La Asociación de Juristas por la defensa de la legalidad y las garantías del proceso judicial Jiménez de Asúa nació de la nada y volvió a ella sin mucha gloria. Apareció en Lanzarote desde Gran Canaria para ejercer la acusación popular en los casos de corrupción de la Isla, pero en lugar de acusar, ponía todas las trabas posibles a la investigación.

En el último juicio del caso Unión, la pieza de Jable, ni siquiera apareció en la vista oral. Anunció en marzo de 2023 que retiraba su acusación, y ahora la Audiencia Provincial, en un auto aclaratorio de la sentencia, la condena en costas a petición de la empresa FCC. La Audiencia señala que esta asociación ha hecho “un uso instrumental de la figura de la acción popular” y que resulta “temeraria y carente de lógica su actuación”. La asociación se retiró de este caso mediante un escrito en el que no motivaba su decisión y hace años que ya no tiene ninguna actividad.

Jiménez de Asúa pidió que se acusara a varias personas a las que no acusaba ni la Fiscalía ni las otras acusaciones. Del mismo modo, también pidió una responsabilidad civil que obligó a la empresa FCC a solicitar un aval. La constructora pedía en el juicio que la asociación asumiera ese aval bancario que se vio obligada a solicitar y que supuso un coste de 1,4 millones de euros. La empresa pidió el aval al banco BBVA para garantizar la fianza en abril de 2017 y lo canceló en mayo de 2023. El aval tenía unos gastos, en concepto de comisión de riesgo, de unos 20.000 euros al mes. Esa solicitud de la empresa se tendrá que resolver en otro procedimiento pero, de momento, Jiménez de Asúa tendrá que pagar las costas.

La asociación la constituyeron en julio de 2015 dos abogados y un asesor de Gran Canaria: Juan Alberto Rubio Ortega, Luis Gómez Cantero y José Luis Benítez García, quien muy poco después ya decía públicamente que había pedido que le desvinculasen de la asociación. Gómez Cantero también se desvinculó públicamente. La mayor parte de los casos los llevaba el abogado Juan David García Pazos. 

La asociación se personó como acusación popular en casi todas las piezas del caso Unión, en los expedientes administrativos del proceso de regularización o derribo de los hoteles ilegales de Playa Blanca, en el contrato con el redactor del Plan General de Yaiza, en la pieza que investigaba los pagos del Cabildo de Lanzarote al abogado Ignacio Calatayud, la que investigaba los abonos de Yaiza al abogado Felipe Fernández Camero e incluso en la pieza relativa al edificio de la Marina de Naos cuando ya estaba archivada, y también en el caso Montecarlo.

La Justicia le impuso varias multas por mala fe por dilatar los casos

No culminaron la acusación en ninguno de los casos, nunca tuvieron un portavoz, no hicieron ningún acto público, ni presentación ni rueda de prensa. También recusaron a la última jueza instructora de Unión, Silvia Muñoz y se querellaron contra el juez César Romero Pamparacuatro y contra el secretario judicial y los agentes de la UCO que investigaron el caso, y pidieron la disolución de Transparencia Urbanística.

La Justicia les impuso varias multas por mala fe al considerar que su único fin era el de dilatar la tramitación de los casos. Acabaron expulsados de la pieza principal de Unión y la Fiscalía dijo sobre su personación que parecía “un abuso en el ejercicio de la acción popular” y los calificó como “caballo de Troya”. Transparencia Urbanística destacó de ellos en la vista oral en la que pidieron su disolución que había sido “útil” a los “intereses” de acusados en casos de corrupción como los empresarios Luis Lleó y Juan Francisco Rosa o el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.