El último pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó por unanimidad la moción de Lanzarote en Pie (LEP) para instar a la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote a que medie y proponga a la empresa Canal Gestión Lanzarote la modificación de los métodos de pago de los recibos que deben abonar los usuarios.

Así, se reclama que los abonados al servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable puedan realizar el abono en efectivo “y no solo los clientes de Bankia, entidad que hasta ahora se había venido encargando de esa gestión”.

Según Lanzarote en Pie, “al margen de esta moción, el desarrollo del pleno volvió a poner en evidencia la falta de altura de miras del grupo de gobierno que sigue justificando la precaria situación general de la ciudad, y el déficit de los servicios públicos” por la “herencia” del gobierno anterior y “por la falta de personal, para evitar así reconocer el fracaso de la gestión gubernamental tras dos años de gobierno”.

En este sentido, tras la sesión plenaria, la portavoz de LEP en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla, lamentó que "la política de partidos esté, en muchas ocasiones, por encima de los intereses de los ciudadanos”. “Algunos grupos políticos están más empeñados en debatir cuestiones que afectan a sus partidos y que poco importan a la ciudadanía", dijo.

Respecto a las mociones de LEP rechazadas por el voto desfavorable del grupo de gobierno, Padilla recalcó que negando la creación del banco de alimentos, "el grupo de gobierno vuelve a demostrar que está muy alejado de la realidad y mientras manifiesta estar trabajando con las oenegés, estas dicen sentirse completamente solas y no poder asumir a todas las personas que les derivan desde los servicios sociales”.

Esas entidades, dice Padilla, “no cuentan con los recursos suficientes y se ven en la necesidad de solicitar donaciones y comida a los vecinos del municipio para poder ayudar a las familias que lo necesitan".

Respecto a la segunda de las mociones rechazadas, el gobierno también se pronunció en contra de que los plenos sean traducidos por intérpretes de lengua de signos para evitar la discriminación indirecta hacia las personas con dificultades auditivas y que la información sea accesible para este colectivo además de que la medida se haga extensiva a los centros educativos de Arrecife.