La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado por un delito de prevaricación administrativa a la exconcejal Isabel Martinón, y al exinterventor Carlos Sáenz, en la pieza del caso Montecarlo relacionada con las empresas Inelcon y Señalcon. La Fiscalía denunció el expolio de 842.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife.

Martinón, que fue responsable de Hacienda, fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. En cambio, ha resultado absuelta de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la administración.

Por su parte, Carlos Sáenz ha sido condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Sin embargo, la Audiencia ha absuelto a Sáenz de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial, de los que también estaba acusado.

Asimismo, el fallo de la sentencia, hecho público este viernes, confirma la absolución del empresario Carlos Lemes, propietario de Inelcon y Señalcon.

Carlos Sáenz, exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife.

Además, la Audiencia absuelve a los exconcejales Eduardo Lasso, Víctor San Ginés y Alberto Morales, que estaban acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación y fraude a la administración.

Del mismo modo, también ha resultado absuelto el exalcalde y exconcejal de Hacienda, José Montelongo, acusado de prevaricación, malversación y fraude a la administración. Los mismos delitos se atribuían a trabajadores municipales que han resultado absueltos: José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal y Penélope Tabares. A otro trabajador absuelto, Isidro Hernández, se le atribuía prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y en documento mercantil.

Acusación

La Fiscalía sostenía que se produjo una “sustracción de fondos públicos” en el Ayuntamiento a través de las empresas Inelcon y Señalcon, a las que se concedieron "de forma directa y verbal" múltiples contratos entre los años 2008 y 2012 por cuantías que, según la acusación, se fraccionaban para hacerlos pasar por menores y evitar la competencia.

De acuerdo con los cálculos de la acusación, Inelcon y Señalcon facturaron al Ayuntamiento de Arrecife en los contratos objeto de este proceso 3.469.086 y 135.199 euros, respectivamente, importes en los que hay cantidades que suman "un mínimo" de 841.794 euros "que obedecen a servicios no prestados" en realidad a la ciudad, detalló la Fiscalía.

Al exinterventor la Fiscalía le pedía seis años de cárcel, al igual que para el dueño de las empresas, cinco años y medio de prisión para Montelongo, cinco años y tres meses para Isabel Martinón y Eduardo Lasso, y cinco años a los exconcejales Víctor San Ginés y Alberto Morales. Para los trabajadores municipales acusados las peticiones de pena oscilaban entre los cuatro años y nueve meses y los cinco años y tres meses de cárcel.

[Avance informativo]