La pieza del caso Montecarlo relacionada con el Ayuntamiento de La Oliva se ha saldado con una condena de un año y seis meses de prisión para el interventor Carlos Sáenz, que también estaba al frente de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, en Lanzarote.

La Audiencia Provincial ha impuesto a Carlos Sáenz también tres años de inhabilitación "para empleo o cargo público que tenga relación con la gestión de fondos públicos". A Sáenz se le aplica la circunstancia atenuante de confesión. En la actualidad, cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por el desfalco de 250.000 euros en el Ayuntamiento de Arrecife, en el caso Proselan.

Por su parte, José Vicente Montesinos, contratado como recaudador del Ayuntamiento de La Oliva, ha sido condenado a cinco años de cárcel e inhabilitación durante un periodo de nueve años. Tanto Sáenz como Montesinos han sido condenados como responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Por su parte, el otro acusado, el exconcejal de Hacienda, Guillermo Morera, ha sido condenado por un delito de prevaricación a un total de 10 años de inhabilitación: siete de ellos para cargos municipales y tres para la gestión de fondos públicos.

La sentencia de la Audiencia Provincial considera acreditado que se produjo un desfalco de 442.489 euros "procedentes de fondos propiedad del Ayuntamiento de La Oliva", que Montesinos "hizo suyos a los largo de los años 2006 a 2008".

En ese sentido, tendrán que indemnizar al Ayuntamiento de La Oliva por el citado importe más los intereses correspondientes, según la sentencia de la Audiencia Provincial, contra la que cabe recurso de casación.

Según la sentencia, la actividad de recaudación de tributos municipales del Ayuntamiento estaba externalizada en la empresa Gestributos. Su responsable manifestó en 2005 a Carlos Sáenz su "deseo" de jubilarse y dejar por tanto la labor de recaudador.

En marzo de 2006 se materializó el traspaso de las tareas de recaudación a una empresa de Montesinos, Tributos La Oliva, "sin necesidad de concurrir a proceso alguno de adjudicación", mediante "una auténtica cesión del contrato" pero "sin cumplir las formalidades exigidas en el pliego de contratación".

Después de que Tributos La Oliva empezó a gestionar la recaudación municipal, y "de común acuerdo" con el interventor Carlos Sáenz, se comenzó a "detraer" dinero de las cantidades que la empresa "cobraba en efectivo" por pagos realizados de los diferentes tributos del Ayuntamiento que se cobraban en ventanilla.

Fondos retirados de la "caja fuerte"

La Audiencia señala que había dinero que se recaudaba "sin que se llevase a cabo la liquidación prevista en el pliego de adjudicación" del servicio de recaudación municipal. En ese sentido, la sentencia destaca que no se realizaba "control alguno" sobre la "operativa" de la empresa por quien era el responsable municipal de hacerlo, el interventor Carlos Sáenz.

Así, se retiraron "de la caja fuerte en la que se ingresaban los importes abonados por los contribuyentes en concepto de pagos de tributos municipales", entre los años 2006 y 2008 fuertes sumas de dinero. La sentencia apunta a los citados 442.489 euros que pertenecían al Ayuntamiento de La Oliva.

Ese dinero, añade la resolución judicial, se "destinó a usos propios" o de la empresa de Montesinos. De tal manera, la Audiencia considera acreditado que parte de esos fondos se destinaron a adquirir un vehículo de la marca Volvo para uso particular.