para el desarrollo de las fiestas del pueblo o para competiciones deportivas. El pasado verano, el Ayuntamiento se topó con la negativa del dueño mayoritario a que se pudiesen usar sus terrenos para actividades lúdicas.

En la misma avenida El Marinero se localiza otra de las piezas del rompecabezas urbanístico que ha dejado el anulado Plan del Archipiélago Chinijo: una parcela de forma triangular, de unos 1.800 metros cuadrados de superficie, cuyos dos propietarios han conseguido que la Comisión de Valoraciones de Canarias fije un justiprecio que suma, con los intereses, más de 1,1 millones, aunque hay un pleito vivo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para incrementar el importe de la expropiación en otros 700.000 euros.

Otra importante bolsa de suelo destinada a zona verde, de más de 1.000 metros cuadrados, en la calle San Borondón, a unos pasos de la playa de Famara, le puede costar a las arcas públicas más de un millón de euros. La Comisión de Valoraciones de Canarias fijó un justiprecio de 632.000 euros, pero los tribunales lo incrementaron en otros 140.000 euros, a los que habría que sumar el pago de los intereses por el tiempo transcurrido, según la reclamación formulada al Consistorio.

Conflicto enquistado

La anulación del Plan Rector del Parque Natural se ha convertido en el clavo al que se ha agarrado el Ayuntamiento de Teguise para evitar el pago inmediato de las expropiaciones. En un informe municipal se concluye que “la nulidad del planeamiento” da “argumentos suficientes”, desde el punto de vista urbanístico, para que también se consideren nulos los expedientes de expropiación. Desde el Ayuntamiento  se extiende esa “nulidad” incluso a las resoluciones de la Comisión de Valoraciones de Canarias.

El conflicto entre Ayuntamiento y propietarios de suelo va camino de terminar en los tribunales. En las reclamaciones al Consistorio se sostiene que la anulación firme del Plan Rector por el Supremo, en diciembre de 2017, no afecta a los derechos indemnizatorios. Su tesis es la siguiente: el Plan se aprobó en 2006 y el Consistorio tenía tres años para iniciar los expedientes de expropiación, pero no lo hizo. “La sentencia del Tribunal Supremo”, señala una de las impugnaciones, es “totalmente inocua” para los justiprecios fijados con anterioridad por la Comisión de Valoraciones de Canarias.