El Seprona llevó a cabo tres inspecciones en la perrera de Arrecife, una en 2015 y dos en 2017. Esas inspecciones, tras una queja del veterinario municipal, se convirtieron en expedientes abiertos por la propia Guardia Civil contra la sargento del Seprona, Gloria Moreno, que ahora ya han quedado archivados.

En esas inspecciones, la sargento “se limitó” a solicitar documentación, entre la que estaban los libros de registro, según dice la propia resolución del expediente, pero en dicho expediente se le acusaba de aprovecharse de su condición “de manera extralimitativa” y de intimidar al veterinario “para la consecución de sus fines, que son el cambio de modelo de recogida de animales abandonados”.

En la práctica, la Guardia Civil dio más credibilidad a la queja del veterinario que a las denuncias sobre la perrera. Fue cesada durante tres meses como medida cautelar. Dos años después, y con los expedientes archivados, las posibles irregularidades no se han investigado.

La concejal de Podemos, Leticia Padilla, que denunció en 2016 las posibles irregularidades de la perrera, señala ahora que  “la situación no ha cambiado nada”. Dice que el Ayuntamiento “no ha investigado nunca” pero que ella considera que el expediente aún debe de estar abierto porque no se ha resuelto la posible falsificación de los libros de registro.

Asegura que aún no le han entregado la copia de la última inspección realizada. La sospecha sobre la perrera reside en los sacrificios y en los animales que salían, supuestamente, para adopción. Según señala Padilla, entre perros y gatos, hay 1.200 animales que han sido sacrificados sin un informe veterinario que justifique esos sacrificios.

En el vertedero de Zonzamas no hay constancia de que hayan entrado esos cuerpos y el Ayuntamiento nunca facilitó al Seprona los datos sobre la compra de productos en los últimos cinco años para realizar las eutanasias. El Ayuntamiento no contestó sobre la forma en que se sacrificaba a los animales.

Otra de las sospechas no resueltas tiene que ver con la salida de cachorros, en concreto 93, sin que se hubiera cumplido el periodo mínimo de permanencia, sin vacunar y sin chip. También están las cinco denuncias realizadas por la Policía Local por el hecho de que se entregaran perros potencialmente peligrosos a personas que carecían del permiso para tener ese tipo de animales.

En una declaración del veterinario municipal, en junio de 2018, decía que no había sido sancionado, pero sí constan esas cinco denuncias de mayo de 2017 de la Policía, cuya tramitación no se culminó, como tampoco se resolvieron las dudas sobre el destino de los cuerpos.

El veterinario reconocía que, entre febrero de 2012 y julio de 2015, entregaba los cachorros antes del plazo mínimo de veinte días porque se puede reducir por condiciones sanitarias o por la peligrosidad del animal.

Los cachorros menores de tres meses salían sin vacuna ni microchip, ya que consideraba que en la perrera “no estaban bien” y que la identificación no es obligatoria antes de los tres meses, así como que no era necesario inscribirlos en Zoocan (el registro del Gobierno) porque los animales iban a Alemania.

CC también pidió en julio de 2018 que se tramitaran de forma urgente los expedientes ya abiertos sobre la perrera por denuncias de la propia Policía Local y que el Ayuntamiento encargara una auditoría del libro de entradas y salidas de animales, pero no consta que se haya hecho ni que se haya remitido al Gobierno, que puede hacerlo en caso de infracciones muy graves. 

Otra cuestión son las adopciones. Un matrimonio alemán se llevó más de 300 animales cuyo destino era Alemania. El Seprona pidió los números de cuenta donde aparece el dinero de las adopciones pero esa duda tampoco se ha resuelto.

La mujer declaró que ella trabajaba como limpiadora y su marido estaba jubilado y que ellos pagaban los gastos de desplazamiento de los perros, unos 300, a Alemania, y que allí se pagaban las vacunas que ella ingresaba en la cuenta del Ayuntamiento, pero tampoco hay constancia de este hecho.

El veterinario aseguró que fue el Gobierno el que le comunicó que trabajaban con una protectora en Düsseldorf y que son los únicos que tienen una autorización específica del Ayuntamiento, firmada en el año 2000, para trabajar con la perrera.

Las protectoras locales se niegan a trabajar con este matrimonio, que formó parte de la Junta directiva de una de ellas, porque sospechan que puede existir un negocio con estos animales. Los voluntarios Desde 2016 han cambiado algunas cosas. En los libros ya no aparecen sacrificios y tampoco están entrando cachorros.

Pepe Carballo, de la Plataforma de voluntarios de la perrera,  dice que ahora está a menos del cincuenta por ciento de su capacidad, que sigue careciendo de un plan de funcionamiento para los voluntarios y que no se facilitan las adopciones, como han denunciado ya en varias ocasiones.

“La situación sigue igual pero con menos perros”, dice. Asegura que ya no entran cachorros y que se organizan entre voluntarios y asociaciones para las adopciones de perros abandonados. Por otra parte, destaca que se ha paralizado el proyecto de Centro de bienestar animal.