El Gobierno central ha asegurado que la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando la arena importada del Sáhara y que ha llegado a Lanzarote.

El pasado mes de octubre, el colectivo saharaui de Lanzarote y la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui denunciaron el desembarco de arena procedente del Sáhara en el muelle de los Mármoles.

Los dos colectivos denunciaron que se podría haber vulnerado las resoluciones de Naciones Unidas y la Unión Europea acerca de que “no se puede estar comerciando con arena del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, legítimo dueño de ese territorio y de su futuro, mediante un referéndum de autodeterminación”.

Asimismo consideraron que también se podría estar vulnerando la orden de 6 de agosto de 2001, por la que se establecen medidas generales y urgentes, con carácter provisional, para el tratamiento de arenas procedentes del continente africano, según establece la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

La polémica llegó al Senado, en la que el senador valenciano Carles Mulet (Compromís) se interesó por el asunto y preguntó al Gobierno central, que le acaba de contestar. En una respuesta escrita, el Ejecutivo señala que el Seprona ha solicitado el certificado fitosanitario a la empresa cementera CEISA por la arena importada del Sahara a Canarias.

Es certificado, aclara el Gobierno central, se encuentra pendiente de “recepción” al Seprona. Una vez recibido, se remitirán al Gobierno de Canarias “las investigaciones realizadas, al objeto de la valoración por la autoridad competente, acerca de la adecuación del tratamiento recibido por la arena”, explica el Ejecutivo español.

La arena, que llegó el pasado 17 de octubre, “se encuentra depositada actualmente en el interior de una nave en el puerto de Los Mármoles, en Arrecife”. La empresa fue requerida sobre el tratamiento de las arenas importadas desde El Aaiún y aseguró al Seprona que los áridos son tratados en “el puerto de origen, documentándose mediante certificado fitosanitario”.

Aunque la pregunta del senador es de octubre y la respuesta oficial del Gobierno de diciembre, todavía no consta que se hubiese entregado por parte de la empresa la citada documentación, a tenor de la respuesta del Ejecutivo central.

Fumigación, cribado y lavado

El Gobierno central también señala que la Orden de 6 de agosto de 2001 establece medidas generales y urgentes para el tratamiento de arenas procedentes del continente africano, destinadas al uso de la construcción, asfaltado o cualquier otro, con excepción de la generación de playas por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

En dicha norma, expone, se recoge que las arenas procedentes de África con destino a Canarias, para ser utilizadas en la construcción, deberán ser sometidas cuando procedan de canteras superficiales a tratamientos de carácter alternativo tales como la fumigación integrada, el cribado, el lavado en agua salada y esterilización térmica.

Estos tratamientos, matizan, deberán ser justificados mediante el correspondiente certificado expedido por empresas homologadas. Los áridos que proceden del fondo marino no necesitan este tratamiento de limpieza.

Finalmente, la respuesta gubernamental indica que el incumplimiento de la obligación de tratamiento, sería en todo caso una infracción administrativa, siendo el Gobierno de Canarias la autoridad competente que ostenta la potestad sancionadora de paralizar la actividad de forma cautelar o definitiva.