La presidenta del Cabildo doña M.ª Dolores Corujo, ha publicado una carta, interpreto que de naturaleza personal, sobre la visita del presidente del gobierno a Lanzarote. Dos cuestiones centran esta intervención sobre sus palabras: la primera de ellas, apreciando como ajustados los términos para referirse a la titularidad de la residencia donde se hospeda, La Mareta, como Patrimonio Nacional del Estado, me ha causado cierta perplejidad su posterior mención como “residencia gubernamental de La Mareta” -la presidenta no ha dicho “alojamiento presidencial” ni “Residencia Real”- lo cual me conduce a pensar que ha cambiado el carácter del inmueble de real a gubernamental, esto es, para disfrute de los miembros del gobierno. También puede que no desee sembrar más discordia por las críticas que recibe Sánchez como supuesto suplantador del papel de la jefatura del estado, y de ahí lo de eliminar lo de “Real”. Podría, incluso, que lo que quiera decir es que cualquier alojamiento que ocupe el presidente del gobierno puede ser denominado automáticamente como “residencia gubernamental”. Si se hubiera hospedado en un hotel, entiendo que habría hecho exactamente la misma afirmación: residencia gubernamental de Las Salinas, pongo por caso.

En este punto se hace preciso aclarar que tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. Además de estos, forman parte de esos bienes las donaciones hechas al Estado a través del rey, como es el caso de La Mareta, si bien se procura que su uso se extienda a fines culturales, científicos y docentes. Desde 2015, la Residencia Real de La Mareta está destinada, además, a la promoción y defensa de los intereses turísticos de España, de modo que se podrá usar para el establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros países u organizaciones en materia turística, respondiendo al expreso deseo del Rey Felipe VI. Interpreto que, además del descanso del presidente del gobierno, este viaje tiene una dimensión en términos turísticos innegable como para que nadie se rasgue las vestiduras y tener que cambiar la denominación para salvar ninguna situación que pudiera tacharse de incómoda.

La segunda cuestión que suscita mi curiosidad es la referencia que hace al presidente del gobierno como “presidente de España”, y aquí no parece que haya muchas dudas del valor de lo que pretende adjudicarle a Sánchez, pues atribuye un cargo que en todo caso le correspondería al rey como jefe del estado. A modo de ejemplo, digamos que si en la Francia de Macron, este es jefe del estado, pues es una república, Macron es el presidente de Francia. Como el gobierno se reparte con el primer ministro, que es por ello jefe del gobierno, concluimos que Macron es presidente y Jean Castex, el jefe de gobierno. Las equivalencias con España parecen claras, a pesar de estar ante una república y una monarquía constitucional. Aquí, al jefe del estado le correspondería la presidencia del país, aunque nunca se mencione así, y al jefe del gobierno, la presidencia del gobierno.

Si la presidenta del Cabildo ha decidido que la casa de uso del rey sea residencia gubernamental puede no pasar nada, pero si, además, a su inquilino lo denomina como presidente de España, me saltan todas las alarmas. Si nuestra presidenta se apunta al choteo que se viene ejerciendo a nuestro marco constitucional por parte de otros líderes políticos, y al descenso de la posición institucional que le corresponde, a mí me sobra presidenta y me falta estadista -es un decir-.