El Gobierno de Canarias ha publicado este jueves el Plan Hidrológico de Lanzarote, después de que en mayo suspendiera el que estaba vigente, que se remontaba a 2001, para cumplir con la directiva europea que obligaba a que España adaptase el planeamiento de las demarcaciones hidrográficas antes de 2010.

“El incumplimiento de los plazos previstos” dio origen “a un procedimiento sancionador” a España, obligando de forma “inmediata” a suspender el planeamiento anterior y aprobar una nueva normativa para evitar “sanciones” que repercutirían en la comunidad autónoma canaria.

En el caso de Lanzarote, la suspensión del Plan Hidrológico se adoptó por el Gobierno regional el pasado 18 de mayo y este jueves ha publicado de forma oficial las normas de aplicación “transitoria” hasta que se lleve a cabo por el Consejo Insular de Aguas una nueva “ordenación hidrológica”.

El nuevo Plan Hidrológico Insular es una de las asignaturas pendientes de Lanzarote en materia de planeamiento: el avance se aprobó en abril de 2011 y, en el cronograma previsto entonces, que ya nació desfasado, se apuntaba que comenzaría a aplicarse a comienzos del año siguiente.

El Plan Hidrológico reserva la desalación en exclusiva al Consorcio e impide prorrogar las autorizaciones para las plantas de autoconsumo

En el documento de avance se abría la posibilidad de instalar plantas desaladoras privadas, con la autorización del Consejo Insular de Aguas. En cambio, en el Plan publicado este jueves en el boletín oficial se establece que “la gestión a nivel insular de la desalación de agua para abastecimiento urbano, turístico y usos complementarios, industrial y agrícola, está reservada y corresponde exclusivamente al Consorcio de Aguas de Lanzarote”.

Por ello, se añade, “no se autorizará ni se concederá la instalación de nuevas plantas desaladoras por la iniciativa privada”, salvo que excepciones concretas. Así, “los titulares de plantas desaladoras con autorización para autoconsumo mantendrán su vigencia hasta el plazo” del permiso o bien antes de que concluya “previo acuerdo” con el organismo público. Eso sí, “en ningún momento”, se recalca, podrá “superarse” el plazo inicial de la autorización.