La operación Lezo ha removido los cimientos de Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña que gestiona el ciclo integral del agua en Lanzarote mediante su filial Canal Gestión Lanzarote, que a su vez depende de la sociedad anónima creada por Canal para sus inversiones fuera de Madrid. Las primeras consecuencias para la empresa ya son claras. El Partido Popular que gobierna en Madrid junto a Ciudadanos, ya ha anunciado la venta de todas sus filiales en América, cuyas operaciones de compra venta están salpicadas de corrupción.

El proceso de privatización también se va a frenar. El grupo de gobierno ha propuesto también que se garantice la titularidad pública de Canal de Isabel II y de su sociedad anónima, mientras que Podemos y PSOE piden que se disuelva Canal Gestión y que el control pase a manos del Canal de forma directa. Otra consecuencia es que el Canal se someterá a la Ley de transparencia de la Comunidad de Madrid y sus filiales, como la de Lanzarote, se someterán al Código ético y de buen gobierno elaborado y aprobado por la empresa pública. Ahora, la cuestión es saber si el nuevo rumbo en la empresa afectará a Lanzarote.

El pasado 11 de mayo se celebró un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid sobre Canal de Isabel II. Tras el pleno, los cuatro grupos con representación (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) plantearon propuestas de resolución, que se votaron y se aprobaron todas. Una de las propuestas de los populares, en la que se solicita la desinversión en las filiales extranjeras en un proceso “ordenado, transparente y que asegure los intereses de los madrileños”, incluye también que se proceda a un “análisis y reflexión sobre la presencia del Canal de Isabel II fuera de la Comunidad de Madrid”, lo que afecta tanto al agua de Lanzarote como a la de Cáceres, también gestionada por esta empresa. En este último caso, el Ayuntamiento de Cáceres ha impuesto a Canal Gestión una multa de 110.000 por incumplir doce condiciones del contrato, ocho de ellas de carácter grave.

Por su parte, Ciudadanos, el socio del PP en Madrid, presentó una resolución en la que propone “la desinversión gradual por parte del Canal de Isabel II de las sociedades fuera del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid” y la creación de un plan de reestructuración del Canal de Isabel II basado en la eficiencia de los recursos y con el objetivo de dar un mejor servicio público.

Esta última propuesta afectaría de lleno a Canal Gestión Lanzarote, que tiene la concesión del agua en la Isla hasta el año 2043, pero que pasará a depender de decisiones políticas de quien gobierne en la Comunidad de Madrid, tanto ahora como en un futuro. PSOE y Podemos piden la disolución de la sociedad anónima y que las filiales sean controladas por el ente público, “subrogando todos los contratos y convenios en vigor y procediendo a la disolución y liquidación de Canal Gestión, S.A.”. Podemos pide que esa salida se produzca en el plazo de un año.

El diputado socialista de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, señala en conversación telefónica, que no tiene sentido que siga existiendo Canal Gestión porque se pueden subrogar todos los contratos en el ente público, que está controlado por el gobierno de la Comunidad de Madrid.

El PP de Madrid propone reflexionar sobre las inversiones de Canal de Isabel II Gestión fuera de la capital y Ciudadanos pide una desinversión gradual. Podemos y PSOE piden su disolución

“Parece que PP y Ciudadanos se apuntan a salir de Lanzarote, algo que no habían dicho hasta ahora”, señala Lobato. “Si vamos a ir a objetivos de gestión pública, hay riesgo de que se salga de la gestión de Lanzarote, aunque no sería a corto plazo porque habría que cumplir con todos los compromisos y obligaciones”, asegura. “En caso de llegar al gobierno, no contemplamos la gestión en Lanzarote como uno de los objetivos de Canal de Isabel II pero tampoco romperíamos el contrato en tres meses, hasta que no viéramos si hay una salida lógica que no suponga perjuicios para nadie”, apunta.

Alejandro Sánchez, diputado en la misma Asamblea por Podemos, señala que Canal se debe concentrar en la Comunidad de Madrid. “Se han metido en el presupuesto de la Comunidad veinte millones más para Lanzarote, así que da la impresión de que la inversión no estaba muy ajustada”, dice, y añade que “estas aventuras empresariales de Ignacio González se deben dejar en manos del Consorcio del agua de Lanzarote”, asegura.

Podemos sí que está de acuerdo en que Canal sea socio tecnológico pero que no explote el agua de otros lugares. “No entendemos que se haga desde una óptica mercantil, que se gane dinero en otros lugares, porque eso es lo que ha generado toda la corrupción que estamos viendo”, asegura. Desde Podemos señalan que si tuvieran responsabilidades de gobierno intentarían que el agua de Lanzarote quedara en manos públicas, si quieren los lanzaroteños.