La jurista de la Oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Joana Macías, señaló durante su comparecencia como perito en la vista oral del caso Stratvs que el exdirector insular del Territorio, Rafael Martín, un cargo político, la designó para que hiciera el peritaje encargado por el Juzgado sobre Stratvs.

Macías dijo este jueves que ese peritaje solo lo podía hacer ella porque los otros dos juristas estaban recusados, uno por Juan Francisco Rosa, y otra porque es sobrina de Felipe Fernández Camero, abogado de Rosa.

Aseguró que Rosa y Camero se reunieron en el Cabildo conel entonces director insular y que este se llevó el informe para su reunión. Martín dijo a Macías que había que “conciliar” las periciales y pasárselas tanto a él como a la asesoría jurídica del Cabildo, gobernado entonces por Pedro San Ginés (CC), que ordenó emitir una circular en ese sentido. “Fue la primera y la última vez”, dijo.

Después de ese informe desfavorable para la bodega Stratvs, durante seis años los informes para los Juzgados que le encargaron “se pueden contar con los dedos de una mano”, dijo Macías.

Este episodio dio pie a una sonada polémica dentro del Cabildo que trascendió públicamente. San Ginés llegó a decir que Macías ponía al Cabildo “a los pies de los caballos” con su informe, que se envió al Juzgado junto a otro informe “aclaratorio”.

Macías declaró que el proyecto para la bodega, planteado como un almacén de 900 metros cuadrados, tampoco se podía haber aprobado por parte del Gobierno. Dijo que la autorización permitiendo ese proyecto  fue una “derogación singular de un planeamiento”.

Además, aseguró que la bodega no es legalizable y que entre los recursos naturales protegidos está el suelo de La Geria pero también el subsuelo.  “La capa de rofe es oro negro”, afirmó.

Por otra parte, tanto Macías como dos aparejadores de la oficina técnica, Amada Fontes y Gustavo Navarro, señalaron que la bodega no se podía haber autorizado en ese tipo de suelo.

Fontes fijo que según el PIO, el suelo no era apto y era incompatible con la construcción de edificios y movimiento de tierras.

Navarro señaló que no era autorizable ni es legalizable. Afirmó que la bodega tiene más de 3.500 metros cuadrados edificados sin contar con la parte pavimentada, y que está toda sobre rasante.