El recurso que presentó el Gobierno de Canarias contra la anulación del Plan Especial de La Geria, a través de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y sin que su interposición fuese compartida por la Consejería de Política Territorial, según dijo en el Parlamento su titular, Nieves Lady Barreto, advertía que la sentencia “afecta a un gran número de situaciones”.

“En concreto”, se señalaba al final del recurso, “la actividad de la Agencia de Protección del Medio Urbano y natural puede verse afectada, ralentizada, en relación a la ejecución de resoluciones de restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad alterada y transformada, si no hay seguridad jurídica respecto a la vigencia y eficacia” del Plan de La Geria.

En el recurso del Gobierno, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se cita el caso de una vivienda, ubicada en la zona de La Caldera y la Caldera Honda, en San Bartolomé, con orden de demolición que fue dictada en febrero de 1993.  

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) señaló para el pasado 14 de diciembre la demolición del inmueble, que ha sido paralizada de forma cautelar por el Juzgado, al haberse interpuesto por el propietario un recurso contencioso administrativo contra la ejecución forzosa del derribo.

El propietario de la vivienda defiende en el Juzgado de lo contencioso administrativo que la “nueva ordenación” del espacio protegido de La Geria permitiría la “legalización del inmueble”, encontrándose “en trámite el expediente para esta legalización”.

En cambio, el Gobierno alega que “no se ha producido un cambio en las circunstancias que impida la ejecución de la orden de demolición” y que el Plan de La Geria aprobado en 2014, y ahora anulado, “no permite la legalización de las obras”, como “demuestra el hecho” de que el dueño de la edificación lo impugnase en los tribunales.

Caso Stratvs

En el recurso del Gobierno también se hacía hincapié en la existencia de “procedimientos penales” en los que “sin duda alguna” el Plan Especial de La Geria “tiene una enorme trascendencia para su resolución final”.

En ese sentido, el Gobierno cita el caso Stratvs, en el que la Fiscalía pide para el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, 15 años de prisión, además de la demolición de la bodega y del resto de instalaciones construidas de forma ilegal.

En su escrito de defensa, el empresario sostiene que “desde la aprobación del Plan Especial del paisaje protegido de La Geria”, en julio de 2014, “la bodega se encuentra perfectamente legalizada”.

Su abogado, José Antonio Choclán, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, se sostiene que el “debate” urbanístico sobre Stratvs “carece de sentido a día de hoy” con el Plan de La Geria. El escrito de defensa se presentó antes de la anulación del Plan de La Geria.

En su opinión, la aprobación del Plan y el “reconocimiento expreso” de Stratvs como una de las diez bodegas incluidas en el espacio natural protegido “ha supuesto la legalización” de las instalaciones, a pesar “de que se pudiera acreditar” que “no se adecuó en el momento de su construcción a la legislación”.

Para sostener la “indiscutible legalidad de la bodega Stratvs” tras la aprobación del Plan Especial de La Geria, una de sus principales líneas de defensa, el letrado de Rosa aporta dos informes periciales, uno de ellos elaborado por el catedrático Francisco Villar Rojas, uno de los redactores de la nueva Ley del Suelo.