El fiscal Miguel Pallarés ha enviado un escrito a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que debe resolver la apelación sobre el pleito contra la orden de derribo parcial de su casa en la urbanización de La Bufona, en Arrecife.

La orden de derribo fue dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Pallarés plantea al TSJC que se considere que los hechos ya son cosa juzgada, al haber una sentencia de la Audiencia Provincial en el denominado caso La Bufona ordenando el mismo derribo.

La Apmun ordenó esos derribos en el año 2011, y los dueños de las casas, entre los que se encuentra Pallarés, recurrieron la orden, perdieron y apelaron.

Ahora el ex fiscal coordinador de Arrecife, en la actualidad destinado en Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido renunciar a esa apelación. La sentencia de la Audiencia Provincial, por la vía penal, obliga a los promotores de la urbanización a derribar una parte de las casas que está en suelo rústico.

El Juzgado ha dado un plazo de seis meses para que se ejecuten los derribos. No obstante, el promotor Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro han pedido que se aclare la sentencia porque consideran que ellos sólo construyeron el muro perimetral de las casas.

Así, promotor y constructor defienden que el resto de las construcciones dentro de suelo rústico fueron ejecutadas por los propietarios posteriormente, y que se les condena a derribar algo que no construyeron sin que se les dé acceso a la vivienda por parte de los vecinos para ejecutar ese derribo.

Los vecinos, por su parte, han señalado que exigirán responsabilidades al Ayuntamiento de Arrecife y a la Apmun, además de que estudian posibles contra los promotores de la urbanización.

Casas afectadas por la sentencia de la Audiencia Provincial. Foto: De la Cruz.

Réplica de Murillo

Por otro lado, la familia Murillo, denunciante del caso La Bufona, ha salido al paso del comunicado enviado esta semana por la asociación de vecinos de La Bufona, Almadracha. Murillo señala que ha puesto en conocimiento del fiscal jefe de Canarias la situación de las viviendas de esa urbanización “para proteger a decenas y decenas de familias compradoras de viviendas en la Urbanización La Bufona-Interior” y para que no se les oculte información.

En ese escrito advierte de que no sólo las 14 casas de la calle Chabusquillo se encuentran en situación irregular, sino también el resto de las viviendas, que podrían ser “objeto de obligada demolición, no sólo por haber sido edificadas sobre suelo rústico de protección, sino también al haber podido ser construidas sobre viales, zonas verdes, aparcamientos públicos y demás zonas de dominio público municipal”.

Murilllo destaca que “para poder otorgar el Ayuntamiento de Arrecife licencias de obra para edificar en La Bufona, antes tendría la promotora que haber cumplido con sus deberes con el Ayuntamiento y haber realizado las cesiones obligatorias de suelo” y que el actual concejal de Urbanismo, Samuel Martín, ha reconocido que aún no se han llevado a cabo esas cesiones obligatorias.

Petición al Ayuntamiento

La familia Murillo, propietaria del terreno rústico sobre el que se asientan las casas, solicitó en agosto del año pasado al concejal Samuel Martín que identificara “al funcionario del Ayuntamiento que autorizó los proyectos de urbanización que presentó del arquitecto Federico Echevarría, para construir aparentemente de forma ilegal en La Bufona, sobre suelo rústico protegido, sobre viales, sobre zonas verdes, son espacios públicos, sobre aparcamientos públicos, y todo ello sin haber cumplido previamente con las cesiones obligatorias de suelo al Ayuntamiento, que sería condición ineludible para poder conceder licencias de obra”. Hasta ahora, la solicitud no ha obtenido respuesta.