El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha abierto juicio oral por otra de las piezas del caso Montecarlo. Es la tercera en llegar a esta fase judicial. Ya hay sentencia condenatoria de la pieza relacionada con La Oliva, está previsto para marzo el juicio por la pieza de San Bartolomé y ésta, la pieza conocida como la de los pliegos de condiciones, es la primera de las tres relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife. Por esta pieza se sentarán en el banquillo el exinterventor municipal Carlos Sáenz, actualmente en prisión por una de las piezas de Unión, su socio José Vicente Montesinos, el abogado Federico Toledo y el exconcejal en San Bartolomé Javier Betancort, que hizo trabajos para las empresas de Montesinos.

La Fiscalía presentó su calificación en mayo de 2016 por los delitos de prevaricación, malversación de caudales, falsedad en documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales, con petición de penas que oscilan entre los cuatro años de cárcel para Toledo y los cinco años y diez meses para  Betancort hasta más de 15 años para los otros dos acusados. En esta pieza también participa el Ayuntamiento de Arrecife, como acusador particular y Acción cívica contra la corrupción, como acusador popular.

El auto del Juzgado considera que procede, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar al Ayuntamiento de Arrecife con el dinero defraudado, que asciende a 310.000 euros. Acuerda que se decomisen las cantidades que el interventor ingresó en efectivo entre 2002 y 2012 en tres cuentas de su propiedad, así como el decomiso de los saldos de las empresas Recingest, Gestecal y Progestril, de un bien inmueble de esa sociedad que se encuentra en Puerto del Rosario y de varios vehículos.

Asimismo, el juez solicita que los acusados depositen fianza para asegurar la responsabilidad pecuniaria y decreta el embargo de sus bienes en caso de que no la depositaran. De esta forma, exige fianzas de hasta 413.000 euros para Sáenz y Montesinos, mientras que para Betancort la fianza es de 381.000 euros y, para Toledo, de casi 90.000. El caso lo juzgará la Audiencia Provincial de Las Palmas en una fecha aún por determinar. También pide la prórroga inmediata de las anotaciones preventivas de embargo y la prohibición de disponer de los bienes muebles e inmuebles que se practicaron en el año 2012. Como ha transcurrido el plazo máximo para el embargo, que es de cuatro años, el juez ordena que se vuelvan a acordar esos embargos.

En esta pieza se investiga un presunto desfalco de casi 330.000 euros a través de encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010

En esta pieza se investiga un presunto desfalco de casi 330.000 euros a través de encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010. Según la acusación, Betancort trabajaba para esas empresas y había conocido tanto a Montesinos como a Sáenz cuando era concejal de Hacienda con el PP en San Bartolomé, donde ambos habían prestado sus servicios, uno como representante de esas sociedades y el otro como interventor.

Al exconcejal se le encargaba que redactara pliegos de condiciones para llevar a cabo concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no se llevaban a cabo, según los escritos de acusación. Por esos pliegos cobraban entre 15.000 y 18.000 euros, el límite del contrato menor y de adjudicación directa. Betancort se encargaba de hacer de “nexo entre las partes” y de gestionar los contratos, así como de presentar los pliegos, las facturas y hacer el seguimiento para que fueran pagadas.

Los pliegos “eran idénticos en contenido y en número de páginas y solo se cambiaba el tipo de suministro en cada ocasión”, según la acusación. De hecho, se podían haber obtenido, sin coste alguno, de la página web del Gobierno de Canarias, añade. Entre los contratos, además de labores de asesoramiento, había pliegos para suministros de combustible para el parque móvil, para la Policía Local, de material de limpieza, de material de librería, de cemento, papelería, ferretería, pintura, suministros eléctricos, repuesto de vehículos, software o asfalto.

Según las acusaciones, las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario le pagaba a Sáenz. Casi todas las facturas se pagaron entre 2009 y 2010. En 2011 Montesinos reclamó por la vía judicial el pago de esas facturas. Según el escrito de acusación de Arrecife, el Ayuntamiento contrató para este pleito al abogado Federico Toledo, que había sido compañero de partido de Betancort en el PP, y que “de forma consciente y malintencionada no ejerció su labor de forma profesional”.

Esas facturas, finalmente, fueron reconocidas y pagadas, con certificaciones de legitimidad por parte del propio interventor y gracias a un reconocimiento extrajudicial de crédito para proveedores locales promovido por el Gobierno central. Fue el 14 de mayo de 2012, solo 15 días antes de que estallara la operación y detuvieran al interventor, entre otros.