Otras dos sentencias del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria confirman la validez de las órdenes de derribo parcial dictadas en junio de 2013 por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) para catorce casas en la urbanización La Bufona (Arrecife).

Los dos fallos se pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De las catorce casas afectadas, tres no recurrieron, y con estas dos sentencias, ya son ocho los propietarios que los Juzgados de lo contencioso han fallado en su contra.

Los dos recurrentes, Encarnación Hernández y el notario Celestino Mendizábal, alegaban en sus recursos que el suelo donde están realizadas esas obras no es rústico de protección de jable, que el expediente había caducado y que no se inscribió en el Registro de la propiedad la posible ilegalidad de las obras, y que, en todo caso, había sido ejecutada por Brisa Inversiones y no por ellos como compradores. El Juzgado no admite ninguno de sus argumentos.

Los comparadores de las casas alegan que en el Registro de la propiedad no se había inscrito la posible ilegalidad de las obras

La Agencia ordenó la demolición de algunos elementos de 14 viviendas, como pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas, por estar construidas en suelo rústico de valor natural ecológico que, además, no pertenecía la empresa promotora de la urbanización. Las obras son "indudable y manifiestamente ilegalizables".

Además de estas órdenes de demolición, todo el plan parcial está fuera de ordenación, afectado por una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el planeamiento. Los promotores del Plan de La Bufona, Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro, han sido condenados a penas de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.