El informe municipal solicitado por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife, que como medida cautelar a instancia del promotor Ignacio Díaz de Aguilar acordó el desalojo de la treintena de viviendas ocupadas, “avisó en su momento de la presencia de familias vulnerables en hogares con niños y niñas, personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, personas mayores e incluso un enfermo oncológico”.

“Es más, ya existían solicitudes registradas en el Ayuntamiento por los propios afectados del lanzamiento pidiendo informe de vulnerabilidad”, recuerda el Consistorio, que recalca que “las competencias en materia de vivienda son de la comunidad autónoma de Canarias”, no de la Corporación municipal.

El equipo del alcalde Noda “indagó entre grandes propietarios de viviendas para abordar el alquiler de inmuebles por la vía de emergencia y no fue posible”

“Este hecho es indiscutible, así que el Ayuntamiento, por falta de competencias, tiene escaso margen de actuación en un asunto tan sensible como de difícil solución por la escasez de vivienda de alquiler y sus precios desorbitados en Lanzarote”, resalta el Consistorio sureño en un comunicado.

Esas circunstancias “son factores determinantes que lastran la búsqueda de soluciones habitacionales inmediatas para las personas afectadas”. De hecho, el grupo de gobierno de Yaiza “indagó entre grandes propietarios de viviendas para abordar el alquiler de inmuebles por la vía de emergencia y no fue posible, porque incluso hay personas desalojadas que aseguraron estar en capacidad de pagar un alquiler”.

Petición de ayuda desde octubre

El Ayuntamiento, “desde octubre” del año pasado, “solicitó colaboración al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y también en octubre hizo lo propio con el Cabildo de Lanzarote”. En concreto, Yaiza pidió asistencia a la Corporación insular “para reubicar a las familias de forma provisional mientras dispusieran de otra alternativa de techo”.

El Instituto Canario de la Vivienda confirmó que dentro del programa Pro-hogar “no contaba con alternativa habitacional alegando la falta de informes sociales de vulnerabilidad, que por supuesto fueron enviados”. Yaiza remitió un informe adicional sobre cuatro familias concretas pedido por el ICAVI.

El Instituto Canario de la Vivienda confirmó que dentro del programa Pro-hogar “no contaba con alternativa habitacional”

“El Cabildo por su parte expuso en noviembre que valoraría el modo de intervenir, como podría ser el pago de alquileres, pero advirtiendo la dificultad porque la mayoría de personas que han solicitado informe de vulnerabilidad se encuentran en situación administrativa irregular”, señala Yaiza.

“Sin embargo”, el Cabildo “luego sí pidió información del número de familias con menores a su cargo y otras valoraciones socioeconómicas que el Ayuntamiento cumplió con enviar”, añade el Consistorio sureño, que “también gestionó ayudas de alimentos y ayudas económicas, informes sociales de beca escolar e informes de derivación al Cabildo de Lanzarote y Cáritas”.

El Ayuntamiento asegura que sus Servicios Sociales “siempre han estado vigilantes a la situación de las familias vulnerables para tender la mano dentro de las competencias municipales”, subraya que “la solución de reubicación de las familias por parte de la Justicia es una clara competencia del Gobierno de Canarias” y que “sin una delegación pertinente, Yaiza no puede actuar en materia de vivienda”.

24 menores afectados

Servicios Sociales de Yaiza constató desde el año pasado la ocupación de viviendas por parte de 99 personas, 75 adultos y 24 menores, de los cuales al menos 68 están en situación administrativa irregular. El escrito de la Justicia instaba al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas que permitieran evitar situaciones de desprotección de aquellas personas especialmente vulnerables.

El Ayuntamiento resalta que es “común” entre los ocupantes de las viviendas que “carecen de estabilidad laboral debido principalmente a que están pendientes de culminar la tramitación de su residencia legal en España”.

Sin riesgo de derrumbe

El Ayuntamiento también emitió un informe técnico exponiendo que los inmuebles no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización, “pero en ningún caso en riesgo de ruina o derrumbe”.

Cesión de suelo y compra de vivienda

Por último, Yaiza recuerda que ya cedió una parcela de 42.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca. El Ayuntamiento espera que el ICAVI saque a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las primeras 126 viviendas destinadas al mercado de alquiler social.

Aparte, el Ayuntamiento propuso al Gobierno de Canarias la compra de viviendas en una urbanización de Playa Blanca “como medida rápida y efectiva para paliar un problema estructural de Canarias y el país acrecentado por la gran cantidad de inmuebles que forman parte del mercado vacacional”.