La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce de acusación popular en el caso Unión, ha manifestado este lunes que los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de Arrecife (PSOE, CC y PIL) han dado “muestras de complicidad con los corruptos” y de “negligencia en la limpieza de su propia casa”.

El colectivo ha respondido así al equipo de gobierno de Arrecife, que mostró su “tranquilidad” después de que el Consistorio haya sido excluido como acusación en la pieza de Urbaser y del pabellón de Argana del caso Unión, al apreciar la Audiencia Provincial un defecto procesal por haber presentado dos escritos de acusación en vez de uno.

La alcaldesa, Eva de Anta, confirmó que el Ayuntamiento ha pedido la nulidad del auto de la Audiencia y señaló que la defensa de los intereses municipales estaba “garantizada”, ya que "tanto la Fiscalía como la acusación particular sostenida por Transparencia urbanística han denunciado irregularidades en la adjudicación y fiscalización de los trabajos de Urbaser por lo que solicitan, como hace el Consistorio, la nulidad del contrato y penas de cárcel para los imputados".

Para Transparencia Urbanística, la posición del grupo de gobierno capitalino “ofende a la inteligencia” y dibuja una “realidad paralela” en un “esfuerzo inútil de diluir la asunción de responsabilidades políticas”. “Llamar a la tranquilidad a la ciudadanía cuando los cimientos del Estado de Derecho tiemblan por la corrupción campante, no es el mensaje que se espera de los responsables directos de este lodazal”, afirma el colectivo presidido por el jurista Javier Díaz-Reixa.

“PSOE, CC y PIL han perdido su legitimidad para reclamar confianza a la ciudadanía cuando se trata de corrupción y de gestión del dinero público”

“El Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Independientes de Lanzarote han perdido su legitimidad para reclamar confianza a la ciudadanía cuando se trata de corrupción y de gestión del dinero público”, afirma Transparencia Urbanística. “Si algo han demostrado en los últimos años es una gran capacidad de adaptación al ambiente pestilente de la corrupción”.

En su opinión, las citadas fuerzas políticas son “responsables, junto con el Partido Popular, de corromper nuestras instituciones, traficar con influencias, engalanarse con cohechos, malversar nuestros recursos y prevaricar con nuestro voto, por lo que su llamada a la tranquilidad es perversa”.

“Genuflexión ante el poder del dinero”

Según Transparencia Urbanística, “la ciudadanía no puede estar tranquila cuando nuestros representantes políticos practican la genuflexión ante el poder del dinero día tras día”. “Asistimos atónitos”, añaden desde el colectivo, “al espectáculo de la corrupción ante decisiones tomadas en contra del interés general que perjudican gravemente las condiciones de vida de los ciudadanos y ponen en peligro la supervivencia de la democracia”.

“Por ello, deben saber que sus palabras son vanas, están huecas, han agotado su credibilidad”, subraya la asociación, que destaca que “credibilidad tiene la Fiscalía, cuando compara la actuación del Ayuntamiento de Arrecife en la instrucción del caso Montecarlo con la del PP en el caso Gürtel”.

“Depuración de responsabilidades políticas”

El colectivo ha reclamado “la efectiva depuración de responsabilidades políticas, el reforzamiento de la defensa judicial del Ayuntamiento con todos los medios a su alcance, la separación de sus actividades de los funcionarios y personal que esté sometido a una investigación penal y la restitución de las competencias y cargos a los funcionarios que representan la dignidad de la función pública”.

También demanda “el cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la asunción del decálogo de buenas prácticas en la contratación pública deben dejar de ser asignaturas no superadas por aquellos que comprometen su palabra en recuperar el dinero publico malversado”.

“El grupo de gobierno debe pensar, esforzarse hasta llegar a la conclusión de  que su empeño debe dirigirse a prevenir la corrupción”, subraya Transparencia Urbanística, que considera los partidos que gestionan el Ayuntamiento capitalino “no han meditado lo suficiente” cuando afirman que la acusación popular “debe reparar las lesiones que ellos mismos han causado”.

“El testigo de los movimientos ciudadanos”

Transparencia Urbanística también resalta que “no ha hecho otra cosa que recoger el testigo de los colectivos y movimientos ciudadanos que llevan años destapando prácticas corruptas”. “En Lanzarote no es la ciudadanía la que ha fallado ni está fallando”, señala la asociación, que agrega que “los que no han estado a la altura son los partidos políticos con responsabilidad de gobierno, que han apostado abiertamente por convertirse en nichos de incapaces que conciben la política como un medio para enriquecerse y dar cobijo al clan”.

“Los mismos partidos que celebran con regocijo que la defensa del interés general esté garantizada por una asociación de ciudadanos, se manifiestan a favor de restringir el papel de la acusación popular para limitar sus capacidades y competencias”, destaca Transparencia Urbanística, en referencia a las intenciones de recortar las posibilidades legales de la acusación popular.

“Los mismos partidos que dejan caer la responsabilidad de recuperar el dinero público robado al Ministerio Fiscal son los que deciden presupuestariamente la indigencia con que trabajan jueces y fiscales”, y “los mismos que premian la fidelidad política por encima de la capacidad y la objetividad, se presentan ahora como garantes del interés general”, subraya la asociación.

Más detalles

INCAPACIDAD. “Los partidos que alimentan económicamente a los medios de comunicación que nos intimidan a diario por ejercer la acción popular, recurren a Transparencia Urbanística para intentar desviar la atención sobre su propia incapacidad”, señala la asociación.

LIBERTAD. Transparencia apunta que seguirá desarrollando “libremente” toda clase de actividades y actuaciones “de prevención y lucha contra las diversas formas de corrupción en el ámbito de la ordenación y gestión territorial, urbanística y de los recursos naturales, y de adjudicación de contratos de suministro de productos o bienes, o de prestación de servicios”.