La ex alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, reconoció durante la vista oral del juicio de La Bufona de este martes que en el Ayuntamiento había una orden de paralización de las obras en La Bufona que había recibido la anterior alcaldesa, Manuela Armas, y que “no se hizo nada”. Por esa inacción, según Déniz, se subrogó las competencias la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun). “No se podía hacer nada porque se había subrogado la Apmun”, dijo.

Déniz declaró como testigo. Su testimonio había sido solicitado por la acusación particular, que recordó que había pedido su imputación durante el procedimiento en numerosas ocasiones. Según Déniz ella no dio licencias en esa urbanización aunque consta que se otorgaron licencias de pérgolas y cerramientos.

La ex alcaldesa dijo que tendrían informes jurídicos y técnicos favorables. “Nunca he dado una licencia que no cumpla esos requisitos”, aseguró. También señaló que nadie le advirtió de las irregularidades en La Bufona aunque el asunto “era recurrente en los medios”.

La abogada de la acusación particular afirmó que Déniz aprobó segregaciones de 600 metros en ese plan parcial cunado era concejal de urbanismo en 1996, y el mínimo que se podía segregar eran 2.000 metros. Tampoco aclaró qué persona del Ayuntamiento le daba la información de que todo estaba bien.

Los propietarios

Durante la jornada declararon siete propietarios de casas en la calle Chabusquillo, afectadas todas por una orden de demolición de pérgolas, piscinas, algunos muros y otras construcciones, según la Apmun. Prácticamente todos declararon en la misma línea: les entregaron las llaves de las casas nada más firmar la escritura en el año 2000 (algunos compraron sobre plano años antes), tenían luz, agua y cédula de habitabilidad, “todo en orden”, casi todos tenían el agujero para la piscina hecho por Brisa Inversiones (y se pagó aparte).

Después todos construyeron por su cuenta las piscinas, ampliaciones de la cocina, solanas o varias habitaciones. En algún caso la ampliación llegó hasta los sesenta metros cuadrados. Excepto el fiscal Pallarés y otro propietario, ninguno pidió licencia para estas obras.

Tampoco supo explicar nadie por qué hay tanta diferencia entre la superficie de las parcelas y las casas que aparece en el Registro, y la que aparece en el catastro, que es mucho mayor. Las diferencias son de más de cien metros cuadrados. En un caso, en la escritura aparecen 68 metros y la casa tiene 219. Tampoco dio nadie explicación a por qué no se pagaba el IBI.

Todos declararon que compraron las casas ya terminadas y con el muro hecho, lo que significaría que la invasión del terreno rústico fue responsabilidad de los promotores y no de los compradores. Casi todos dijeron que de las irregularidades se enteraron por la prensa. Uno de ellos, incluso, dijo que la primera noticia que tuvo fue en 2011.

Algunas frases de los propietarios

- “Si llego a saber que es suelo protegido, nadie lo hubiera comprado”.

- “No supe que hubo un precinto. Si lo hubiese sabido no hubiera comprado la casa”.

- “No nos dijeron que la parcela era más grande que en la escritura”.

- “Me siento engañado por Antonio Caro” (el constructor de las viviendas).

- “En el Ayuntamiento no me dijeron nada aunque no me sorprende con los casos que ha habido en este municipio”.

- “Cerré la piscina porque entra mucha tierra”. (El suelo es rústico de protección de jable).