El Juzgado de lo social número 1 de Arrecife ha dictado un auto por el que obliga a Canal Gestión Lanzarote a ejecutar una sentencia del pasado mes de abril sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo a un empleado de la empresa de aguas.

En diciembre del año pasado cambiaron, según señala la sentencia, “de forma injustificada” a uno de los trabajadores de su puesto y su horario. La empresa alegó que se hacía imposible continuar con las condiciones anteriores porque se había externalizado el servicio que llevaba a cabo el trabajador, que es conductor de camión.

La empresa alegaba que ese camión, al haber externalizado el servicio, solamente hace funciones complementarias, con unas 10 o 15 horas semanales, y que si se cumpliera el fallo, el trabajador no tendría trabajo efectivo, por lo que considera que el fallo ya está ejecutado.

El trabajador no estaba de acuerdo con la ejecución de la sentencia, tras haber ganado e instó su ejecución. El Juzgado le dio la razón y le dice que las cuestiones ya quedaron resueltas en el juicio y que la ejecución sirve para dar cumplimiento a lo acordado y no para revisarlo. Por otra parte, respecto a la posibilidad de extinguir el contrato, señala que es una facultad que le corresponde al trabajador, no a la empresa.

El Juzgado le dio la razón al empleado y le dice que las cuestiones ya quedaron resueltas en el juicio y que la ejecución sirve para dar cumplimiento a lo acordado y no para revisarlo

Canal Gestión decidió despedir en 2017 a 69 trabajadores que tenían contratos de obra o servicio desde hacía varios años. La Inspección de Trabajo había obligado previamente a la empresa a hacer fijos a estos trabajadores, pero la empresa se negó y la plantilla inició una huelga en octubre de ese año, que posteriormente quedó suspendida.

Después, los trabajadores, que presentaron demandas por despido nulo y por vulneración de derechos, fueron ganando en los tribunales y tuvieron que ser readmitidos. En los últimos cuatro años, Canal Gestión Lanzarote ha pagado más de 355.000 euros en indemnizaciones a trabajadores por pleitos perdidos en los tribunales.