El Cabildo de Lanzarote debate este viernes si cuando un consejero resulta “imputado por corrupción” se le aparte, a la espera de sentencia firme, “de cualquier representación de la Corporación, tanto en órganos colegiados de gobierno” como en “patronatos, entes o fundaciones”.

La propuesta incluye que al consejero imputado en un caso de corrupción “se le retiren” también “todas las responsabilidades que tuviera dentro de la Corporación” y que, “si se tratara del presidente”, delegase en el vicepresidente “todas sus competencias salvo las que sean indelegables” por ley.

Además, la iniciativa que será abordada en el pleno ordinario del Cabildo contempla que al imputado le sea retirada “toda retribución concerniente al ejercicio de su cargo como representante público”, es decir, que no pueda estar liberado por la institución.

La moción parte de Alternativa Ciudadana y persigue un acuerdo de los grupos del Cabildo para dar una respuesta política consensuada ante la imputación de consejeros en casos de corrupción.

Cabe destacar que la decisión de asignar áreas de responsabilidad a un consejero, liberarlo para que cobre un sueldo de la institución o que sea el representante del Cabildo en otros organismos o entidades suele ser una potestad discrecional del presidente.

Lo que pretende Alternativa Ciudadana con esta iniciativa, tal y como destaca en la moción, es evitar la “desafección” que generan los casos de corrupción en la sociedad lanzaroteña, “uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta”.

La propuesta plantea un acuerdo político para que no se de responsabilidades de gobierno ni sueldo al investigado por corrupción

“Creemos firmemente que las instituciones tienen que reaccionar de forma urgente y tajante frente a estos casos de corrupción”, “dignificando la marca Lanzarote” y “dando ejemplo”, añade la propuesta.

“La intervención judicial es en muchos casos lenta” y por ello “no es conveniente dejar todo el trabajo en esa vertiente, realizando desde el poder político todas aquellas acciones que ayuden a esclarecer malas prácticas”, concluye la iniciativa de AC.

En la actualidad, en el Cabildo hay un consejero imputado, Sergio Machín, implicado en el denominado caso Enredadera, instruido por la juez Alaya, al que se le atribuye un presunto delito de cohecho.

Machín es portavoz de Coalición Canaria y, aunque no tiene áreas de gobierno, gracias a esa condición está liberado y no tiene que trabajar como docente, su puesto de trabajo antes de acceder al cargo.