“Que seamos capaces de unirnos, junto con las asociaciones, todas con un mismo fin, eso les da miedo, porque la gente se entera de lo que está pasando”, señala.

El Gobierno aprueba la medida con un informe jurídico en contra y la oposición de la ponencia técnica de la Cotmac.

La paciente tuvo que esperar más de medio año a que se le efectuaran las pruebas adecuadas. Se reclaman más de 200.000 euros por no haber tenido “oportunidad de un tratamiento precoz”.