La exjefe de servicio de Instrucción de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) entre 2002 y 2014, Sonia Gómez, ha asegurado este jueves, en el juicio del caso Stratvs que se desarrolla en la Audiencia Provincial, que se recibieron "presiones" por parte del Gobierno de Canarias a la hora de informar sobre las irregularidades de la bodega.

Sonia Gómez afirmó que la técnico Elisa Perdomo, a la que ella encomendó redactar los informes periciales solicitados por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife sobre este complejo bodeguero, y que han dado lugar a la causa penal, "recibió presiones desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario".

Esas presiones comenzaron desde que en la Agencia empezó a conocerse que en los informes periciales se nombraba a algunos responsables de la Consejería de Política Territorial, como el que fuera director general de Urbanismo, Juan César Muñoz, o los técnicos Faustino García Márquez y Armando Villavicencio.

Tal fue así, ha dicho Gómez, que, tras comunicar al por entonces director ejecutivo de la Apmun, Emiliano Coello, estos intentos de "injerencias" en el trabajo que desarrollaba Perdomo, cuyos borradores eran públicos para el personal de la Agencia, el expediente obtuvo un carácter reservado, de forma que dejó de ser accesible en el aplicativo informático interno.

Es más, Sonia Gómez ha afirmado que, dadas las discrepancias internas que suscitó en la Apmun el análisis técnico que se había encomendado a Perdomo, se convocó, en dos sesiones, a la comisión de asuntos jurídicos para examinar esa pericial judicial, algo que no se había hecho nunca antes.

Injerencias para cambiar los informes

Tras esas dos reuniones, tanto el director de la Apmun, Emiliano Coello, como la por entonces jefa de servicio de órganos colegiados y apoyo al director de este ente, Carlota Pérez, concluyeron que Elisa Perdomo "tenía que corregir" sus informes, al entender, según ha manifestado este jueves Pérez que estos documentos constituían "denuncias de posibles vulneraciones de la normativa urbanística" que ellos no apreciaban.

Tanto Carlota Pérez como Marta Rodríguez, quienes elaboraron un contrainforme para contradecir a Perdomo y lo enviaron al Juzgado para que obrara en la instrucción de este caso, han ratificado ante el juez que, a su criterio, el proceso administrativo por el que fue autorizado el complejo bodeguero de Stratvs cumplió con lo establecido y han subrayado que las solicitudes de este proyecto coincidían con las autorizaciones otorgadas, tanto por el Gobierno canario como por el Ayuntamiento de Yaiza.

"Expresamente prohibido"

Uno de los denunciantes del caso Stratvs, el jurista Javier Díaz-Reixa, ha recalcado este jueves ante la Audiencia de Las Palmas que en 2003, cuando comenzó a construirse este complejo bodeguero en La Geria por el empresario Juan Francisco Rosa, la ley prohibía "expresamente" mover tierra en este paraje protegido.

El juicio, que examina las múltiples irregularidades que el Ministerio Fiscal aprecia en la construcción de este complejo, por las que pide 15 años de cárcel para su dueño, e imputa a otras 16 personas, entre ellas antiguos cargos del Gobierno canario como el técnico Faustino García Márquez, ha proseguido este jueves con el testimonio del denunciante y extrabajadores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Ejecutivo regional.

Díaz-Reixa, abogado y miembro de la asociación Transparencia Urbanística, ha manifestado al tribunal que en 2009 denunció estas obras tras examinar el expediente por el que fueron autorizadas por la entonces Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, el planeamiento de Lanzarote y del citado municipio del sur de la isla, además del plan especial del paisaje protegido de La Geria.

"No hubo nada de arrebato. No hacemos nada apresurado ni a golpe de impulso", ha aseverado Díaz-Reixa, quien ha comparecido en calidad de testigo y ha asegurado que su denuncia la hizo "indirectamente, no contra personas en concreto", más allá de Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel.

El denunciante del caso Stratvs ha manifestado que la vivienda que se iba a rehabilitar, según el proyecto autorizado a los promotores de este complejo, "no presentaba problemas", pero sí la ampliación de la que fue objeto, y ha subrayado que el almacén subterráneo de 900 metros ejecutado en "el corazón" de La Geria "estaba expresamente prohibido" por la legislación urbanística vigente.

Preguntado por sus alegaciones al Plan Especial de La Geria, finalmente anulado, Díaz-Reixa ha destacado el "tráfico de influencias" que, a su entender, ejerció el dueño de Stratvs en la tramitación de este documento de ordenación territorial, ya que con escritos remitidos desde Galerías Rosa logró "un sorprendente cambio de criterio de los técnicos del Gobierno canario" que intervenían en este procedimiento.

La defensa del exsecretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), Armando Villavicencio; del exdirector general de Urbanismo del Gobierno canario, César Muñoz, y del exjefe de servicio de este departamento, Faustino García Márquez, ha asegurado que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote permite la construcción de almacenes, una determinación que, según ha puntualizado la fiscal, también afirma que, a la hora de autorizar una construcción de este tipo, "se atenderá a la categoría del suelo" donde se vaya a ejecutar.