Miguel Ángel Armas Matallana, el arquitecto de la bodega Stratvs, autor del proyecto inicial, del proyecto de ejecución y de la dirección de la obra, reconoció este miércoles por la mañana durante la segunda sesión del juicio que se acabó ejecutando “un poco más” de lo que se autorizó.

En concretó admitió a preguntas de la fiscal Elena Herrera que se hizo “un altillo”, que después denominó entreplanta y que en el proyecto de ejecución se aumentó la sala principal de la bodega porque hacían falta unos aljibes y se hizo un sótano, pero que los sótanos son superficies no computables.

La Fiscalía, en el escrito de acusación, señala que se obtuvo autorización para un almacén de 900 metros y se construyó un complejo de 12.000 metros cuadrados.

Armas Matallana admitió igualmente que en su proyecto no aparecía el restaurante que se hizo después en el antiguo aljibe y que él no es responsable de esa construcción porque son “edificios independientes”.

Le preguntaron si en los certificados de obra que emite en 2005 y 2008 declara que la obra es conforme a lo autorizado. “Sí, en la parte mía”, señaló. Afirmó que hubiera sido autorizable más superficie.

Las obras, por otra parte, se iniciaron sin proyecto de ejecución y fueron paralizadas temporalmente. Tampoco recordaba Armas si se emitió acta de replanteo, que es la que marca el principio de las obras.

Respecto a la vivienda antigua, que la Fiscalía sostiene que se derribó y se volvió a construir y para la que se había concedido licencia de rehabilitación, dijo que estaba en ruinas y que era “imposible restaurarla” y que por tanto tuvieron que poner “una pared de bloque por fuera de la pared de piedra”.

También señaló que la bodega se hizo en una depresión del terreno, el Barranco del Obispo, para intentar mimetizarla y que el movimiento de tierras fuera el mínimo. Señaló que su participación en el proyecto terminó en enero de 2006.

La fiscal cuestionó el proyecto porque cuando se redactó, en esa zona no había ni luz ni agua corriente, y destacó que en una parte del proyecto se afirma que las aguas iban al alcantarillado.

Armas lo calificó como “un lapsus” y dijo que en la memoria del proyecto pone claramente que las aguas van a fosas sépticas y pozos negros.

La historia del terreno

Armas narró que esos terrenos pertenecían a su familia, que la casa ya estaba en ruinas en los años 40 del pasado siglo y que su mujer, Piedad del Río que es en nombre de quien se pide la autorización al Gobierno de Canarias, quería hacerse una casa ahí. Por eso compra la mitad de la finca a sus familiares, a finales de los años 90.

Después aparece Juan Francisco Rosa, “que estaba buscando terrenos para hacer una bodega”. La finca llevaba dos años a la venta y no se vendía. Armas admitió que desde el primer momento, quien está detrás del expediente es Rosa y que él le autorizó al empresario a que llevara a cabo todos los trámites administrativos.

En principio iban a compatibilizar el proyecto de la vivienda y el de la bodega pero en 2005 Armas se desvincula del proyecto porque, según dijo, Rosa “quería hacer una obra muy grande” y él no tenía presupuesto para ello.

La fiscal le preguntó cómo iban a compatibilizar ambas cosas si tenían 13.500 metros y no se podían segregar menos de 10.000, que es la unidad mínima de producción. “Eso no lo pensamos”, aseguró.

Respecto al otro 50 por ciento de la finca, le dijeron que Rosa había comprado la otra parte. También afirmó que había vendido su parte a Rosa, pero esa compra venta no está en el sumario del caso.