Arrecife culminará un nuevo mandato sin Plan General de Ordenación (PGO) actualizado. Este mes de abril se cumplen 10 años desde que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino firmaron un convenio para renovar el planeamiento de la ciudad. Desde octubre del año pasado, la Consejería regional de Transición Ecológica está esperando a que la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, se pronuncie sobre unas pocas “discrepancias” advertidas en contadas piezas de suelo. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha guardado silencio y aboca a finalizar el mandato, del que quedan menos de ocho semanas, sin dar el siguiente paso: una aprobación inicial y exposición pública del PGO.

El pasado 27 de julio, la sede de la Consejería de Transición Ecológica acogió una reunión de trabajo entre los técnicos del departamento autonómico y los del Ayuntamiento. En la cita estaban presentes el concejal de Urbanismo, Eduardo Placeres, y un asesor de la más estrecha confianza de la alcaldesa, Ignacio Herrero. Por parte de Transición Ecológica, el viceconsejero de Planificación Territorial, el lanzaroteño Leopoldo Díaz, durante años jefe de la Oficina del Plan Insular del Cabildo. Sobre la mesa, cinco piezas del puzzle arrecifeño, algunas con litigios pendientes en la Justicia: Las Vírgenes, el Diseminado de Güime, La Bufona, el Islote del Francés y una bolsa de suelo en Altavista.

A mediados de agosto, el Gobierno de Canarias se dirige al Ayuntamiento para recabar su pronunciamiento expreso para seguir adelante con la tramitación del Plan General, una condición que va más allá de la cortesía institucional. En el convenio entre ambas instituciones se destaca que el cronograma de la tramitación se establecerá “de común acuerdo”.

A principios de septiembre, la alcaldesa responde a la Consejería esquivando dar el visto bueno a la aprobación inicial del PGO, lo que abriría una fase de exposición pública y alegaciones, tras el que se podría volver a modificar el planeamiento antes de la aprobación definitiva. Pérez responde a la gallega, preguntando a la Consejería si las sugerencias del Ayuntamiento sobre los citados suelos atentan contra la legalidad.

El pasado 7 de octubre, el viceconsejero de Planificación Territorial aclara a la alcaldesa que “en la ordenación del suelo no sólo se tienen en cuenta cuestiones de legalidad” sino que también “intervienen elementos de discrecionalidad, que no arbitrariedad”, es decir, una “voluntad caprichosa”. Esos fundamentos históricos, económicos, ecológicos o arquitectónicos, añade Leopoldo Díaz, “se manejan en el momento de determinar el dibujo de la ciudad” para decidir, “por ejemplo, hacia dónde debe crecer, dónde se sitúan los centros productivos o cuáles deben ser las condiciones estéticas de las edificaciones”.

Díaz también advierte que las sugerencias del Ayuntamiento, aunque “no necesariamente pugnan con la legalidad o el interés público”, sí que “en algunos aspectos podrían afectar a la normativa legal” en La Bufona, el Diseminado de Güime o Altavista. Recuerda que en el convenio renovado unos meses antes se hacía hincapié en la “decidida voluntad de consenso” sobre el Plan General “en el marco de la legislación vigente” y pedía “el pronunciamiento expreso” de la alcaldía “a la mayor brevedad posible” sobre si las discrepancias constituían un impedimento por parte del Consistorio para continuar con la tramitación.

El viceconsejero finalizaba con algo que ya sabe el Ayuntamiento: “hasta la aprobación definitiva” el Plan General “puede sufrir modificaciones”. Siete meses después, el Ayuntamiento no ha respondido. Mientras tanto, la Consejería de Transición Ecológica ha ido solicitando los informes sectoriales obligatorios de otros departamentos del Gobierno, como el de Carreteras, pedido en enero y que ya está listo. Los trámites estarían encauzados para dar el siguiente paso y desatascar un Plan General sobre el que la ciudadanía no puede opinar desde agosto de 2014.

El Gobierno espera más de medio año por la postura de la alcaldesa sobre las “discrepancias”

“El Plan General de Arrecife no está en una gaveta y la muestra es que nos hemos dirigido al Ayuntamiento en los últimos meses”, explica Leopoldo Díaz a Diario de Lanzarote. “También es absolutamente falso que se hayan hecho cambios que el Ayuntamiento desconocía, sin informarle”, añade. El viceconsejero pone el contrapunto en San Bartolomé, donde el Ayuntamiento dio luz verde a la aprobación inicial: “Mostró diferencias de criterio en una decena de apartados, pero no fue un obstáculo para continuar con los trámites”.

En Arrecife, esta es la situación de las piezas de suelo más controvertidas:

Intervención pública en el Islote del Francés. El equipo redactor aboga por rebajar la categoría del suelo, de suelo urbano no consolidado a urbanizable. Esta es la posición, además, que tanto el Gobierno como el Ayuntamiento están defendiendo en los tribunales frente a los propietarios del islote. “Las pruebas periciales dejan claro que no hay servicios, que no está directamente integrado en la malla urbana y que no puede ser un suelo urbano”, explica Díaz.

La apuesta de la Consejería es la obtención en el islote de un sistema general de uso público, mediante la compensación a los dueños en otras cinco piezas urbanizables de la ciudad. El viceconsejero recalca que siempre ha existido “máxima transparencia” con el Ayuntamiento y considera que no hay discusión con el Consistorio con respecto a “cuestiones de legalidad” relacionadas con el Francés, sino “pareceres distintos dentro de las posibles soluciones de ordenación que se le ofrecen al planificador”.

El criterio del Gobierno es nítido: lo máximo que se pueda “en favor de lo público”. Con el nuevo deslinde de Costas, que entró en vigor en 2021, la mayor parte del islote está afectado por la zona de servidumbre de protección, que limita la edificación y restringe los usos. “Quedaría una pequeña zona en la que nos inclinamos por una intervención pública, de acuerdo con la legislación de Costas, en la que podrían participar el Ayuntamiento y el Cabildo”, apunta Díaz.

Las Vírgenes, suelo rústico común. Una de las zonas del extrarradio de Arrecife que creció de forma desordenada, en el futuro Plan General quedaría clasificada como suelo rústico común. En las distintas fases de elaboración del documento llegó a contemplarse la opción de clasificar Las Vírgenes, junto a Argana Alta, como un suelo urbano no consolidado, lo que hubiese implicado el desarrollo de una unidad de actuación, con cargas económicas para los vecinos, que tendrían que jugar un papel clave en la urbanización de los terrenos.

Con un suelo rústico común, en vez de con el actual rústico de protección de jable, los vecinos podrían “mantener lo que tienen” y consolidar las edificaciones, aunque no ampliar lo que se ha construido en una barriada con casi un centenar de viviendas. El Ayuntamiento mostró su conformidad con esta solución desde una comisión de seguimiento celebrada en marzo de 2021.

Leopoldo Díaz. Foto: DIARIO DE LANZAROTE.

Leopoldo Díaz: “Ni está en una gaveta ni se han hecho cambios sin informar al Consistorio”

El Diseminado de Güime y La Bufona. En otro suelo rústico, de protección paisajística, se encuentran las decenas de viviendas de otro núcleo que nació fruto de “un proceso edificatorio irregular”, el conocido como Diseminado de Güime, donde están abiertos numerosos expedientes de infracción urbanística.

Los actuales responsables de la Consejería de Transición Ecológica se encontraron un Plan General que rebajaba a rústico común la categoría del suelo. En este mandato, los vecinos se reunieron con la Consejería y se valoró equiparar la situación de los terrenos con la de Las Vírgenes. Sin embargo, surgió un escollo: el Diseminado forma parte “del mismo ámbito ambiental” que la parte superior de La Bufona, sobre la que existen procedimientos judiciales pendientes, tanto en la vía penal como en la jurisdicción contencioso administrativa. De hecho, el arranque del juicio del caso La Bufona está fijado para el 5 de junio. Será la segunda ocasión que se celebre: la primera vez se anuló porque no se había oído a los propietarios de las viviendas que invaden suelo rústico protegido, entre ellos la actual alcaldesa.

“Entendemos que, hasta que no se diriman los pleitos judiciales pendientes, no es conveniente influir, a través de una decisión sobre el planeamiento que puede interferir en si esas edificaciones se deben tirar o no”, apunta Díaz. “No sabemos qué determinará la futura sentencia en el ámbito penal y si se ordena demoler, por lo que existe la suficiente conflictividad para esperar a que se aclare la situación”, añade.

Al margen de la invasión de suelo rústico protegido al construir al norte de la urbanización, en La Bufona también se ha anulado el plan parcial. El Ayuntamiento contrató a un equipo técnico para elaborar una ordenación específica e incluirla directamente en el Plan General. La visión de la Consejería es pintar el suelo como urbano no consolidado y no ordenado, y que sea después el Ayuntamiento el que tramite la ordenación concreta de La Bufona.

Suelo industrial en Altavista. En el nuevo Plan General se apuntó en un documento de hace dos años, a la desclasificación de dos suelos industriales: Altavista Este, de 158.410 metros cuadrados, con terrenos entre la calle Donantes de Sangre y el polígono donde se encuentran enseñas como Ikea, y el conocido como Altavista Oeste, de 207.961 metros cuadrados y que da a la calle León y Castillo, dejando de paso en suelo rústico común -igual que Las Vírgenes- las calles Vizcaya, Guipúzcoa, Ávila, Vitoria y Rioja, con decenas de viviendas construidas, muchas de ellas desde hace décadas. La entrada principal a las casas, desde la calle León y Castillo, lleva bloqueada desde hace más de un año con unas piedras de grandes dimensiones, en señal de protesta por parte de los promotores.

La Ley del Suelo reclasifica los suelos urbanizables no sectorizados, como Altavista Oeste, si el pleno del Ayuntamiento de Arrecife no respalda su futuro desarrollo. Ese trámite, que se tenía que haber realizado en el pasado mandato, no se llevó a cabo. El Ayuntamiento ha alegado que un estudio del Gobierno de Canarias concluye la necesidad de suelo industrial en la capital. Tras el periodo de información pública, Transición Ecológica no se cierra en banda a estudiar esa alternativa.