El centro de Arrecife huele a abandono. La capital de la Isla ha sido incapaz de ordenar de manera efectiva en la última década las piezas arquitectónicas que merecen conservarse. La herramienta clave es el catálogo, un listado de inmuebles y espacios que ha vuelto a generar un encendido debate.

El nuevo catálogo de patrimonio incluye un total de 169 bienes. No se trata sólo de edificaciones antiguas, sino de espacios en los que se fijan condiciones urbanísticas específicas, como limitaciones en el número de plantas que se podrán construir en calles del casco urbano, como la calle Real, el entorno de La Plazuela o en la zona del Charco de San Ginés.

El catálogo ha sufrido una avalancha de alegaciones de propietarios de edificios, que consideran que sus inmuebles carecen de valores arquitectónicos que los hagan merecedores de conservar siquiera la fachada y que se les pone cortapisas para intervenir en sus inmuebles.

En el otro extremo, el departamento insular de Patrimonio Histórico ha propuesto engrosar el listado con otra decena de inmuebles y plantea tener especial cuidado con las intervenciones que la nueva normativa permitirá en muchos de los edificios catalogados.

El viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, apunta que se ha “cambiado” al estudio de arquitectura que elaboró el último catálogo arquitectónico de Arrecife, que será modificado y se volverá a sacar a exposición pública. “Se protegerá sólo lo que merezca ser protegido”, advierte el viceconsejero, que hace hincapié en liberalizar los usos a los que se puedan destinar los inmuebles protegidos, como el comercial o el hotelero, para hacer más atractiva su conservación. No obstante, admite, con el actual listado que está en debate o con menos inmuebles, “el catálogo arquitectónico será siempre muy discutido”.

El patrimonio arquitectónico de la capital de la Isla se desmorona mientras se vuelve a abrir el debate sobre la protección de edificios

En la actualidad está vigente el catálogo arquitectónico del Plan General de Ordenación (PGO) de 2004, que incorpora apenas 19 inmuebles (incluidos los castillos o el Puente de las Bolas). El Plan Insular del Cabildo también protege algunos espacios, como el denominado barrio de San Ginés. El Ayuntamiento aprobó en 2008 un catálogo de unos 70 bienes que fue anulado por los tribunales por defectos formales en su tramitación. Al estar en pleno proceso de revisión, para conceder cualquier licencia urbanística se tiene en cuenta el último listado de 169 bienes.

La Demarcación de Lanzarote del Colegio de Arquitectos destaca el “innegable valor” de algunas de las edificaciones que se quiere proteger, pero de otras opina que su “estado de conservación y características arquitectónicas hace que resulte cuestionable” su inclusión. Además, subraya que “el centro urbano” de Arrecife está “muy castigado por el abandono”.

Alberto Lasso es arquitecto y también propietario en la calle Jacinto Borges. En sus alegaciones al catálogo arquitectónico considera que se cae en el error de “proteger por proteger” y que la “reducción de alturas” previstas en el considerado casco histórico provocará “la paralización y muerte del centro de la ciudad al imposibilitar la regeneración de la trama” urbana.

El inspector de Patrimonio del Cabildo defiende que “Arrecife, por su propia historia, no tiene tantos elementos de una arquitectura monumental”, con la que sí cuentan otras ciudades canarias que se citan habitualmente a modo de ejemplo de cascos históricos, como La Laguna.

El nuevo catálogo Arquitectónico eleva a 169 los bienes protegidos y ha recibido una avalancha de alegaciones de propietarios reclamando que sus edificios no se incluyan

“Muchas veces tenemos un pensamiento clasista en cuanto al patrimonio, y sólo consideramos” que se deben proteger casas antiguas “grandes y bonitas”. “Arrecife tiene una arquitectura popular, que es muy singular y con tantos o más valores, vinculada especialmente al mar y a un pasado pesquero”, explica. “Si esa arquitectura desaparece no tendremos elementos con los que contar a las futuras generaciones qué fue Arrecife”. El Cabildo está diseñando en colaboración con los ayuntamientos una batería de medidas para tratar de garantizar la conservación efectiva del patrimonio e incentivar a sus propietarios.

El actual alcalde, José Montelongo, firmó como máximo responsable del PSOE en la capital una propuesta para que a los dueños de edificios protegidos se les eximiese del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras y de las licencias por obras “siempre y cuando” se comprometiesen a conservar los inmuebles, “en especial las fachadas”. También planteó “líneas de ayudas específicas para el mantenimiento de estos inmuebles”. Por el momento, el Ayuntamiento no ha llevado a la práctica ninguna de estas medidas.

Lo que sí está haciendo el Consistorio capitalino es pleitear en los tribunales para que los dueños de edificios protegidos no puedan ejecutar derribos. La última sentencia que da la razón al Ayuntamiento se refiere al edificio donde se encontraba el comercio Panasco, en el número 11 de la calle León y Castillo.

Los propietarios solicitaron en 2005 demoler este inmueble construido en 1912. Una solicitud que ha caído en saco roto, primero por estar en el área de influencia del Mercadillo, que tuvo la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), y luego por incorporarse en el listado de edificios protegidos.

“Si la arquitectura popular de la capital desaparece no tendremos cómo contar a las futuras generaciones qué fue Arrecife”, destaca el inspector de Patrimonio

Los propietarios sostienen que el edificio es “expresión de una arquitectura popular y marginal” y que se han desarrollado reformas que han hecho desaparecer “vestigio alguno de la primitiva construcción”. En cambio, lo que aprecian los redactores del catálogo es que el edificio tiene “armonía” en las ventanas y puertas de una fachada “ecléctica con aportes academicistas”, y resaltan como elemento destacable su patio.

La lista de edificios antiguos cuyos propietarios se han enfrentado en los últimos tiempos a la Administración por impedir los derribos es amplia: el ‘Hotel Oriental’, en el número 37 de la calle León y Castillo, la Librería Lasso, al principio de la calle Fajardo, o el que fue Cuartel de la Guardia Civil, en La Plazuela.

Desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo se destacan dos ejemplos recientes de remozado de inmuebles protegidos, la farmacia Tenorio y la antigua fábrica ‘La Defensa’, ambos en la calle Real y ejemplos de que el patrimonio es compatible con la actividad económica.

Limitación de alturas: críticas y justificación

El catálogo arquitectónico ha recibido numerosas críticas de propietarios de edificios por establecer varias zonas del casco en las que se limita el número de plantas, por debajo de lo que permiten las ordenanzas urbanísticas del Plan General. En la calle León y Castillo sólo se permite construir edificios nuevos de dos alturas y un ático retranqueado. Rafael Ramírez, arquitecto  y propietario de la Residencia Alespa, señala en sus alegaciones que en esta calle los edificios recientes, “de cinco y más plantas, construidos legalmente con la ordenanza vigente”, ahora “injustamente se dejan fuera de ordenación”. “Lo único que se consigue”, añade, “es el deterioro progresivo de la zona”.

En las calles más próximas a la Iglesia de San Ginés se permite construir una planta y en otras, como Aquilino Fernández, “una altura y un ático retranqueado tres metros”.  En el entorno del Charco de San Ginés tambiénse deja construir una planta y un ático retranqueado. En la ribera del Charco, el Cabildo pide una sola planta para mantener “la visión del templo de San Ginés”.

Tres plantas en el Francés y “protección” para el Castillo

En el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) se contempla la construcción de edificios de nueve plantas de altura en el Islote del Francés, a expensas de que el Ministerio de Medio Ambiente cambie su informe en el que determina que el islote se encuentra dentro del dominio público marítimo terrestre. El Servicio de Patrimonio Histórico considera que los edificios que se puedan levantar en el Francés no deben sobrepasar las tres plantas por el “impacto que se produciría sobre el Charco” de San Ginés, y pide que se establezca así en el catálogo arquitectónico.

Del Castillo de San José, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), destaca que carece de un entorno de protección y que “procede delimitar un área de influencia” que incluya las parcelas que no están construidas “al otro lado de la carretera”, “con el objeto de preservar un espacio libre” que garantice la perspectiva visual “y el protagonismo del monumento”. También pide proteger el laurel de indias de las Cuatro Esquinas, cuya plaza “deberá ser” remodelada para recuperar “la cota elevada de la que disfrutaba”.