La Asamblea Extraordinaria del Consorcio Insular del Agua aprobó este lunes, por mayoría, la petición razonada al Consejo Insular de Aguas para la declaración de emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa, amparada en el artículo 107 de la Ley de Aguas de Canarias.

La solicitud, avalada por el informe técnico-jurídico presentado por el Consorcio, fue apoyada por el Cabildo y los ayuntamientos de Arrecife, Teguise y Tinajo, la abstención de Yaiza, y con las ausencias a la Asamblea de los alcaldes de San Bartolomé, Tías y Haría, instituciones presididas por el PSOE.

"Las conclusiones del informe apuntan a las claras que estamos en un momento crítico y que peligra el abastecimiento de agua potable a los lanzaroteños y gracioseros. Ante este escenario se requiere de la clase política actuaciones inmediatas", señaló el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort.

El presidente agradeció la asistencia de los otros cuatro alcaldes a la reunión y “sus aportaciones a las medidas que pueden adoptar los ayuntamientos en materia de ahorro en servicios públicos municipales".

Por su parte, el consejero de Aguas y vicepresidente del Consorcio, Domingo Cejas, lamentó la inasistencia de los alcaldes socialistas "dado que hoy sólo se daba a conocer el informe de la situación crítica por la que atraviesa la isla en materia de aguas y darle traslado al Consejo Insular que es el órgano competente para la declaración de emergencia".

Cejas también resaltó que "todos los alcaldes presentes felicitaron al gerente del Consorcio, Fernando Fernández, por el contenido y la rigurosidad del informe planteado que define a la perfección la situación de emergencia hídrica de Lanzarote y La Graciosa".

Aumentar la desalación

El Consorcio propone que las medidas que se acometan vayan dirigidas al aumento de la producción de agua desalada, a la reducción de las pérdidas en la red de distribución y al fomento del ahorro mediante la restricción del consumo por las administraciones públicas y los ciudadanos.

En el ámbito del ahorro se establecen criterios para limitar el consumo de los usos públicos que prestan los ayuntamientos, como duchas, fuentes, baldeos o baldeos de calles

"La declaración de emergencia hídrica permitirá reducir los tiempos de licitación de obras, acceder a la financiación de diferentes administraciones y agilizar las autorizaciones administrativas y las líneas de subvención", según señala el presidente del Consorcio.

Betancort recordó que "desde el inicio de esta legislatura el Consorcio del Agua ha estado actualizando y redactando nuevos proyectos para la mejora del ciclo integral del agua que contemplan inversiones que superan los 46 millones de euros".

Para incrementar la producción el Consorcio propone dos actuaciones concretas en la Central Desaladora Díaz Rijo: la recuperación del bastidor averiado de 10.000 metros cúbicos por día de la potabilizadora Lanzarote III, así como la rehabilitación del cuarto bastidor de la planta Lanzarote IV con capacidad de producción de otros 6.000 metros cúbicos por día.

Al mismo tiempo, y de forma provisional, se pondrán en marcha los procedimientos administrativos, por la vía de urgencia, para el alquiler de plantas desaladoras portátiles, y se dará un impulso a la ampliación, mejora y sistemas terciarios de las plantas de depuración con destino al sector agrícola.

Pérdidas en red

Para el control y la reducción de pérdidas en la red se establecen actuaciones para la implantación del plan de sectorización y control de fugas, cuyo proyecto ya ha sido redactado por el Consorcio a la espera de su licitación, “al igual que ya está preparado el pliego para la firma de un contrato marco que permitirá reducir a la mitad de tiempo las licitaciones para la ejecución de las obras”.

Según las bases de datos de Canal Gestión Lanzarote, la antigüedad de las redes es una de las mayores deficiencias del sistema pues el 67% de las redes tienen más de 40 años

En el ámbito del ahorro se establecen criterios para limitar el consumo de los usos públicos que prestan los ayuntamientos, “tales como las restricciones en las duchas de playa, fuentes ornamentales, baldeos de calles o riego de jardines públicos”.

En este apartado los alcaldes han planteado que tales restricciones deben afectar lo menos posible a los servicios de limpieza y al mantenimiento de jardines, y expusieron las circunstancias concretas de cada municipio para que esas medidas no supongan un deterioro de las prestaciones a los ciudadanos.

Así, según el Consorcio, los alcaldes presentes plantearon mantener “un servicio adecuado para la limpieza en las zonas de contenedores de residuos” o asegurar “el riego de los palmerales”. "Unas circunstancias de cada municipio que”, según Domingo Cejas, “no tuvieron la oportunidad de plantear los alcaldes de Haría, Tías y San Bartolomé"”.

Se pretende también para los edificios e instalaciones públicas la colocación de economizadores de flujo en los grifos, la reducción del tiempo de apertura de los pulsadores automáticos, que sean de doble descarga, y la reducción de la capacidad de las cisternas, entre otras propuestas.

Asamblea del Consorcio del Agua, este lunes.

Recuperar aljibes y alcogidas

Se propone igualmente la vuelta a la cultura del agua mediante la recuperación de aljibes y alcogidas a través del desarrollo de líneas de subvención y planes de incentivación a la recuperación de los sistemas de almacenamiento privado en casas y edificios. Iniciativas que se verían agilizadas a la hora de la tramitación de los permisos gracias a la declaración de emergencia hídrica.

Una vez se formalice la petición del Consorcio al Consejo Insular de Aguas, entidad competente para la declaración, este órgano, conformado por 36 miembros de todos los ámbitos políticos, administrativos, sociales y económicos, adoptará el acuerdo de declaración de emergencia, previo trámite de información pública por un plazo mínimo de cinco días, mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor circulación de la isla.

Pérdidas del 54% del agua

El informe jurídico-técnico presentado por el Consorcio para amparar la declaración de emergencia hídrica realiza una foto fija de la situación del ciclo integral del agua desde todos los ámbitos, como producción, redes o distribución.

Según se apunta en el documento, hay factores como el aumento de la población de hecho y de la oferta alojativa (que ronda las 100.000 plazas turísticas), o la actual política de soberanía alimentaria, que implica un mayor desarrollo del sector primario, que han incrementado la demanda al tiempo que la producción de recursos ha sufrido un retroceso en los últimos años. “Es vital en tal sentido”, dice el informe, “equilibrar este balance negativo para evitar el desabastecimiento”.

“La sequía meteorológica estructural, con una disminución progresiva de las precipitaciones medias anuales, y las sucesivas olas y episodios de calor fuera de la época estival han agravado la situación”, añade.

Y, como ya se ha hecho público, la red insular no realiza una gestión eficiente pues soporta un nivel de pérdidas globalizadas muy por encima de lo admisible, con valores de ANR (Aguas No Registradas) por encima del 54 por ciento, que afectan al estado de desabastecimiento del servicio.