El agua en Lanzarote cambia de ciclo. El nuevo Plan Hidrológico insular, aprobado el último día de 2018, mantiene que “la gestión a nivel insular de la desalación de agua para el abastecimiento” urbano, turístico, industrial y agrícola sigue estando “reservada” al Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos. Sin embargo, la nueva normativa introduce matices relevantes: contempla la “autorización” para instalar desaladoras privadas si cumplen una serie de “condicionantes”.

En el anterior Plan Hidrológico, tumbado por los tribunales el año pasado, se negaba de forma rotunda la posibilidad de autorizar “la instalación de nuevas plantas desaladoras por la iniciativa privada”, salvo “excepcionalmente” para “autoconsumo” y en el caso de que el Consorcio no pudiese efectuar el suministro. También ponía ‘fecha de caducidad’ a las plantas privadas que ya estaban en funcionamiento: una vez concluido el periodo de concesión, si la tuviesen en vigor, tenían que dejar de desalar agua.

El nuevo Plan Hidrológico, aprobado por el Gobierno de Canarias, representa un cambio de criterio con respecto a la gestión del agua en Lanzarote, heredado desde el planeamiento aprobado en octubre de 2001 y que limitaba las instalaciones privadas para autoconsumo a casos excepcionales, cuando no fuera imposible el suministro público y sólo de manera “temporal”.

Así, en la nueva regulación se abre una puerta para la autorización de las plantas privadas en la Isla, siempre que se cumplan una serie de “condicionantes” derivados de un estudio sobre el modelo de desalación insular. Entre los requisitos, el nuevo Plan Hidrológico establece el pago de cánones que tendrán que asumir las empresas privadas por captación de agua de mar, por los vertidos o por aspectos ambientales.

A pesar de las anteriores restricciones normativas, en Lanzarote hay unas 48 plantas desaladoras privadas, vinculadas principalmente al consumo de instalaciones hoteleras

La aprobación del nuevo Plan Hidrológico de Lanzarote, en principio mucho más laxo con las desaladoras privadas que la anterior normativa, se produce siete meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) diese la razón a la patronal hotelera Asolan y a varias empresas turísticas y anulase el planeamiento, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2015, que hacía inviable de cara al futuro la desalación privada. 

Mucho dinero en juego

A pesar de las anteriores restricciones normativas, en Lanzarote hay unas 48 plantas desaladoras privadas, vinculadas principalmente al consumo de instalaciones hoteleras. La batalla de la patronal para evitar que se eliminase la desalación privada tiene principalmente una motivación económica. En las actuales tarifas de Canal Gestión, concesionaria del ciclo integral del agua en Lanzarote, el tramo más bajo del agua doméstica cuesta 60 céntimos el metro cúbico y aumenta de forma progresiva al incrementarse el consumo. En cambio, el agua para negocios turísticos cuesta 2,91 euros por metro cúbico de forma invariable.

En julio de 2017, el Consejo Insular de Aguas anunció un plan para suspender la actividad de las citadas 48 plantas desaladoras privadas que están en funcionamiento en la Isla. El Consejo las dividió en tres categorías: 16 que nunca habían tenido autorización, que es contra las que primero quería intervenir, otras tantas que solicitaron permiso pero a las que no se les llegó a contestar y otras 16 más que ya contaban con autorización.

En esa línea, el pasado mes de abril sale a exposición pública un borrador del Plan Hidrológico que dejaba claro que “los titulares de plantas desaladoras con autorización para autoconsumo” mantendrían el permiso hasta que culminase el periodo de concesión, pero “sin posibilidad de prórroga”. El objetivo final era que se clausurasen las desaladoras privadas y, en algunos casos, se barajaba la integración de las instalaciones, en el sistema hidráulico insular controlado por el Consorcio.

Plantas sin autorización

El goteo de sentencias que anulan la prohibición de las desaladoras privadas en Lanzarote llegó apenas un mes después, en mayo. El TSJC considera que esas limitaciones chocan “frontalmente” con la Ley de Aguas de Canarias, que parte del principio de “compatibilidad de la gestión pública y privada del agua”, las tacha de “graves” vulneraciones constitucionales y entiende que “el establecimiento de un monopolio de desalación en la isla de Lanzarote a favor del Consorcio del Agua” supone una “flagrante violación” de la legislación autonómica.

La contundencia de las resoluciones judiciales ha provocado el cambio de enfoque que se ha plasmado en el nuevo Plan Hidrológico. De tal manera que los propietarios de plantas privadas “que estén en servicio sin autorización” tan solo están “obligados a declararlas” ante el Consejo Insular de Aguas, facilitando “información similar a la exigida para la autorización o concesión de este tipo de instalaciones”.