A principios de año fueron dos chicos senegaleses, de 15 y 17 años. Ingresaron en prisión a pesar de que eran menores de edad porque sus compañeros los señalaron como los patrones de la patera en la que llegaron. Tardaron varios meses en obtener la libertad y fue la Audiencia Provincial quien la ordenó en contra del criterio de la Fiscalía, que incluso pidió su ingreso en un centro de menores.

Las pruebas para que los patrones entren en prisión provisional, o incluso sean condenados, suelen ser endebles. Basta con la declaración de varios testigos protegidos, que viajan en la misma patera y a quienes se ofrece un trato preferencial (que normalmente no se cumple), para armar una acusación y pedir penas de prisión. En muchos casos, cuando sale el juicio, después de uno o dos años en prisión provisional, los acusados acaban aceptando la pena. Pero son mayores de edad.

La entrada en prisión de menores que llegan en patera empieza a no ser una suma de casos aislados. Este mes de octubre ocurría con otros dos menores que habían llegado a Lanzarote y que acabaron ingresados en Salto del Negro con tan solo 15 y 16 años, uno de Gambia y otro de Guinea Conakry, lejos de la edad límite que marca la mayoría de edad.

Llegaron en una zodiac procedente de Guelmin a Puerto Naos el 8 de junio. Eran 46 personas, según el atestado policial: “29 varones adultos, 12 mujeres adultas, tres menas varones (sic) y dos mujeres menores”, procedentes de Costa de Marfil, Burkina Fasso, Guinea Conakry, Gambia, Senegal e incluso Bangladesh.

Los trasladaron a Gran Canaria por falta de espacio en Lanzarote y dos meses después los identificaron como los patrones. A uno de ellos lo nombran dos testigos protegidos como el que llevaba el timón de una embarcación en la que no figuraba. Ese día la Salvamar había recogido a los integrantes de dos pateras, nombradas como la 32 y la 33, y lo identifican en la otra. El atestado de la Policía dice que debió ser un “error de contabilización o, posiblemente, una maniobra de este por eludir su señalamiento por el resto de ocupantes”.

Uno de ellos dijo que tenía 25 años, cuando en realidad tenía 15, pero también dijo en otro  momento que había nacido el 31 de diciembre de 2008, que finalmente era su fecha de nacimiento real, e incluso aceptó en su declaración como investigado que había nacido el 31 de mayo de 2006. Declaró que era mecánico de motos, que no había estado escolarizado y que no sabía ni leer ni escribir. El otro aceptó su fecha de nacimiento como el 1 de junio de 2006, un día después que su compañero, cuando en realidad había nacido el 18 de febrero de 2009. Con esas fechas, a su llegada a Lanzarote, llevaban siendo mayores de edad nueve y ocho días, respectivamente.

En ambos, los análisis radiológicos ofrecían un intervalo de edad entre 16,1 y 19,9 años. Posteriormente, ya ingresados en prisión, sus familias enviaron las partidas de nacimiento que certificaban su minoría de edad. El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife determinó su puesta en libertad a finales de septiembre, también en contra del criterio de la Fiscalía. En un auto de ese Juzgado se afirma que los informes médico forenses que se les hicieron en el mes de julio “no se realizaron con las necesarias garantías para justificar la mayoría de edad de los investigados”.

“Baste con indicar, que en uno de los casos se fijó la edad en 25 años, cuando dicho extremo es ahora descartado totalmente, y respecto al otro caso, se recomendó la realización de la prueba TAC”, añadió el juez. El Juzgado finalmente declaró su minoría de edad, se inhibió de las actuaciones en favor de la Fiscalía de menores “sin que sea admisible demora alguna” y los chicos fueron puestos en libertad. 

Centro Penitenciario de Tahíche. Foto: Adriel Perdomo.

Más casos

Pero hay más casos. Sara Rodríguez ejerce la abogacía en Tenerife y colabora con varias asociaciones de apoyo a los migrantes. Recuerda un menor que estuvo un año en prisión en el año 2021 y dice que “por desgracia, hay bastantes más”.

La casuística es variada para que un menor acabe en la cárcel acusado de ser el patrón de una patera. Puede haber errores en la filiación, como en el caso anterior que se determina mal la edad, o porque se interpreta mal la prueba ósea o por errores en la traducción.  

“No puede ser tan complicado sacar a un niño de la prisión”, señala una abogada

O puede incluso que los menores mientan y digan que son mayores porque no quieren estar en un centro y quieren seguir su ruta migratoria hacia Europa. “Mienten porque son niños, no tienen la madurez suficiente para entenderlo”, señala Rodríguez. Esta falsa alegación de mayoría de edad fruto de la desinformación es aprovechada por los jueces, que “se agarran a esa alegación inicial, y aunque se acredite documentalmente la minoría de edad, todo se reduce a lo que dijeron al llegar”. “El tema va a peor, a veces no nos dejan repetir las pruebas ilegalmente y erróneamente  informadas, y en Juzgados colapsados y con pocos recursos es aún más difícil”, señala.

Incluso puede ocurrir que algunos salgan de la cárcel pero no se les cambie la filiación y siguen constando como mayores de edad. “Es difícil que se refleje la verdad judicial de que es menor, a veces los sacan con excusa de modificación de los supuestos para la prisión provisional y ya está, pero no hay interés en reconocerlo”. Por si pasar por la cárcel como primer lugar al entrar a un país no fuera suficiente, hay más perjuicios para el menor, porque si sigue apareciendo como mayor de edad no puede acceder a la nacionalidad española.

Dice esta abogada que los más jóvenes son los que aprenden antes el idioma, también en prisión, y que incluso hacen de traductores con otros compañeros, pero que es difícil que alguno retome después los estudios por los propios problemas administrativos y penales que arrastran. “No puede ser tan complicado sacar a un niño de la prisión”, señala e insiste en que aunque hubiera indicios de delito, lo cual no sucede en numerosos casos en los cuales se ingresa en prisión provisional y se condena solo en base a testimonios que no cumplen los requisitos legales, lo mínimo que pide es que se adopten medidas menos gravosas cuando lo que está en riesgo es un ataque tan grave a la integridad de estos niños.

Otro caso es el de un chico de 15 años de Mali, “que es una zona de guerra y debería tener protección internacional”, señala esta abogada. El joven llegó a Lanzarote, pero lo trasladaron a la cárcel a Tenerife, aunque su caso permaneció en un Juzgado de Arrecife. La prueba ósea radiográfica determinaba una horquilla de edad con mínimo de 16,5 años “El Juzgado -señala Rodríguez- siguió pidiendo pruebas innecesarias porque ya se acreditaba que podía ser menor, ya que ante la duda la Ley de Extranjería dice claramente que hay que atender a la horquilla mínima”.

El artículo 190 del Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social señala que “en caso de que la determinación de la edad se realice en base al establecimiento de una horquilla de años, se considerará que el extranjero es menor si la edad más baja de ésta es inferior a los dieciocho años”. Pero, en este caso, se pidió otro informe pericial y el personal de dicho Juzgado le comunicó extraoficialmente que al magistrado no le parecía bien la norma y que no iba a aplicar el 190 “porque si eso fuera así, todos serían menores”.

En la actualidad, un chico de Gambia continúa después de un año en la cárcel

El segundo informe sigue dando la misma horquilla por abajo y más de 19 años por arriba, pero tampoco sirvió para obtener la puesta en libertad del menor, que se encontraba en la Unidad de Prevención de Suicidios en la prisión. Su abogada incluso presentó una certificación de una ONG que se ofrecía a la acogida del chico. Finalmente obtuvo la libertad a principios de septiembre, después de cinco meses en la cárcel. Además, la abogada relata otras dificultades, como la de personarse en la causa, que fue  “una pesadilla” por el retraso en obtener copia de las actuaciones y porque le llegaron a decir que se había decretado secreto de sumario cuando no era así.

Actual

Y aún hay más casos. Otro menor de Senegal, de 15 años, estuvo cuatro meses en la cárcel de Tahíche, desde principios de 2023, aunque el caso pertenecía a un Juzgado de Puerto del Rosario y ahora ha llegado hasta el Tribunal Supremo. La familia creía que el chico había fallecido o desaparecido durante la travesía y resulta que estaba en prisión. La Fiscalía se opuso a su puesta en libertad y finalmente fue la Audiencia provincial quien decretó la minoría de edad, pero nada más salir de prisión lo detuvo la Policía Nacional sin que conste ninguna medida cautelar “de la manera más irregular posible” y después lo trasladaron a Tenerife, a un centro de menores en régimen cerrado.

En la actualidad, un chico de Gambia continúa después de un año en la cárcel aunque consta su certificado de nacimiento y pasaporte, y con más de siete peticiones de excarcelación. En su caso, el informe forense no indica una horquilla mínima o máxima de edad, lo cual es obligatorio. “Con la documentación acreditativa tenía que haber salido ya por la presunción de la minoría de edad si no hay una prueba contraria”.