Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social.

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Entre 2020 y 2024 se han incautado un total de 157 terminales en el centro penitenciario de Lanzarote. En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 35 fueron requisados en la prisión lanzaroteña.

Desde ACAIP-UGT, ponen en valor el “esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando”.

Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia, aseguran.

Los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios “claramente insuficientes”. Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día “no se garantiza en todos los centros”, señalan.

Además, han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.

Frente a este panorama, es “urgente” una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones, indica en un comunicado ACAIP-UGT. “Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas”, añaden.

“La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción”, aseguran en un comunicado. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles “desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario”. La lucha contra esta amenaza, aseguran, “debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros”.

Desde ACAIP-UGT reclaman una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. “La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica”, concluyen.