Tras una larga trayectoria en la judicatura, el magistrado Juan José Cobo Plana solicitó en 2006 una excedencia para ejercer como abogado. Aquella decisión fue el punto de inflexión que cambiaría su carrera y su óptica profesional para siempre. “A todos los jueces les recomendaría que se pusieran al otro lado de la barrera”, explicó el magistrado en la jornada sobre bienestar social organizada por el Partido Socialista de Lanzarote en Playa Honda. 

Durante su etapa como letrado, Cobo Plana atendió a más de 150 pequeños empresarios en concurso de acreedores, sufridores de la crisis global. “Una de las cosas que más me impresionó fue la dureza con la que los bancos tratan a los clientes que dejan de pagar”, explicó. El juez, que hoy ejerce como magistrado en el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife, cambió de posición: de ser recibido en el despacho del director de la sucursal bancaria a ser testigo de las humillaciones infligidas por la sucursal a sus clientes.

Tras su experiencia en la abogacía, vino a Lanzarote a ejercer con una sensibilidad especial,  “para ser un juez para la gente normal y corriente”. Sostiene que “no hay dos cosas más contrarias” que el bienestar social y una ejecución hipotecaria, porque esta última figura es “un procedimiento injusto que siempre favorece a la parte dominante”.

Hasta hace poco, e igual que miles de españoles, ni Cobo Plana conocía el interés moratorio de su vivienda. “Es el interés que se aplica cuando dejamos de pagar el préstamo hipotecario”, definió. Suele ser tan alto (19 o 21 por ciento), que algunos jueces empezaron a considerarlos  usurarios, y por tanto punibles. En mayo de 2013, el Tribunal Supremo abrió la posibilidad de  que los jueces anulasen préstamos hipotecarios si determinaban que las cláusulas eran abusivas. Desde entonces, Cobo Plana ha anulado un centenar de procedimientos, porque los bancos establecieron unilateralmente intereses manifiestamente desproporcionados.

Rosa Aguilar: “El que mete la mano en el cajón, que pague”

Fue parte del equipo ministerial de José Luis Rodríguez Zapatero ocupando la cartera de Medio Ambiente y ejerció como alcaldesa de Córdoba. Quizás por su larga trayectoria en primera línea política, esta abogada y diputada cordobesa fue consciente en Lanzarote de la necesaria autocrítica: “Nos hemos podido equivocar, pero en política no somos todos iguales”. Aguilar diagnosticó el deterioro del estado del bienestar. Las ayudas de emergencia social “se han incrementado en un 200 por ciento” pero el Gobierno ha recortado en política social.

Los ayuntamientos han visto reducido en un 66 por ciento su financiación para Servicios Sociales básicos. Los presupuestos estatales no destinan dinero para el Plan de Discapacidad, ni para la tele asistencia, ni para el envejecimiento activo, ni para la Ley de Dependencia. “Se está expulsando del sistema a mucha gente. Una parte de la  población es invisible”, dijo Aguilar, que concluyó con dos demandas: “A las instituciones hay que ponerles paredes de cristal para que el que meta mano en el cajón lo pague. Si participamos, saldremos de la crisis”.