La gastronomía, los vinos, el sector primario y turístico de la isla, representados por una treintena de profesionales en Madrid.
Los técnicos del Gobierno acusados sostienen en el juicio que el Plan Insular estaba obsoleto en 1999 y que “había que interpretar el Plan” para autorizar la bodega.
José Francisco Reyes se enfrenta a una petición de Fiscalía de siete años de cárcel.
Alfredo Villalba trasladó las reivindicaciones del municipio norteño en el Consejo Asesor de Puertos Canarios.