Coalición Canaria (CC), que acaba de entrar en el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, encabezado por Ástrid Pérez (PP), se abstuvo en el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal para formalizar un crédito bancario de 27 millones de euros con el BBVA.

El Ayuntamiento de Arrecife informó en un comunicado de que el órgano de gobierno había aprobado “por mayoría” firmar el crédito de 27 millones de euros, de los que buena parte se dedicarían a saldar la deuda por la expropiación del conocido como solar de Ginory, junto al Charco de San Ginés. Otros 4,5 millones se destinarán a inversiones.

Fuentes de Coalición Canaria indicaron que su postura, ya en la oposición, era que la operación de crédito “no es la fórmula más recomendable” para hacer frente a la deuda de Ginory. Los nacionalistas apostaban por liquidar una parte importante “con cargo a los remanentes” que tiene el Ayuntamiento de Arrecife, para reducir el importe de los intereses del pago de la deuda.

En la Junta de Gobierno, que se celebró el pasado jueves y en la que está representado el PP, Somos y Coalición Canaria, el acuerdo de formalizar el crédito salió adelante con cinco votos a favor y dos abstenciones. Del órgano de gobierno ha salido, de forma voluntaria, el concejal Armando Santana, único edil de Nueva Canarias.

La operación de crédito fue motivo de discusión cuando se aprobó el presupuesto municipal para este año y en la oposición estaban Coalición Canaria y Lanzarote en Pie. Los nacionalistas criticaron entonces que se les había negado el acceso al expediente judicial de Ginory, una pieza de suelo clasificada como suelo de uso público en el Plan General sin que se compensase ni expropiase a los propietarios.

El pleno del Ayuntamiento de Arrecife acordó la creación de una comisión de investigación sobre el solar de Ginory, por el que la institución municipal tiene que pagar 20 millones de euros más intereses.

Los tribunales rechazaron los intentos del Ayuntamiento de discutir sobre la superficie real de la parcela: parte de los terrenos fueron ganados al mar y las fincas a expropiar no eran contiguas ni tenían las dimensiones que se estipulaba en la documentación.

La comisión de investigación se aprobó en marzo, pero casi nueve meses después no se ha puesto en marcha. El argumento dado por el entonces equipo de gobierno, en el que estaba el PSOE, para no facilitar la documentación del expediente judicial a la oposición era que se trataba de un “procedimiento vivo”.

Posturas contrapuestas

Con la operación de crédito de 27 millones de euros, la alcaldesa Ástrid Pérez ha defendido que se abonarían menos intereses por el pago de la deuda de Ginory, que el Juzgado autorizó que fuese satisfecha a plazos, finalizando en 2032, hasta alcanzar un importe de 31 millones de euros.

La parte negativa, según la oposición, es que el Ayuntamiento capitalino, que no tiene deuda bancaria en la actualidad, pasaría a endeudarse en más de un 50 por ciento del límite máximo que permite la legislación, lo que en su opinión puede perjudicar de cara a futuras operaciones que pudieran ser necesarias para inversiones o para cumplir con parámetros de endeudamiento.