Daniel Arencibia es abogado. Ha realizado un estudio exhaustivo analizando más de 400 acusaciones formuladas por Fiscalía en más de 200 sentencias de las provincias más afectadas por fenómenos migratorios marítimos publicadas después de 2021 y hasta abril de 2023. Las conclusiones son claras: ante los mismos supuestos, la Fiscalía en Canarias está solicitando penas mayores que en otros lugares de España. Colabora con la Pastoral de migraciones de la Diócesis de Canarias

-¿Cómo decide hacer este estudio? ¿Cuál es su motivación?

-Hago voluntariado en temas de migración y me empiezan a contar unos casos de gente que hay en prisión, que es de Mali, gente que es menor de edad, otros que llevan tres años y que no eran patrones de la patera pero que dicen que lo admitieron porque les amenazaban con siete años de cárcel si no lo admitían, gente que está en prisión por un montón de causas que nos parecen injustas. Y en paralelo, compañeros de pastorales de Baleares nos dicen que allí los patrones están seis meses en prisión y se marchan. No tiene sentido esto que me están contando. Entonces me pongo a buscar sentencias y efectivamente observo que en las primeras que me voy encontrando de Baleares se les condena a dos años de prisión pidiendo la suspensión inmediata de la pena, y aquí están tres años más cinco años con antecedentes penales. Alguien está convirtiendo Canarias en una ratonera. Y entonces decido que para poder hacer una denuncia de la situación o poner en conocimiento a los poderes públicos conviene tener los datos, tener cifras rigurosas, que sean científicas, que no sean valoraciones, y que se puedan ofrecer a la Fiscalía, etcétera, por si les son útiles para tomar decisiones, porque no tiene sentido que en el mismo país ocurran cosas tan distintas.

-Digamos que entonces esa diferencia es por un criterio por parte de la Fiscalía de Canarias con respecto a otras fiscalías. ¿No hay un criterio único de la Fiscalía General del Estado?

-Existe una circular de la Fiscalía General del Estado que dice que en los casos en los que el migrante fuera buscando su propia migración se puede aplicar la atenuante de 318 bis 6, bajando en un grado la pena. Investigando todas las sentencias encontramos que en los casos que el migrante se conforma con la pena propuesta por la Fiscalía renunciando a la fase de prueba, la Fiscalía pide tres años porque reconoce que las personas van buscando su propia inmigración. Pero si el migrante no se conforma, entonces la Fiscalía niega eso y dice que lo hace con ánimo de lucro, en cuyo caso la pena sube de cuatro a ocho años. Generalmente la Fiscalía pide siete años, que es lo más habitual. Pero claro, si llega el migrante que no entiende bien el idioma, que está asustado, que lleva seis meses preso y le dicen: si firmas este papel diciendo que lo hiciste por lucro en tres años estás en la calle, si no firmas el papel es muy posible que te caigan siete... En la provincia de Las Palmas el 91 por ciento de los acusados firman el papel. Pienso que el problema no lo crea la fiscal superior de Canarias, sino la Fiscalía de Extranjería de Canarias.

-Hay otros dos elementos más que participan o que tienen algún papel. Uno es la Brigada de Extranjería, que parece que tiene como mandato encontrar uno o dos patrones por patera y que en toda patera o cayuco participa una mafia, y otra son los abogados de oficio que recomiendan a sus defendidos que se conformen con la pena...

-La Policía o el Ministerio de Interior tienen una responsabilidad frente a la Unión Europea y a la sociedad de decir que luchan contra las mafias. Y el resultado de la lucha contra las mafias, gente que gana dinerales con las pateras, no aparece en las sentencias. Dice la Brigada de Extranjería (en una sentencia) que el viaje en patera cuesta unos 1.500 euros y vienen 40 personas. Pues ahí tiene que haber 60.000 euros ¿Dónde está quien gana ese dinero?

“Se está boicoteando a estas personas el ejercicio de la defensa”

-Suponiendo que en todos los viajes participara una mafia, solo cogen a los escalones más bajos...

-Lo que dice la Fiscalía es que estas personas actúan por lucro ajeno, que es una figura creada por el Tribunal Supremo para casos muy específicos que son estafas, por ejemplo, en las que un padre falsifica un documento del que se beneficia el hijo. Esa figura del lucro ajeno tiene su sentido para estos casos pero se está aplicando a los patrones de patera que no tienen nada que ver. Hay, efectivamente, una presión internacional de demostrar que España está luchando contra las mafias y con estos números engrosa el Excel que enviará a Europa de cuántas personas han sido capturadas en la lucha contra las mafias. Pero no son mafias, son pescadores pobres. No lo digo yo, lo dice la Oficina contra el Crimen y la Droga de Naciones Unidas. España se está equivocando en la lucha contra las mafias. Nos gastamos millonadas en meter a pescadores pobres en prisión y después no tenemos presupuesto para perseguir a las personas que realmente se están haciendo millonarias, en Marruecos, sobre todo, o en Mauritania.

-Y, sin embargo, parece que se insiste en la misma línea porque lo que se propone en Europa es aumentar las penas a estas personas.

-Europa juega con esa idea de que estos señores son mafiosos porque España le dice que estos señores son mafiosos. Y realmente estos señores huyen de Mali porque están en guerra o huyen de Senegal porque durante generaciones se han dedicado a la pesca y Europa ha firmado un tratado de pesca y están arrasando con los bancos pesqueros de Senegal.

-De alguna forma es más cómodo pensar que son mafias que engañan a personas a que vienen empujadas por un sistema injusto en el que nosotros también participamos.

-Claro, yo en eso insisto siempre. Ojo con los tratados de pesca. El 11 de noviembre de 2020 fue el día en el que más personas hubo tiradas en el suelo en el muelle de Arguineguín: 2.600. Ese día un funcionario en Bruselas celebraría y se iría a cenar seguramente muy contento porque había firmado un tratado de pesca con Senegal porque por 800.000 euros al año los barcos europeos se podían llevar 11.750 toneladas de pescado. Y no somos capaces de unir los puntos. Hay cuatro empresarios pesqueros europeos que se van a forrar llevándose pescado de Senegal. Pero eso va a dejar a muchos pescadores sin alimento, sin comida. Y esos pescadores sin comida, seguramente, busquen a unos amigos y digan, me voy para España. Yo me desprendo de mi barca, mi barca cuesta tanto, si la vendo, pues la pagamos entre todos, venga. La barca cuesta 100.000 euros, venga, cada uno que quiera venir pone 1.000 euros y me compran la barca entre todos. Todos salen de común acuerdo sin mafia alguna, pero cuando llegan al juicio y les preguntan, ¿usted pagó por el viaje? Y dicen, sí, pagué mil euros, claro. ¿Usted pagó mil euros porque compró la parte de una barca que puso este señor? Ah, pues este señor era el organizador, a la cárcel. Pues no, que este señor venía también buscando su propia migración que aquí no hay ninguna mafia, que esto es una empresa colectiva. Eso es en Senegal. En Mali tres cuartos de lo mismo pero no tienen costa, son gente que huye de la guerra que en el artículo 31.1 de la Convención de Ginebra dice que no se pueden imponer sanciones penales a quienes crucen la frontera huyendo de la guerra. Sin embargo, tenemos a 26 personas de Mali desde 2021 acusadas de favorecimiento de la inmigración ilegal.

“Mi estudio puede ser muy útil para los abogados y la Fiscalía, para unificar criterios”

-Se ha denunciado que la Brigada de Extranjería estaría ofreciendo algún tipo de trato de favor a aquellos que señalen al patrón. Además se les toma declaración y se utiliza en el juicio como prueba preconstituida mientras que las defensas de los acusados, normalmente, no pueden hacer lo mismo.

-No digo que haya mala fe, la Policía intenta hacer su trabajo, pero su trabajo está resultando que la defensa resulte boicoteada, porque las diligencias policiales empiezan sin la presencia del abogado. De repente leemos en una sentencia que el acusado entregó voluntariamente un teléfono, que apareció un vídeo en el que patroneaba, y si el señor hubiese tenido un abogado delante no hubiese entregado voluntariamente ese móvil. No tenemos constancia de en qué circunstancias la Policía consigue registrar esos teléfonos móviles y si realmente existe esa voluntad. La falta de participación de abogados en esa fase tan delicada boicotea de alguna forma el propio ejercicio de la defensa.

-¿Los Colegios de la Abogacía o los abogados pueden hacer algo para revertir esta situación?

-Ya hay dos audiencias provinciales que han solicitado que aparezcan más testigos, más vídeos de más gente, que para hablar de una administración de justicia correcta nada cuesta grabar un testimonio de todos los que venían... Lo que pasa es que la Fiscalía y la Policía no hacen caso de esas peticiones de los tribunales. Eso por un lado. Por otro lado, los abogados tienen la barrera del idioma, que es dramática. Aparece alguien que dice que es el intérprete de esta batería de 50 personas en las que unos hablan wolof, otros mandinga, otros bambara, otros francés...  y tiene que asistir a todos los abogados y a todos los acusados para llevar a cabo la defensa. Eso es la torre de Babel y las condiciones de defensa son muy complejas. Posteriormente el abogado no tiene forma de acceder a la ubicación de los demás testigos porque cuando se les llama, pasados los seis meses, lo habitual es que estén en paraderos desconocidos. ¿Qué puede hacer el abogado ahí? Poco puede hacer. En esas circunstancias de desventaja, al abogado le corresponde decirle a su cliente cuáles son sus probabilidades de éxito si se desarrolla la fase de prueba. Pero corresponde exclusivamente al acusado decidir si se conforma o no se conforma.

-Los datos dicen que la mayoría de los que no se conformaron salen absueltos. Pero tiene un riesgo, claro.

-Tampoco existía ese dato, los abogados no contaban con él. Yo creo que mi estudio puede ser muy útil para la Fiscalía, para unificar criterios, para la abogacía, para darles unos datos más precisos a su cliente, de los últimos 32 que no se conformaron, 18 salieron absueltos y 14 fueron condenados. Esos datos pueden ser muy útiles para prestar una asistencia jurídica de mayor calidad.

-En una sentencia condenatoria se cita directamente “la voz de la experiencia” para reforzar la culpabilidad de un acusado. En Derecho Penal no debe ser fácil encontrar una condena con un argumento de esas características...

-Evidentemente, si metieran a un político en la cárcel con ese argumento sería un escándalo. Pero cuando la sentencia manifiesta de una forma tan coloquial que lo hace por la voz de la experiencia, lo que está diciendo de alguna manera es que la ley requiere que la apreciación de los hechos se haga desde la presencialidad y según evaluación libre del juez, que necesita algún tipo de carga probatoria, algún tipo de testimonio o de documento o de foto o de vídeo que señale al acusado, no puede ser que aparezca la patera con 18 personas y el juez los mire a todos y por sus caras diga: creo que tú eres el culpable. La voz de la experiencia es importante para saber si lo que me está diciendo una persona me parece verdad o me parece mentira, si no se contradice, si le tiembla la voz o no le tiembla, etcétera, ahí es donde es relevante la voz de la experiencia.

“La defensa resulta boicoteada, las diligencias empiezan sin el abogado”

-Según su estudio, muchos de los que no se conformaron  y salieron absueltos llegaron a Lanzarote o a otros lugares distintos al muelle de Arguineguín. Los que llegaron allí salieron todos condenados prácticamente.

-El muelle de Arguineguín coincidió con la fase de Covid y durante meses la Policía estuvo actuando ahí sin que entraran los abogados. El resultado de eso es un montón de diligencias policiales, sin garantía. Nadie salió voluntariamente del muelle de Arguineguín, estaban todos detenidos. Lo que salga de ahí es muy cuestionable.

-También señala que el hecho de que haya condenas mayores tiene consecuencias nefastas para la posible reinserción de los condenados, que los obliga a la mendicidad.

-Una persona sale de Orán o de Argel a la isla de Cabrera, 245 kilómetros, con otras 10 personas en la embarcación, llega a Baleares, lo detienen y a los seis meses está libre y se marcha porque es muy fácil y cuesta veintipico euros y no te piden papeles para subirte al barco. A estas personas se les favorece que vayan hacia su centro de interés y que se valgan por sí mismos. Si esa misma persona va desde Tan Tán hasta Arrecife que son 215 kilómetros, le piden tres años. Al pedirle tres años no puede solicitar suspensiones de pena, los antecedentes penales suben de tres a cinco años por lo cual está tres años preso, que lo mantenemos todos con los impuestos y otros cinco años en los que hay que mantenerlos a través de la mendicidad. Quedan descolgados del programa de ayuda humanitaria y del programa de traslados a la Península, incluso si resultan absueltos. Todo son obstáculos para seguir hacia un punto donde se puedan mantener por sí mismos. Entonces eso perjudica a todos. Yo soy abogado y no puedo generar confusión y el Gobierno tiene una obligación de lealtad con el resto de estados de la Unión Europea. Tenemos una frontera común y tenemos la obligación de devolver a sus países a las personas que entren irregularmente con ciertas excepciones previstas en la norma europea, que es quienes vengan huyendo de una guerra, menores de edad... Para devolverlos es necesario el consentimiento del país y ese consentimiento no existe en muchos países. ¿Qué plan tiene el Estado con estas personas? Si les facilitamos que se mantengan por sí mismos, llegaremos a como ha sido la migración de toda la vida, una migración que se integra y convive pacíficamente porque está en su centro de interés y esto lo entiende cualquiera. Si yo estoy en el pueblo, si yo llego de Senegal a Murcia, donde vive por ejemplo mi tío, yo me voy a portar bien porque mi tío tiene un prestigio y tiene un proceso de integración e incluso tiene un negocio y todo me lleva a tener un comportamiento apropiado. Sin embargo, si yo me he jugado la vida navegando, he llegado a un sitio, a una isla que está a 2.000 kilómetros del continente y me impiden salir, me siento preso, yo no tengo ningún interés en este sitio, el comportamiento de esa persona es más fácil que se deteriore, es más difícil que se produzca la integración. Entonces, ¿queremos caminar hacia el modelo de Francia o queremos ir hacia un modelo en el que al migrante se le facilite de todas las maneras que se valga por sí mismo? ¿Quién está al volante y hacia dónde nos quiere dirigir? Porque esto no beneficia a nadie.