El aeropuerto César Manrique-Lanzarote es uno de los diez primeros de España en número de pasajeros y uno de los más rentables para Aena. Sin embargo, la relación del organismo aeroportuario con las instituciones de la Isla sigue siendo muy mejorable.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una sentencia previa del Juzgado de lo contencioso número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y avala la resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé que ordena “el cierre, cese y clausura” de la actividad del aparcamiento de la Terminal 1 del aeropuerto lanzaroteño, la dedicada a los vuelos nacionales e internacionales.

El conflicto se remonta a comienzos de esta década. Aena nunca tramitó las licencias y autorizaciones para los diferentes aparcamientos del recinto aeroportuario y los pleitos han terminado en los tribunales, que han dado la razón a San Bartolomé.

La ‘cabezonería’ de Aena ha derivado en una sentencia del TSJC que, de llevarse a efecto en sus propios términos, dejaría al aeropuerto sin su principal área de aparcamiento. Cabe recurso ante el Tribunal Supremo y la posibilidad de regularizar la situación, tramitar el correspondiente proyecto ante el Consistorio y pagar los tributos municipales y las sanciones impuestas.

Otra sentencia del TSJC, de 2016, ya avaló un expediente sancionador de San Bartolomé y una multa de 678.539 euros porque el parking de la Terminal 2, la de vuelos interinsulares, carecía de la licencia de actividad.

Los problemas sobre los aparcamientos en el aeropuerto no terminan con los litigios. Es una imagen habitual que los arcenes de la carretera de acceso al aeropuerto estén llenos de vehículos, principalmente de trabajadores.

El Ayuntamiento de San Bartolomé pidió meses atrás una solución “urgente” a Aena y reclamó un parking gratuito para los empleados. En el pasado, las relaciones entre Aena y el municipio sobre el que se asienta la mayor parte del aeropuerto fueron mucho más fluidas.

En 2008 se firmó un convenio por el que el Consistorio recibía 250.000 euros anuales a cambio de determinados servicios. Una forma de compensar también las limitaciones que para San Bartolomé supone albergar el aeródromo en su frente costero.

En los últimos años, la política de Aena ha cambiado de forma radical. El citado convenio se esfumó, los pleitos judiciales para imponer su criterio se avivaron e incluso la transparencia ha brillado por su ausencia.

Hasta 2014 se ofrecían datos sobre la rentabilidad de cada aeropuerto. En ese ejercicio, el de Lanzarote rozó los 65 millones de euros de ingresos y los beneficios alcanzaron los 36 millones.

El senador por Lanzarote, Joel Delgado, ha pedido en la Cámara Alta información económica sobre lo que genera la actividad aeroportuaria en la Isla o la explotación de los establecimientos comerciales asentados en el aeródromo. La respuesta es que se trata de información “confidencial” y que “no es pública”.

Otra asignatura pendiente es la revisión del Plan Director del aeropuerto César Manrique-Lanzarote, que se aprobó en 2001. Ocho años más tarde Aena confirmó que ya estaba analizando su revisión pero una década después del anuncio no se ha puesto sobre la mesa.

Mientras tanto, Lanzarote sigue en lo alto de la clasificación de los aeropuertos españoles. A falta de los datos de diciembre, terminará en tercera posición entre los aeropuertos canarios en llegada de pasajeros y será el décimo entre todos los aeródromos españoles: hasta noviembre habían pasado más de 6,7 millones de pasajeros, con cifras similares a las del ejercicio anterior. Un auténtico chollo para Aena.