El puerto deportivo Marina Rubicón no se podrá personar, finalmente, en la ejecución de la sentencia del caso Yate. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de queja que había presentado la propiedad del puerto después de que no se admitiera su recurso de casación.

El Tribunal considera que no puede ser parte de la ejecución porque no fue parte del procedimiento ni como acusado ni como perjudicado. La sentencia, no obstante, sí afecta al puerto, ya que la Audiencia Provincial ordenó que se anularan todas las licencias que el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el principal condenado del caso (que cumple una condena de seis años de cárcel) reconoció que había concedido de forma irregular o bien a cambio de dinero.

La mayoría de esas licencias, a hoteles y complejos de apartamentos, ya estaban anuladas en la vía contenciosa, pero no así la del puerto. En la sentencia, Reyes reconoció haber recibido “dádivas” valoradas en “más 60.000 euros” de los propietarios del puerto deportivo. También reconoció que no abonó durante años el importe del atraque de su barco, adquirido a su vez a través del cobro de comisiones ilegales.

Al hacerse pública la sentencia, la propiedad del puerto pidió que se le comunicase el fallo ya que era perjudicada, y tras su comunicación presentó recurso de casación, que no fue admitido. Tras ese recurso presentó una queja, que es la que ahora también se ha rechazado. En ese recurso decía que en realidad estaba condenada porque la sentencia le ocasionaba un “gravamen o afección directa”.

La Fiscalía se opuso porque “en la instancia no ha sido parte y no ha resultado condenada (aunque sea perjudicada por el delito), y dado que no postuló ninguna solicitud de pena ni de responsabilidad civil, no existe para ella gravamen, en el sentido de desajuste entre lo pedido y lo concedido”.

La sentencia del caso Yate anuló la licencia para la construcción del puerto deportivo concedida por el exalcalde José Francisco Reyes, quien fue condenado a seis años de cárcel y reconoció haber recibido “dádivas”

El Supremo hace suyos los argumentos de la Fiscalía y considera que “la ley impide recurrir contra la sentencia a quien no ha sido parte en el juicio”. “La entidad Puerto Deportivo Marina Rubicón SA -señala el fallo- no ha sido parte en el procedimiento penal, no habiéndose personado en ningún concepto a lo largo del procedimiento cuya duración ha sido de más de diez años, e incluso aún desconocemos en qué concepto se pretende personar, pues no lo indica en su escrito”, dice el Tribunal.

Aunque el puerto deportivo, como sociedad, no fue parte en el procedimiento, tres de los empresarios propietarios del puerto, Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y Rafael Lasso, sí estuvieron investigados en el caso Yate. No se sentaron en el banquillo de los acusados porque se archivó el procedimiento para ellos.

Licencia anulada

Las obras de construcción del puerto comenzaron en el año 2000, cuando no tenía la preceptiva licencia municipal, y sólo fue solicitada ésta por los promotores cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió las obras precisamente porque no tenía licencia.

El tribunal ordenó el traslado de la anulación de las licencias al Ayuntamiento de Yaiza “a los efectos oportunos” y ahora, tal y como ha ocurrido con las licencias de los hoteles, deberá intentar regularizar su situación.

El nuevo Plan General sí contempla la ordenación de la zona que no contemplaba el Plan anterior aunque el Ayuntamiento sólo tiene competencias en la zona de tierra, donde hay decenas de locales comerciales que deberán pedir licencia.

El proceso normal para un puerto pasaría por tramitar un instrumento de ordenación que fije todo lo que hay en el puerto, como un Plan Director o Plan Especial, y que después el Plan General se adapte a ese instrumento.