En breve se cumplen dos años desde que la Fiscalía presentara sus calificaciones en las diferentes piezas del caso Montecarlo, y el caso apenas ha avanzado. Ya hay fecha para que en septiembre se juzgue una de las piezas, la relacionada con el Ayuntamiento de San Bartolomé, pero el resto se ha ralentizado. En las otras piezas, a pesar de que está el Ayuntamiento de Arrecife personado como perjudicado, de momento solo la Fiscalía ha presentado su acusación.

Después de mucho tiempo (en enero de 2016 se ordenó la digitalización de las actuaciones) la causa ya está escaneada. La representación del Ayuntamiento estuvo reclamando que se digitalizara para poder acusar, y cuando se hizo, tanto el abogado como la procuradora renunciaron: el primero alegando motivos profesionales y personales y la segunda porque no había cobrado. Arrecife ha nombrado un nuevo abogado que tiene que estudiarse una causa de miles de folios para poder acusar.

El juez instructor, Ricardo Fiestras, impuso inicialmente a Acción cívica contra la corrupción, que ejerce la acusación popular, una fianza de 10.000 euros, aunque las defensas pedían 30.000. Acción cívica recurrió y, con el apoyo de la Fiscalía, el juez ha bajado esa cifra a 1.000 euros. Ahora son las defensas quienes han recurrido esa decisión.

A la representación del exconsejero del Cabildo, Miguel Ángel Leal, la resolución rebajada le parece lesiva para los intereses de su representado y dice que el auto judicial no está fundamentado y considera que esos 1.000 euros son insuficientes. La defensa del exalcalde de Arrecife, José Montelongo, ejercida por Manuel Fajardo Palarea, insiste en que la cuantía no debería ser un obstáculo por la composición de Acción cívica, que es una asociación independiente que brinda su estructura para que los abogados puedan personarse en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.

Según Fajardo, “muchos de sus integrantes o socios son profesionales liberales de solvencia acreditada” y por ello argumenta que la cantidad exigida como fianza no tendría que ser un “obstáculo insalvable”. Asegura además que aún no se les ha dado traslado del escrito de calificación de la Fiscalía y sostiene que en el procedimiento ya hay dos acusaciones, la Fiscalía y el Ayuntamiento, y por tanto su personación es “infundada”, porque seguro, afirma, que creen “en la integridad de la acusación pública y la particular”.

Considera la defensa de Montelongo que los argumentos del juez para rebajar la fianza, que señala que hay varias piezas dentro del mismo caso y que eso conllevaría a la exigencia de varias fianzas a la misma asociación, no son válidos puesto que las piezas ya existían antes de rebajar la fianza y se instruyen en el mismo Juzgado.

“Manida práctica política del ventilador”

Por su parte, Acción cívica se opone al recurso de las defensas y señala que la Fiscalía asumió sus argumentos para rebajar la fianza. Destaca que la fianza es “injusta y desproporcionada en un ejercicio de argumentación burdo y vacuo, pues intenta equiparar la actuación procesal de Acción cívica con la de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa. Entendemos que el uso y abuso de la tan manida práctica política del ventilador atrofia la capacidad de discernir de la parte, pues no distingue, con todos los respetos que dicha representación legal merece, la contienda política de los argumentos judiciales”.

Y subraya que las fianzas a Jiménez de Asúa devienen “de la desviada actuación de esa asociación en el ejercicio de la acción popular”, que ha hecho gala de una mala praxis judicial que no puede imputarse a Acción cívica. “La exigencia de imponer a Acción cívica las mismas fianzas que se imponen a una asociación que ha sido acusada de fraude procesal y expulsada de varios procedimientos por ser sospechosa de representar los intereses de los acusados, carece de fundamento”, señalan.

Finalmente, recuerdan que el Ministerio Fiscal ha dicho que la participación del Ayuntamiento de Arrecife en ese procedimiento “se asemeja a la actuación del Partido Popular en el caso Gürtel, en el que la Audiencia Nacional expulsó al PP como acusación porque su actuación en el caso coincidía con los criterios de la defensa de don Luis Bárcenas” y que “no vela realmente por los intereses públicos, sino que está ejerciendo la defensa del anterior alcalde, el señor Montelongo”.

Terminan señalando que “el Ayuntamiento de Arrecife se ha negado a formular escrito de acusación durante más de un ano, bajo la excusa de no disponer de la causa escaneada. Esta parte ha tardado tres semanas en pagar los 1.000 euros de fianza, escanear toda la causa y ponerla a disposición de todas las partes, incluida la acusación particular, el Ayuntamiento de Arrecife, al que el Ministerio Fiscal acusa abiertamente de favorecer los intereses del principal acusado”.

En el caso Montecarlo por sustracción de fondos públicos, la Fiscalía pide que se juzgue a más de 20 personas. Solicita una condena de 27 años y medio de prisión para el interventor, Carlos Sáenz; 15 años y medio de cárcel para el recaudador José Vicente Montesinos; y diez años de prisión para el ex alcalde socialista José Montelongo.