El Destacamento de Protección de la Naturaleza (DEPRONA) de la Guardia Civil ha recuperado tres piezas cerámicas pertenecientes a sendas ánforas de origen romano, expuestas en un alojamiento turístico de Lanzarote, siendo a su vez denunciado su titular por una infracción administrativa a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

Tras diversas inspecciones para evitar el tráfico ilegal de objetos arqueológicos, los agentes averiguaron que en un determinado negocio del municipio de Tías se exponían unas piezas cerámicas de presumible origen romano, con más de 1.800 años de antigüedad.

De esta manera, el jueves de la semana pasada los agentes acudieron al complejo turístico y comprobaron como el responsable del establecimiento “carece de toda documentación que ampare la legal tenencia de dichas piezas cerámicas”.

“Dada la procedencia ilegal de las mismas y que esa persona no había comunicado en ningún momento dicho hallazgo” es por lo que los agentes procedieron a la incautación de las piezas y a la denuncia administrativa.

En base a las primeras indagaciones podrían proceder del yacimiento arqueológico de la isla de Lobos, señala la Guardia Civil

Finalmente las piezas fueron depositadas en el fondo arqueológico del Cabildo de Lanzarote “para un mejor estudio y valoración de las mismas”.

La Ley de Patrimonio Histórico prevé diferentes sanciones ante actos que dañen o perjudiquen los bienes y objetos históricos y arqueológicos, las cuales son en su mayoría multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. En este caso en concreto la normativa establece multas desde 3.001 hasta 150.000 euros.

Expolios o daños en yacimientos arqueológicos

A raíz de las primeras indagaciones realizadas por los agentes, presumiblemente el origen de las citadas piezas cerámicas sea del yacimiento arqueológico, de origen romano, de la isla de Lobos.

La Guardia Civil recuerda que quien cometa daños o expolio en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, tanto terrestres como subacuáticos, se enfrenta a penas de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.