En el Archipiélago canario se estima que hasta un 28 por ciento de la economía se encuentra sumergida. A falta de un estudio concreto para Lanzarote, “se puede decir perfectamente que la Isla está también entre un 25 y un 30 por ciento”  de actividad económica que no se declara, señala Vicente Stinga, técnico de la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) que pilota un programa de asesoramiento a empresarios y autónomos para que regularicen su situación.

El proyecto pretende que aflore la economía sumergida de Lanzarote, un objetivo que la patronal reconoce que es “complicado”. “La economía sumergida es una situación de injusticia social, que afecta a todos, más allá de que sea un problema de competencia desleal o de inseguridad jurídica”, señala.

En el mes que lleva en marcha ya han recibido “comunicaciones”, no “denuncias”, como puntualiza Stinga, en las que se advierte de prácticas laborales al margen de la legalidad. “Vamos confirmando la percepción que teníamos”, señala el responsable del programa. Una apreciación que se confirma es que “el sector servicios es en el que se producen la mayor parte de las irregularidades” en Lanzarote.

Entre las quejas más comunes, “profesionales que no están dados de alta como autónomos, trabajadores por cuenta ajena que no tienen contrato y, la gran estrella, trabajadores contratados a tiempo parcial que trabajan más horas” de las que les correspondería. Una irregularidad sobre la que, advierte la patronal lanzaroteña, la Inspección de Trabajo va a poner la lupa de forma especial este verano.

El programa de la CEL para que aflore la economía sumergida confirma que la queja “estrella” es trabajar más horas de las que se contratan

Stinga insiste en que el programa sobre la economía sumergida de la Confederación Empresarial no es “un servicio de inspección sino de asesoramiento” y que no es su intención trasladar denuncias a la Inspección de Trabajo. “Recabamos datos y luego nos comunicamos con el empresario para trasladarle las posibles consecuencias jurídicas que puede tener su conducta irregular”, explica.

“Tratamos de sensibilizarlo y de que entienda que posiblemente el ahorrarse un dinero a la larga le puede resultar perjudicial”, señala. Por ahora, de los contactos que han mantenido con supuestos infractores “se puede decir que la reacción es positiva”, aunque es pronto para obtener “resultados”. “No podemos exigir al empresario que nos acredite que se ha puesto al día”, señala Stinga.

El programa cuenta con un portal propio en la página web de la Confederación Empresarial de Lanzarote a través del que se pueden comunicar “actividades empresariales o laborales que se realicen de manera irregular” de forma “totalmente confidencial”. También cuenta con un punto de asesoramiento gratuito en la sede de la patronal, en la Avenida Vargas de Arrecife, tanto para comunicar irregularidades como para conocer cómo ajustarse a la normativa.

“Se puede decir que en la Isla hay entre un 25 y un 30 por ciento” de actividad económica que no se declara, apunta un técnico de la patronal

Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido el aumento del número de trabajadores por cuenta propia, emprendedores a la fuerza. Lanzarote comenzó el año con más de 9.100 autónomos dados de alta frente a 38.913 trabajadores asalariados. Stinga critica que quien quiera poner en marcha una actividad o abrir un negocio no tenga “ningún tipo de facilidad” y puede terminar enredado en “la maraña burocrática”. “Para darte de alta como autónomo tienes que acudir a tres administraciones públicas distintas, a tres ventanillas”, explica.

“Si nunca has sido autónomo se te aplica una tarifa plana, en la que empiezas pagando 50 euros, pero a partir del año y medio ya pagas como mínimo 267 euros”, apunta. “Un señor en Argana me comentó que se dedicaba a hacer chapucillas, que con suerte sacaba 300 euros al mes y que tenía que escoger entre alimentar a sus hijos o pagar el autónomo. Esa también es una realidad que se está viviendo”.