La acusación particular en el procedimiento penal de la Bodega Stratvs se ha retirado de la causa tras alcanzar un acuerdo económico extrajudicial con la propiedad de la bodega.

La familia Negrín, que ejercía la acusación, reclamaba que era propietaria de una parte, cercana al seis por ciento, de la parcela donde se ubica esa bodega, en el Barranco del Obispo, en La Geria.

Había dos ramas más de la familia que también reclamaban una parte similar, aunque esas otras dos partes sólo lo reclamaban en un procedimiento civil, pero no en las causas penales.

El propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, ha firmado un contrato de compra de esos terrenos y ha abonado la cantidad acordada con las tres familias, según fuentes cercanas al caso.

Tras la compra de la parcela se cerrará el procedimiento civil, mientras que la acusación particular se retira del caso penal, que tan sólo poco está a la espera de que se fije la fecha de la vista oral en la Audiencia Provincial.

En su escrito de acusación, el abogado de la familia se había adherido al escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita altas penas de cárcel y la demolición de la bodega. Así, a Rosa le pide un total de 15 años de prisión.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se reclama también al promotor que indemnice a la familia Negrín con 266.000 euros por el picón extraído y con 309.000 euros por la ocupación del terreno. Para Miguel Ángel Armas Matallana, arquitecto de la bodega, el Ministerio Fiscal pide 10 años de prisión y, entre otros presuntos delitos, le acusa de usurpación de un bien inmueble.

La representación de la familia Negrín alegó que sus clientes desconocían los trámites para la construcción de esa bodega y pedían una indemnización de casi 400.000 euros por el terreno usurpado, que corresponde a una 1/18 parte de la parcela principal.

Pendiente el juicio principal

Del caso Stratvs queda por celebrarse el juicio principal, que se desarrollará en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia anuló el pasado mes de enero la licencia de actividad de Stratvs, cuya concesión, se señala en la sentencia, resultaba “imposible”.

En la parte del caso que se juzgó en el TSJC solo se analizó la relacionada con la licencia de actividad, que concedió la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Yaiza, presidida por Gladys Acuña. Al ser parlamentaria y estar aforada, la causa la juzgó el alto tribunal. Ahora los aforamientos para diputados autonómicos han desaparecido con el nuevo Estatuto de Autonomía.

En la pieza principal se evaluará la licencia de obras concedida por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en marzo de 1999, y el posterior permiso municipal para restaurar una vivienda de 243 metros cuadrados y un almacén y bodega de 900 metros cuadrados totalmente subterráneos.

Aunque no se dictamina sobre esos permisos de obra, en la sentencia del TSJC, que se refiere a la licencia de actividad de las instalaciones, se tuvieron en cuenta las irregularidades urbanísticas para determinar que el permiso de apertura no se tenía que haber tramitado ni concedido y para concluir que se infringió tanto el planeamiento insular como el municipal.