- Al cumplirse la mitad de mandato y llevar más de un año de gobierno en mayoría con PSOE y PIL, ¿qué destacaría cómo lo mejor y lo peor?

- Si me tuviese que quedar con lo mejor, probablemente sea que los objetivos que se planteó el Consorcio del Agua para el cambio de modelo energético de la Isla se han alcanzado o están en desarrollo. Lo peor es que no se ha producido prácticamente avance alguno en el Plan Insular de Ordenación (PIO). No me atrevo a dar fechas y ojalá que se cumpla el último cronograma y presenten antes de final de año un documento para su aprobación inicial.

- Es habitual en los plenos del Cabildo algún momento de tensión entre el presidente y el consejero de Política Territorial, el socialista Marcos Bergaz. ¿Tienen esas broncas trascendencia en el gobierno o es un simple choque de egos?

- En lo personal elijo a mis amigos, y cada uno de los consejeros también, y es obvio que no lo somos. Pero eso no es motivo para que no avance el Plan Insular, como no lo es la efectiva falta de recursos humanos, aunque no se puede atribuir el retraso del PIO a esa carencia porque no es personal del Cabildo el responsable de sacarlo adelante. Espero que se refuerce el departamento con un arquitecto, un abogado y un director insular. Ahora bien, cuando se empiezan a poner sobre la mesa planteamientos ya superados y que generaron ríos de tinta, como que no esté al frente quien estaba en la pasada legislatura, me parece un verdadero despropósito que no conduce a ninguna parte.

- En los últimos tiempos desde el Cabildo se han lanzado diferentes ideas, desde un museo de cetáceos en el Islote del Francés, pasando por un museo del Mar en Puerto Naos, terminar el museo de Zonzamas, el museo arqueológico en Arrecife o una piscina en la Ciudad Deportiva. ¿Qué proyectos terminarán saliendo realmente?

- Está poniendo los focos en lo que no hemos hecho y podrían ponerse en los muchos proyectos que ya se han ejecutado. A final de mandato es cuando se tiene que hacer balance. Para el museo de cetáceos está el material y se encomendó hace meses a la Reserva de la Biosfera que encargase el proyecto, que iría en la antigua nave que queda protegida en el Islote. Tengo autorización del representante de la propiedad, Jaime Cortezo, para proyectar allí el museo. Para el museo del Mar se está haciendo un estudio de la estructura de las naves de Frigorsa y ver si son recuperables, y también se ha encargado el inventario y el proyecto museístico en sí, aunque todavía está un poco verde. El museo arqueológico ha encontrado muchísimas dificultades, alguna incluso de tipo urbanístico. Se ha tropezado con problemas estructurales que no se detectaron. Espero que este año se puedan abrir las naves laterales, que ya deberían estar abiertas hace mucho. Soy el máximo responsable de todo, pero no el culpable. En Zonzamas se han recuperado los proyectos de investigación después de dos décadas, hay 400.000 euros del Gobierno de Canarias este año y esperamos más en 2018. El proyecto para retomar el museo debería estar entregado en mayo. Para la piscina ya está encargado el proyecto y se ejecutará con el Fondo de desarrollo de Canarias.

- Los fríos números apuntan que la inversión del Gobierno de Canarias en el último año en Lanzarote ha sido más baja que en ejercicios anteriores, unos 12,4 millones, a pesar de la sintonía que mantienen ambas administraciones.

- Estamos esperando un informe del Gobierno de Canarias sobre la ejecución presupuestaria. He expresado mi queja con los presupuestos para Lanzarote de 2017 porque carecen de un índice corrector sobre la ampliación del puerto de Playa Blanca, que todavía no ha empezado y no se va a ejecutar la partida. También tengo serias dudas de que se vaya a ejecutar una partida importante para vivienda, que se está estudiando que sirva para la adquisición de inmuebles para ponerlos a disposición de la Isla a precios muy económicos. Se está en contactos con bancos y con promociones no acabadas para que no tengan la excusa de decir que no hay viviendas para comprar. Es verdad que para el saneamiento de La Graciosa se habilitaron tres millones más de lo previsto, que podrían compensar un poco la foto presupuestaria. Y también es cierto que en Educación la Isla tiene los mejores presupuestos de su historia y con obras ya en marcha o adjudicadas.

“He expresado mi queja con los presupuestos para Lanzarote de 2017 porque carecen de un índice que corrija partidas como la ampliación del Puerto de Playa Blanca, que no se van a ejecutar por completo”

- En 2015 firmó un convenio con la entonces consejera de Sanidad en la que se fijaba un plazo de dos años para la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud (SCS). Desde el Gobierno se ha planteado la necesidad de un nuevo edificio para el Hospital. ¿Qué papel jugará el Cabildo?

- Asumí personalmente mi responsabilidad y vergüenza por el convenio que firmamos, que ha quedado desbordado. El compromiso del presidente Fernando Clavijo es dar una solución al Hospital Insular. Hemos debatido en el grupo de gobierno y el Cabildo está dispuesto a financiar el nuevo Hospital Insular y la inversión que haya que hacer, porque esa es una de las excusas que se han puesto para su no integración en el SCS y, en ese sentido, vamos a poner las cosas difíciles para que no nos digan que no. El Cabildo va a tener mucho músculo económico para resolver asuntos importantes y entre ellos está el Hospital Insular. Le hemos trasladado al nuevo consejero, José Manuel Baltar, que si es necesario financiaremos la remodelación del Hospital, en el actual emplazamiento, pero esperamos que el Gobierno construya una nueva residencia de mayores de alto requerimiento en suelo del Cabildo en Tahíche, porque las plazas que hay son insuficientes.

- Además de los parques eólicos de iniciativa pública, hay otros que se están promoviendo por empresas privadas, como dos de la constructora Satocan en Tías.

- Se han abordado en el Consejo de Gobierno del Cabildo esas solicitudes, porque además de que hay informes negativos por incumplimientos en materia de carreteras o del Plan Insular, no serían compatibles con el planeamiento salvo que se declaren de interés general. El Cabildo ha recurrido en los tribunales la normativa del Gobierno sobre nuevos parques eólicos y nos vamos a oponer de forma radical a la declaración de interés general hasta que esté garantizado el acceso a la red eléctrica de los parques públicos. No porque estemos en contra de que haya parques privados, estamos encantados, pero primero se tienen que garantizar los públicos.

“La planta de Montaña Roja ni tiene ni tendrá autorización para vender agua”

-¿Qué balance hace de los cuatro años de concesión del agua a Canal Gestión? ¿Contempla el escenario de que la empresa se marche?

- La última encuesta de opinión de los consumidores da resultados muy positivos y mejora los del año anterior. Si los beneficiarios del servicio están contentos, cómo no lo va a estar el presidente. El balance es enormemente positivo. Las inversiones están lanzadas y confío en que antes de que concluya el quinto año hayan cumplido con el compromiso de invertir 56 millones en el ciclo integral del agua, que necesita muchos más. Entre el canon y las inversiones, el Canal habrá invertido 106 millones en cinco años y no creo que le interese irse, pero a lo mejor al Consorcio sí, si lo hacen renunciando, lo que dudo mucho, además de que entiendo que la concesión no se puede transferir.

- ¿Ya ha solicitado formalmente la empresa el aumento de las tarifas?

- Tocaba el 1 de junio pero difícilmente va a producirse porque no nos hemos puesto de acuerdo con la interpretación de la fórmula y hemos negado la subida. Los servicios jurídicos del Consorcio entienden que el IPC más el uno por ciento establecido en contrato se tiene que aplicar en una porción de la tarifa relativa a una parte de los costes de producción, no sobre el precio total de la tarifa, que es lo que pide Canal.

- El Gobierno de Canarias acaba de decretar la clausura de la desaladora de la urbanización Montaña Roja. ¿Cómo se llevaría a cabo?

- Desde el principio hemos sostenido que en Montaña Roja actuamos conminados por el Gobierno y por el Diputado del Común, porque había una venta ilegal de agua. El Gobierno, por unanimidad de los secretarios generales de la comunidad autónoma, ha decretado la clausura y una sanción de 300.000 euros porque esa planta ni tiene, ni tuvo, ni tendrá autorización para vender agua a terceros, que es lo que venía haciendo desde hace muchos años. El competente para clausurar es el Consejo Insular de Aguas. Al Gobierno le preocupa el desabastecimiento a los 5.000 vecinos y a la decena de establecimientos turísticos, pero tampoco nos dice cómo llevar a cabo su resolución.

- ¿No se puede enganchar la urbanización de Montaña Roja a la red de abastecimiento general?

- Había que hacer una pequeña obra pero la promotora de la urbanización se opuso. Lo cierto es que la planta no tiene autorización y es ilegal desde todo punto de vista y no tiene licencia de actividad. Sobre cómo cumplir con la clausura y evitar el desabastecimiento a lo mejor habrá que preguntarle a un juez. Tampoco descarto llegar a un acuerdo con los promotores, algo que en su día se negoció.