La consejera de Educación y Cultura del Cabildo, Emma Cabrera, explicó que se desarrollará del 28 de junio al 27 de julio. Junto a José Betancort y Alejandro Aguilar, dos técnicos de su Área, Cabrera ha detallado los contenidos de un encuentro del que ha dicho que es “todo un orgullo mantenerlo en estos tiempos difíciles que corren” porque “pese a los recortes creemos que es una obligación mantener la Universidad de Verano”.

“Si la deuda [de Inalsa] pasase al Consorcio, éste se vería abocado igualmente a sacar un nuevo concurso” para 'privatizar' la gestión del servicio de producción, distribución y saneamiento del agua en la Isla para captar fondos con los que saldar la deuda con los acreedores.

“En el escenario de una hipotética liquidación”, explicó este jueves el presidente en Nueve Radio, “obviamente se trataría de pelear jurídicamente” una “atribución ipso facto, automática, inmediata de la deuda” de Inalsa “hacia el Cabildo y los ayuntamientos”, los entes que constituyen el Consorcio del agua.

“Claro que los acreedores harían automáticamente lo contrario, porque los estatutos del Consorcio dice que los miembros que lo conforman son responsables de forma proporcional a su participación” en el organismo “de los déficit en la gestión”.

“salga el Sol por donde salga y sean cuales sean los resultados”

“Me da a mí que un juez terminaría por atribuir solidaria y subsidiariamente en base a esos estatutos y a lo que es un Consorcio la deuda al Cabildo y los ayuntamientos, y me da a mí que ni el grupo de gobierno del Cabildo ni los alcaldes están dispuestos a asumir el mínimo riesgo de que cincuenta y tantos millones de euros caigan como una losa sobre sus cuentas”, afirmó.

Ante la posibilidad de que se liquidase Inalsa, añadió San Ginés, “los acreedores”, Endesa, FCC y Aguas Filtradas principalmente, “irían por la totalidad de la deuda contra el Cabildo y los ayuntamientos sin quitas que ahora están dispuestos a hacernos”.

Abrir negociación

El presidente se inclinó, tras quedar desierto el concurso público para externalizar la gestión de Inalsa durante un cuarto de siglo, por abrir una negociación con las empresas que pudieran estar interesadas pero que no dieron el paso por las condiciones fijadas en la licitación.

De entrada se pedían 50 millones de euros por la concesión con el objetivo de saldar la deuda con los acreedores, así como una inversión en infraestructuras de unos 15 millones de euros en el primer lustro, un canon fijo del 4 por ciento de los ingresos para el Consorcio “salga el Sol por donde salga y sean cuales sean los resultados” de la empresa” y otro variable en función de los números que diera Inalsa.

San Ginés destacó que en un procedimiento negociado “no se pueden cambiar condiciones sustanciales”, con lo cual son inamovibles los 50 millones de euros de la concesión del servicio, porque además son “el objeto” principal del concurso. En cambio, sí sería “modulable” la inversión o los cánones anuales al Consorcio del agua. La adjudicación sería “al mejor postor”, concluyó.