Con el catálogo de Patrimonio histórico de Arrecife, los propietarios de los edificios proponen y al final es el equipo redactor del Plan General, bajo el control del Gobierno de Canarias, el que dispone. Estas son algunas de las piezas arquitectónicas más reconocibles de la capital de la Isla y el futuro que les podría esperar:

EL MERCADILLO. El nuevo catálogo otorga una protección integral al edificio que fue sede de la antigua Sociedad Democracia, considerado un “exponente significativo de la arquitectura insular urbana del siglo XIX”. Entre 2006 y 2013 fue Bien de Interés Cultural, pero los tribunales lo anularon por aprobarse tras haber superado los plazos máximos de tramitación.  Puede afirmase, señala el catálogo, “que no existe otra manifestación” arquitectónica “similar en la Isla”. El actual propietario, Juan Francisco Rosa, propone un nivel de protección parcial hasta el patio central, y que se permita intervenir en la parte del edificio más próxima a la calle García de Hita, hacia donde se abriría una fachada.

El propietario del Mercadillo de la calle Real pide abrir una fachada por la parte trasera

RESIDENCIA ALESPA. En el número 50 de la calle Real, el estado de conservación del edificio de “estilo ecléctico con aportes neoclásicos” construido a comienzos del siglo pasado es “regular”. El catálogo destaca su patrio central, la composición de la fachada y sus puertas y ventanas. Se permite restaurar o remodelar el interior, con el aumento de una altura en la parte interior de la parcela. Uno de los propietarios señala en sus alegaciones que el edificio “no es digno de estar catalogado” y no tiene “ningún interés ni valor histórico artístico”. Si se protege la fachada, “de mal gusto”, añade, entiende que deberían dejar actuar “en el resto del edificio”. El Cabildo, en cambio, considera que si se remodela debería mantener sus dos plantas y no tocar la fachada.

HOTEL ORIENTAL. El inmueble data de principios del siglo XIX y el catálogo destaca su “estilo tradicional de la clase acomodada”. La planta alta fue primero vivienda y a comienzos del siglo pasado se abrió el Hotel Oriental, uno de los primeros hoteles que tuvo Arrecife, dirigido por Claudio Toledo. La propiedad pertenece a la familia González Berriel, que años atrás instó la declaración de ruina en el Ayuntamiento. Ahora ha planteado un convenio con el Ayuntamiento para habilitar “un centro comercial de dos plantas” y que se le permita añadir un ático. Considera que se debería rebajar el grado de protección y “permitir el vaciado” del edificio, del que se mantendría la fachada.

Los dueños del Hotel Oriental quien adecuar sus dos plantas como centro comercial

LIBRERÍA LASSO. El nuevo catálogo establece una protección “parcial” del edificio, ubicado en el número 2 de la calle Fajardo. Destaca que es una muestra de “arquitectura tradicional”, permite aumentar dos alturas con un retranqueo desde la fachada y recomienda “restituir” la parte inferior de la fachada, en concreto el hueco que ocupó la entrada y escaparate de la librería, “recuperando su aspecto original”. La actual propietaria es la empresa Faros del Atlántico. Su administrador, Eugenio González Ramentol, considera en unas alegaciones que la protección es “indebida”. “A lo sumo”, estaría dispuesto a admitir la protección no de la fachada, “que carece de mérito, sino la tipología de las ventanas”, “perfectamente incluibles y conservables en la fachada de un edificio enteramente nuevo”.

PLAZUELA. En el número dos de la Plaza de la Constitución se encuentra un edificio que fue cuartel de la Guardia Civil y que, para los redactores del catálogo, es un ejemplo de la “arquitectura residencial tradicional propia de la clase acomodada de la primera década del siglo XX”. El catálogo permite la remodelación interior “sin alterar la esencia tipológica” y aumentar una altura con una planta retranqueada. Las alegaciones de la empresa propietaria, Hormiconsa, son de las más duras que recibe el catálogo. Sostiene que el edificio está en “ruina”, responsabiliza al Ayuntamiento si se desploma y causa daños, y acusa al Consistorio de desplegar “una actuación sistemática bien calculada para evitar” la demolición autorizada en abril de 2005 y de “desviación de poder”.