La asociación de juristas que se querelló en diciembre pasado contra el primer juez del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, se ha personado ahora en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife sobre la contratación del letrado Ignacio Calatayud por el Consejo insular de Aguas.

El juez Jerónimo Alonso decidió en enero separar la causa por la incautación de la planta desaladora de Club Lanzarote en la urbanización Montaña Roja de la investigación sobre los encargos a Calatayud del Consejo insular de Aguas, que inició al entender que la forma en la que se le contrataba “podría implicar una omisión de las mínimas exigencias procedimentales”.

El auto en el que el juez Alonso acuerda formar una pieza separada sobre las contrataciones del Consejo está fechado el 14 de enero. Poco después, la denominada ‘Asociación de juristas por la defensa de la legalidad y las garantías del proceso Jiménez de Asúa’, solicitaba su personación en calidad de acusación popular.

En su solicitud al Juzgado, señalan que han tenido “conocimiento” de que “se está instruyendo causa penal en la que se investiga la posible comisión de delitos en la contratación de abogados por parte del Cabildo insular de Lanzarote”.

El escrito de personación está fechado el 15 de enero, el mismo día que según la asociación se celebra una “asamblea general extraordinaria” para tomar el acuerdo de personarse en la causa. El poder de representación a los procuradores para intervenir en el citado procedimiento judicial, otorgado ante notario, se dicta el 19 de enero. La apertura de la pieza separada a Calatayud no trasciende a la opinión pública hasta el 21 de enero, cuando la desvela DiariodeLanzarote.com.

En su escrito de personación, la asociación afirma que ha alcanzado “relevancia mediática la irregular contratación de multitud de abogados por parte de la primera Corporación insular sin haberse sometido a previa licitación y concurrencia, lo que implica que estas adjudicaciones se hayan realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Así, considera que se habrían vulnerado “los principios de transparencia, de libertad de acceso a las licitaciones, de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, principios que trata de garantizar la ley al regular los procedimientos de contratación del sector público, y en cuyo escrupuloso cumplimiento” dice la asociación que tiene “especial interés”.

El juez Jerónimo Alonso aceptó la personación en la causa de la asociación Jiménez de Asúa, al tiempo que, aceptando el criterio de la Fiscalía, remitiese las actuaciones al decanato de los Juzgados de Arrecife para que, por el sistema habitual de reparto, se decidiese a qué Juzgado le correspondía la investigación. En la investigación sobre la incautación de la desaladora y en la pieza separada de Calatayud está personado como acusación Podemos.

Querella contra Pamparacuatro e intento de entrar en Unión

La asociación Jiménez de Asúa está presidida por Juan Alberto Rubio Ortega y su secretario es José Antonio Zambrano Suárez, el mismo letrado que firma el escrito de personación en la investigación sobre la contratación de Calatayud por el Consejo insular de Aguas. Ambos abogados están colegiados en Gran Canaria.

En diciembre presentaron una querella contra el juez Pamparacuatro y se intentaron personar en las piezas de Unión, incluso en algunas que ya habían finalizado, aunque la jueza Silvia Muñoz, actual instructora del caso, rechazó que se incorporasen al procedimiento.

Uno de los abogados que ha actuado en representación de la citada asociación es Juan David García Pazos, que a su vez ha representado a Luis Lléo en una vista del caso Unión. Es el mismo abogado que se personó en el caso Stratvs representando a la asociación Agonane, de Fuerteventura, colectivo que acabó renunciando y que manifestó haberse sentido engañado y utilizado.