El Ayuntamiento de Arrecife tiene que pagar una cantidad cercana al medio millón (448.169 euros) a la sociedad tinerfeña Compañía Internacional Islas Canarias por el desahucio administrativo que se llevó a cabo en febrero de 1995, con José María Espino en la alcaldía, contra esta empresa que ocupaba una de las naves de Los Betancores, en El Reducto, donde se dedicaba a la comercialización de vino, papas y cebollas.

La alcaldesa, Eva de Anta, acaba de dictar un decreto por el que ordena que se lleve a efecto la sentencia de 10 de marzo de 1999 dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que daba la razón a esa empresa y que hasta ahora no se había ejecutado.

El proceso es largo. En 1987 el Ayuntamiento adquiere la propiedad de las naves a través de una donación de la sociedad Kapell SA. En la documentación no consta cuál fue la contraprestación por esa donación. En esa época tenía su actividad, su maquinaria y siete trabajadores, en una de las naves, la sociedad Hermanos Morales Díaz, que acaba siendo absorbida por la empresa que recurre la decisión del Ayuntamiento y que hereda el contrato de arrendamiento, aún en vigor.

El Ayuntamiento de Arrecife decide desahuciar a esta sociedad a pesar de que conocía que existía el contrato de arrendamiento. De hecho, la sentencia de 1999 da la razón a la empresa porque reconoce que cuando se hace la donación del solar, de más de 22.000 metros cuadrados, "en el extremo Este de la finca, a una distancia de dieciséis metros lineales de aquel, existe una nave con una superficie de 680 metros cuadrados, que se encuentra arrendada a la entidad Hermanos Morales SA". Es el Ayuntamiento quien proporciona ese documento al perito que intervine en el juicio.

En el procedimiento, en el que el abogado del Ayuntamiento fue Felipe Fernández Camero, que también era el secretario municipal cuando se tomaron todas las decisiones de este caso, el Ayuntamiento alegó que cuando certificó "la existencia de unos derechos personales constituidos sobre la finca por arrendamiento anterior a la donación" lo hizo por error.

La sentencia señala que "manifestar en la contestación a la demanda que se certificó por error parece más una alegación de parte interesada que una argumentación razonable" y añade: "Lo cierto es que no cabe desahuciar en base a una situación de precario cuando en otro momento se ha reconocido la existencia de derechos arrendaticios".

Después de la sentencia de 1999, en 2003 el Juzgado emite un auto por el que se fija la cantidad a pagar por la imposibilidad de ejecutar la sentencia. Otros cuatro años después, en 2007 el TSJC archiva el procedimiento hasta que finalice un procedimiento penal "o se deje sin efecto el embargo trabado sobre la cantidad objeto del recurso que se encuentra retenida en el Ayuntamiento de La Orotava".

El proceso penal se siguió en un Juzgado de ese mismo municipio y presumiblemente lo había interpuesto por los mismos hechos el empresario afectado. El siguiente paso se produce en 2014 cuando el Ayuntamiento de Arrecife reconoce la obligación de pago de esta cantidad. Sin embargo, tampoco paga y es ahora cuando hace el mismo tipo de reconocimiento.