La asociación de juristas Jiménez de Asúa se presenta como acusación popular en el mayor caso de corrupción de Lanzarote pero por el momento sus objetivos son jueces que han instruido el caso Unión: en diciembre se querellaron contra César Romero Pamparacuatro y ahora pretenden apartar del procedimiento a la juez Silvia Muñoz, que ha dado un impulso decisivo a las investigaciones desde que se incorporó al Juzgado número 5 de Arrecife.

El abogado Juan David García Pazos firma como letrado del citado colectivo de juristas, que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, la petición de “recusación” a la juez Silvia Muñoz, que concluyó a finales de marzo la investigación de la pieza de Unión relacionada con la trama de comisiones para adjudicar de forma fraudulenta el contrato de la recogida de basura en Arrecife o la construcción del pabellón de Argana.

En esa pieza de Unión están encausados la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz; el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero; el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; o el fundador del PIL, Dimas Martín, entre un listado de 17 procesados por supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación o revelación de información privilegiada, entre otros.

La investigación se ha concluido con indicios de que se formalizaron contratos con el Ayuntamiento de Arrecife a cambio de comisiones ilegales, que supusieron la adjudicación “ilícita” de unos 8,5 millones de euros. También se apunta a la alteración del concurso público que se llevó Urbaser e irregularidades en la construcción del pabellón de Argana, cerrado al poco de abrir sus puertas por deficiencias técnicas.

En su escrito de recusación, García Pazos solicita que se acuerde “la sustitución” de la juez Silvia Muñoz en el caso Unión por otro juez, "el que corresponda legalmente". La juez Silvia Muñoz consideró el año pasado que el colectivo no tenía acreditados los requisitos para ser parte del proceso, que estalló en 2009 y del que han intentado formar parte cuando ya las investigaciones estaban concluidas en algunas piezas o prácticamente finalizadas en otras.

También la Fiscalía cuestionó meses atrás que la asociación pretendiera anular el auto de apertura de juicio oral de una de las principales piezas de Unión. “Si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece”, señaló entonces el Ministerio Fiscal.

García Pazos afirma en el incidente de recusación que “es evidente que por parte de la magistrada recusada hay una predisposición contra esta parte”, en referencia a la asociación Jiménez de Asúa, “evidenciándose la hostilidad en la negativa” a que fuera acusación popular.

La asociación Jiménez de Asúa se ha querellado contra Pamparacuatro, recusa a la actual instructora de Unión y se persona en la investigación de los pagos a Calatayud

Además, García Pazos sostiene que cuando la Audiencia Provincial permite su personación el pasado mes de marzo, la juez cerró “la instrucción sorpresivamente”. Cabe destacar que la investigación por parte del Juzgado número 5 de Arrecife se inició en 2008, aunque pasó un año hasta que se produjeron las primeras detenciones.

El abogado Juan David García Pazos ha representado en una vista del caso Unión a Luis Lléo, al que la Fiscalía solicita seis años de prisión por el intento de soborno para desbloquear la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, donde pretendió edificar más de mil viviendas en un suelo que no era apto para construir.

También es el abogado del periodista Francisco Chavanel en la demanda que le interpuso el fiscal Ignacio Stampa por la vulneración del derecho al honor. Además, se personó en el caso Stratvs representando a la asociación ecologista Agonane, de Fuerteventura, y acabaron renunciando a él por sentirse engañados y utilizados.

La asociación de juristas Jiménez de Asúa también se ha personado en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife sobre la contratación del letrado Ignacio Calatayud por el Consejo insular de Aguas, una pieza separada de la causa que se abrió por la querella de Club Lanzarote tras la incautación de la desaladora de Montaña Roja.