El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó, con los votos favorables del Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias y del grupo de Gobierno, la abstención del resto de fuerzas políticas y ningún voto en contra, solicitar un informe a los servicios jurídicos de la institución que aclare la “seguridad jurídica” del convenio suscrito en 2006 por el Cabildo con la mercantil Yudaya.

El convenio, firmado bajo la presidencia de Inés Rojas (CC), en la etapa de Carlos Espino (PSOE) en la Consejería de Política Territorial, supuso la retirada del pleito del Cabildo contra la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción de un hotel de 826 plazas turísticas a cambio de que la empresa se comprometiese a no construirlo hasta después de 2010. El hotel no se ha construido.

En el convenio también se acordaba que la empresa redujese el número de plazas del proyecto inicial del hotel en 36 puesto que la compañía sí había construido un complejo de apartamentos de 83 camas, así como  el cambio de uso de dos parcelas, de turístico a comercial.

Durante la sesión plenaria, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, explicó que "ante la reciente aprobación del Plan General de Yaiza y el proceso actual de aprobación inicial del planeamiento insular, se ha considerado precisamente para garantizar la seguridad jurídica revisar los convenios que a día de hoy hay suscritos entre el Cabildo y los promotores del plan parcial Montaña Roja y el plan parcial de Playa Blanca, así como el que fue actualizado el pasado año con Yudaya”.

Al respecto, el presidente manifestó su "preocupación por la propuesta del convenio con Yudaya, ya que el del año 2006 no fue elevado ni siquiera a la consideración del pleno del Cabildo y esto pudiera generar algún tipo de inseguridad jurídica".

Un informe del director insular de Política Territorial, Miguel Ángel Santana, concluye que el convenio no fue elevado al pleno de la Corporación, al que ni siquiera se dio cuenta al mismo, ni tampoco al Ayuntamiento de Yaiza.

En este sentido, el director insular considera en su informe que "se debió dar cuenta del mismo al pleno, en calidad de órgano de control y fiscalizador de los órganos de Gobierno", dado que explica que en realidad este es un "convenio urbanístico de planeamiento", en la medida que se dilucidaron cuestiones que tenían que ver tanto con la ordenación territorial, como con la urbanística y que afectaban al Plan Insular de Ordenación y Plan General de Ordenación de Yaiza.

En este informe se especifica además que en el convenio se contemplaban cuestiones "que no sólo afectaban a la materialización de plazas turísticas, sino a cuestiones que afectaban a la futura revisión de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial de Castillo del Águila, mediante la modificación de usos previstos en el Plan Parcial, competencias estas propias del planeamiento urbanístico municipal, por lo se considera que hubiese sido adecuado, haber dado audiencia y parte en el mismo al Ayuntamiento de Yaiza".

En función del acuerdo plenario aprobado este viernes por el pleno, los servicios jurídicos del Cabildo emitirán un informe jurídico sobre el citado convenio de cara a “poder ser revisado y garantizar la seguridad jurídica del mismo y de la Corporación”.

En el convenio también se establecía que la empresa tenía que asumir el importe de los honorarios profesionales de la representación procesal del Cabildo de Lanzarote en el procedimiento judicial. El pleno del Cabildo acordó solicitar a la empresa que informe sobre cuáles fueron los pagos realizados al letrado que representaba a la Corporación insular, Agustín Domingo Acosta.

El informe del director insular de Política Territorial concluye que se considera “adecuada” esa “estipulación” y que los honorarios “se debieron ajustar” a los “presupuestados a la entidad insular y a las costas que, en su caso, se hubiese impuesto por los tribunales”.